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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Dos ex seminaristas que estuvieron secuestrados en Córdoba durante la última dictadura militar se presentaron a declarar en la causa en la que se investiga la responsabilidad de Luciano Benjamín Menéndez y el resto de la estructura que respondía al Tercer Cuerpo de Ejército en crímenes de lesa humanidad. En este expediente también fue denunciada la jerarquía eclesiástica del Arzobispado de esa provincia, que en aquellos años comandaba Raúl Primatesta. Alejandro Dausá relató ayer a la jueza Cristina Garzón de Lascano los pormenores de su detención, que incluye el paso por un centro clandestino separado nada más que por un angosto pasaje de la Catedral de Córdoba. Daniel García Carranza lo hará hoy. También aportaron sus testimonios Joan McCarthy, una monja estadounidense que les salvó la vida vía intervención del Congreso de ese país, y Ricardo Chamber, testigo y amigo. El lunes la magistrada escuchará al cura Guillermo Mariani, quien por entonces era su superior en la parroquia en la que una patota de la policía cordobesa ingresó el 3 de agosto para llevarse a los religiosos.
Alejandro Dausá, Daniel García Carranza, Alfredo Velarde, Humberto Pantoja y Daniel Destefani, todos seminaristas de la Orden de Nuestra Señora de La Salette, fueron secuestrados junto al cura norteamericano Santiago Weeks por una patota de la policía cordobesa la noche del 3 de agosto de 1976, y liberados dos meses después, luego de las decisivas gestiones que la monja estadounidense McCarthy, presente al momento del secuestro, hizo ante la embajada y el Congreso de su país.
“Primero nos llevaron al D2 de Inteligencia (el centro de detención policial que funcionaba en el Cabildo Córdoba), donde fuimos golpeados y torturados. De allí pasamos a la cárcel de San Martín, luego a la de Encausados, y una vez en esa prisión trasladados varias veces al campo de concentración La Perla, donde éramos interrogados por Rubén ‘El Cura’ Magaldi, famoso torturador del lugar y gran conocedor de la Iglesia Católica”, cuentan después de casi treinta años Dausá y García Carranza, los únicos seminaristas que, representados por la abogada María Elba Martínez, se presentaron a declarar a la Justicia federal cordobesa.
Todos salvaron su vida gracias a las gestiones que hizo McCarthy, que de casualidad presenció el operativo en barrio Los Boulevares de esta ciudad. “Al día siguiente me comuniqué con el Arzobispado, en donde me aconsejaron que abandonara Córdoba y partí rumbo a Buenos Aires. Me dirigí a la embajada, pero no quisieron ni prestarme el teléfono. Es más, llamaron a la Policía Federal para que me revisara”, recuerda la monja estadounidense, hoy profesora de matemática para chicos pobres en Oregon, Estados Unidos.
Después de unos días, los jesuitas ayudaron a McCarthy a pasar a Uruguay. Otra vez fue a la embajada de su país, y nuevamente fue rechazada. “Me dijeron que volviera a Estados Unidos porque las fuerzas armadas de la región trabajaban coordinadamente para acabar con la subversión. Y en los medios de prensa sudamericanos comenzó a circular que había una subversiva norteamericana trabajando junto a la guerrilla boliviana. Pude conseguir un pasaje hasta Bolivia, donde yo hacía mi trabajo pastoral, y de allí viajé a Washington. Una vez allá comenzamos junto a la comunidad irlandesa y la Orden de La Salette un trabajo de lobby sobre el Parlamento. Creo que la presión ejercida por el senador Ted Kennedy y otros congresistas sobre la embajada norteamericana en Argentina fue lo que salvó a Weeks y sus seminaristas”, asegura la mujer, en un castellano forzado, ante este diario.
Dausá y García Carranza la escuchan y coinciden, aunque agregan algo más: “Nos salvamos por la ayuda de ‘Juana’” (así le dicen a su salvadora), “porque Weeks era estadounidense y por las intensas gestiones que Rolando Nadeus, nuestro superior en la orden en Córdoba, realizó sin descanso ante la jerarquía eclesiástica de esta provincia”.
Ante la pregunta de por qué creen que los secuestraron, sin dudar responden: “Nuestros torturadores nos decían que debíamos trabajar para los ricos y salvarlos, porque si lo hacíamos por los pobres éstos se organizaban y se sentían fuertes. Y no hay que olvidar que nos secuestraron dos días antes del asesinato de Enrique Angelelli, uno de los pocos obispos que se atrevieron a hablar contra la dictadura y denunciar sus crímenes”, apunta García Carranza. “Lo que nos pasó no fue casualidad, el objetivo era eliminar a todos los que practicábamos una tarea pastoral a favor de los pobres, inspirados en la Teología de la Liberación. Y en este país fue notable la violencia ejercida sobre los seguidores de esta línea de la Iglesia”, asegura Dausá, hoy radicado en Cuba donde trabaja para una ONG.
Sobre la responsabilidad de la jerarquía episcopal cordobesa en sus detenciones, García Carranza grafica: “Si dejaban de tocar el órgano hubieran escuchado nuestros gritos de sufrimiento”. Claro, al D2 de Inteligencia, donde fueron torturados por primera vez, lo separa nada más que un angosto pasaje de la Catedral de Córdoba.