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Raúl Castells podría recuperar la libertad esta semana. La situación del dirigente piquetero tuvo un giro debido a que el fiscal de Cámara Gustavo Muller dictaminó que no cometió delito durante la toma del casino Gala, de Resistencia. Castells había sido acusado de extorsión con el argumento de que, tras manifestar en la sala de juegos, recibió 11 mil pesos de la empresa. Sin embargo, el fiscal señaló que esos fondos fueron entregados voluntariamente. Para el funcionario no hubo una actitud intimidatoria, sino que se trató de un reclamo mediante el cual los piqueteros obtuvieron una donación.
El dictamen de la fiscalía benefició al titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y a otros cinco referentes que el 16 de julio encabezaron una protesta. Aquel día, los manifestantes fueron a la casa de gobierno chaqueña y pidieron una entrevista con el gobernador Roy Nikish para solicitarle alimentos. Al no ser atendidos, se movilizaron al casino ubicado a cuatro cuadras. Entraron y permanecieron en él hasta que la firma les entregó el dinero, con el que compraron comida.
La empresa no presentó denuncia alguna ante la Justicia. La causa contra los piqueteros se abrió en cambio por impulso de la fiscal Mercedes Riera, quien actuó de oficio, en una señal de que la posición del Gobierno frente al conflicto social había cambiado.
Citado a declarar, Castells se negó a presentarse ante la Justicia. Fue detenido el 25 de agosto y quedó como el único preso del caso, complicado por haber estado en rebeldía. Los demás sí habían concurrido a la indagatoria y fueron excarcelados.
Al sostener que no cometieron delito, el fiscal Muller adhirió a los argumentos presentados por los defensores de los acusados. El abogado Mario Bosch resumió esas razones en los siguientes términos: “La entrega de dinero fue voluntaria, no hubo intimidación. Los desocupados no exigieron dinero sino que pidieron comida. Tampoco amenazaron con tomar represalias en el caso de que no se la dieran”.
El dictamen de la fiscalía no es vinculante. Esto implica que la jueza de Garantías Susana Gutiérrez podría, si así lo quisiera, ratificar esta semana la prisión de Castells. Pero a mediano plazo la medida no tendría sentido, porque de llegar el caso a juicio oral la opinión de Muller sí será definitoria. Ocurre que en las audiencias orales el funcionario deberá actuar como acusador y la ley establece que cuando el fiscal no acusa los jueces no pueden condenar. Los defensores especulaban por esto con una pronta liberación de Castells.
Frente a la fiscalía 10, los desocupados chaqueños continuaban anoche con un campamento en el que esperan una definición de fondo.
El líder piquetero enfrentó cuatro detenciones en los últimos cinco años. En enero de 1999 fue acusado de extorsión al supermercado Wal-Mart de Avellaneda, por haber encabezado una marcha de desocupados que pidieron comida, en vísperas de la Navidad de 1998.
En marzo del 2001 fue detenido por un corte de ruta. La tercera detención se registró el 13 de junio del 2001, cuando participó de una movilización en Lomas de Zamora también en reclamo de alimentos. Procesado por “coacción agravada, usurpación de propiedad e incitación a la violencia pública” pasó seis meses en prisión, cumplió detención domiciliaria y finalmente fue absuelto. En la actualidad es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan, titular de Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), por supuestas irregularidades en el manejo de planes Jefas y Jefes de Hogar.