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Juan José Galeano quedó acorralado: tendrá que enfrentar su juicio político y dar explicaciones ante la sociedad por su actuación en la investigación del atentado a la AMIA. El juez intentó eludir el enjuiciamiento al presentar su renuncia, pero no pudo. El presidente Néstor Kirchner resolvió no aceptarla ni rechazarla por el momento, para dejar que avance el proceso de posible destitución en el Consejo de la Magistratura. Allí, la Comisión de Acusación resolvió ayer citar al magistrado para que declare el jueves 30 de este mes como sospechoso. La decisión se basó en un informe de los consejeros Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler en el que le imputan, como lo hizo el Tribunal Oral 3, haber construido una causa ficticia, con pruebas armadas y otras destruidas, recurriendo incluso a la extorsión y tortura de testigos.
Para decidir qué hacer con Galeano, Kirchner se reunió a la mañana con el ministro de Justicia, Horacio Rosatti; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Casi a la par, en el Palacio de Justicia comenzaba el encuentro de la Comisión de Acusación, con una agenda de 18 temas a tratar entre los cuales la citación a Galeano era el último. La señal del Gobierno llegó rápido y con mensaje claro: el Presidente no definirá si acepta o rechaza la renuncia del juez para permitir que el Consejo de la Magistratura avance en analizar su conducta, un trámite que quedaría en la nada si se efectivizara la dimisión. Si el cuerpo no avanza, recién entonces podría haber un cambio de rumbo.
El lunes a la noche, un sector del Gobierno se inclinaba por aceptar el planteo de Galeano de dejar el cargo. Elucubraba que eso evitaría el largo camino a la destitución y lo expondría enseguida –al dejar sus fueros protectores– a ser indagado y quizá detenido en las causas penales por las irregularidades en el manejo de la pesquisa del atentado. Además, veían poco conveniente que siguiera al mando de un juzgado federal. Pero el razonamiento presidencial viró en sintonía con el reclamo de Memoria Activa, de la diputada Rodríguez (ARI) y del consejero Szmukler, al que se plegó la AMIA, que pedían que la renuncia no fuera aceptada.
“Si hay un caso en el que la sociedad necesita saber la verdad sobre cómo actuó un juez, es en el del atentado a la AMIA. Y sólo puede quedar al descubierto en un procedimiento público como el juicio político, pero no en una causa penal, que transcurre a puertas cerradas”, advirtió Szmukler. La diputada Rodríguez enfatizó que, si es destituido, Galeano “no podrá cobrar jubilación del Poder Judicial y le será complicado volver a ocupar un cargo público”. “Debe rendir cuentas y recibir castigo”, agregó.
En la ecuación final, Kirchner evaluó que aceptar la renuncia a Galeano le ahorraría la exposición pública y le daría una jubilación privilegiada, tendría un costo político innecesario. Más aún teniendo en cuenta que la senadora Cristina Fernández de Kirchner apoyó el dictamen contra Su Señoría en la Comisión Bicameral. A eso se suma que, pase lo que pase, Galeano tendrá que enfrentar igual causas penales con cargos que podrían incluir extorsión, privación ilegal de la libertad hasta encubrimiento. Es por las irregularidades en el trámite de la causa AMIA señaladas por el Tribunal Oral 3, que divulgará los fundamentos de su sentencia el 29 de octubre. Hasta ahora, el único expediente contra el juez está en manos de su colega Claudio Bonadío, que marcha a paso bien lento con guiños a su favor. Pero Bonadío podría perder el manejo del caso en los próximos días (ver aparte).
Galeano tendrá que presentarse para hacer un descargo el 30 de septiembre a las cinco de la tarde en el Consejo de la Magistratura.
La Comisión de Acusación resolvió por unanimidad citarlo en los términos del artículo 9 del reglamento interno, que ubica al juez en condición de sospechoso y a un paso de ser formalmente acusado. Votaron los siete miembros de ese cuerpo acusador, excepto Jorge Yoma (PJ), que se escabulló por los pasillos un rato antes de que fuera tratado el tema. Mientras tanto, el magistrado pidió una licencia de tres días ante la Cámara Federal, que se la concedió. Hasta el jueves próximo, lo subrogará Norberto Oyarbide, otro juez cuestionado por el tribunal de la AMIA.
La propuesta para la citación de Galeano había sido presentada la semana pasada por Szmukler y Rodríguez. Se sumaron, entonces, el radical Juan Mínguez, el abogado Luis Pereyra Duarte, el ruckaufista Jorge Casanovas y la menemista Lelia Chaya. El informe preliminar que presentó el dúo promotor de la acusación la semana pasada perfila los cargos:
- Incluye la historia del pago clandestino de 400 mil dólares, organizado por Galeano, a Carlos Telleldín para que declarara que armó la Trafic usada como coche bomba y acusara a los policías bonaerenses.
- Señala que el juez armaba “legajos paralelos” que “no estaban acumulados al expediente principal y eran secretos para algunas de las partes”. Por esto, se lo responsabiliza “por no haber actuado con imparcialidad y no respetar las garantías constitucionales”.
- “La prueba que juntó Galeano es fruto de prácticas ilegales y declaraciones inducidas”, hasta “torturas”, dice el documento. Recuerda relatos de testigos coaccionados o inducidos, cuyas declaraciones en ocasiones fueron filmadas para luego presionarlos.
- El dictamen provisorio también atribuye al juez haber destruido pruebas y extraviar otras de manera sospechosa, como los famosos casetes de escuchas de la SIDE, manipular informes telefónicos, demorar medidas esenciales y disponer escuchas sin razón, incluso a abogados del caso.
¿Cómo seguirá el proceso? Galeano, a través de su abogado, el ex camarista Andrés D’Alessio, puede pedir una prórroga, pero no le darían más de una semana. La discusión que se dio ayer entre los consejeros tuvo algunos condimentos que anuncian otros posibles intentos dilatorios: la menemista Chaya pidió que declarara toda la Comisión Bicameral, menos el senador Miguel Pichetto (PJ), que integra el Consejo. Pichetto, según pudo saber este diario, habría intercedido ante Kirchner en un intento para que aceptara la dimisión del juez. Casanovas siempre tiende apoyar a Chaya. Ambos apoyarían pedidos de prueba del juez federal, pero todo pasó a debate para la semana que viene.
Los tiempos que prevén la mayoría de las voces en el Consejo dicen que, dentro de un mes y medio o dos meses, el plenario podría suspender a Galeano para que sea juzgado por el jury de enjuiciamiento.