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“No somos ni ineficientes ni corruptos. Es la Justicia la que no hace nada. Queremos luchar contra la impunidad de los evasores fiscales, pero nos bloquean el camino. Ya no sabemos contra quién estamos peleando.” Así se expresó Alberto Abad, en diálogo con Página/12, en reacción a notas publicadas por este diario el pasado lunes 30 de agosto, sobre el escándalo Eurnekian, y el reciente domingo 12, sobre las facturas falsas provistas por “usinas” a Disco, Telecom y Aguas Argentinas para que pagaran menos por Ganancias e IVA. Ese día este matutino se hacía eco de la grave acusación del juez Julio Speroni contra la AFIP respecto de este último a-ffaire, porque se habría visto obligado a dictar la falta de mérito en razón de que Impositiva no se atuvo a las exigencias legales al no justificar debidamente sus acreencias. Abad, sin embargo, dice que fue exactamente al revés, y de paso rechaza la hipótesis, recogida entre especialistas en impuestos, de que el organismo que conduce suele actuar deficientemente en los juicios, sea por negligencia, falta de conocimientos o corrupción, y termina perdiéndolos.
Aunque el titular del ente recaudador suena convencido de lo que dice, y hasta indignado, cualquier observador advierte algunos hechos llamativos. Uno, sumamente extraño, fue el absoluto vacío que las autoridades del organismo cavaron en torno de las recientes Terceras Jornadas Internacionales sobre Administración Tributaria, celebradas los días 9 y 10 de este mes ante un salón Manuel Belgrano, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital, colmado por más de 550 asistentes. Un tema central del seminario era el caso del fideicomiso revocable por más de 700 millones de dólares que armó Eduardo Eurnekian en paraísos fiscales, hecho por el que fue sometido a juicio al dejar, de ese modo, de pagar todo impuesto.
Debía presidir la mesa Horacio Cerrudo, de la AFIP-DGI, pero faltó a la cita. Debía exponer Diana López Monti sobre precios de transferencia, también de la AFIP-DGI (y fuente on the record de la nota que este diario publicó sobre el tema el sábado 28 de agosto), pero debió excusarse. Otro tanto hizo Carlos Lucuy, ex director de Planificación Penal Tributaria y Aduanera de la AFIP. Etcétera. También profesionales del Tribunal Fiscal tuvieron que incumplir a último momento con la participación prometida, dando la sensación de que alguna orden “de arriba”, probablemente no escrita, los disuadió a todos de intervenir.
En el atestado salón, lleno de profesionales, y entre ellos empleados de Impositiva que asisten regularmente a esas convocatorias para mejorar suformación, reinaba la desazón. Era notable también el dolor que sentían los organizadores, que durante meses habían preparado el evento con todo rigor, y en las últimas horas debieron buscar reemplazantes de apuro para las exposiciones. Por otro lado, se frustró la intención de escuchar voces tanto privadas como gubernamentales. La voz oficial estuvo ausente, sin explicar por qué. Y hasta en lo protocolar no podía entenderse cómo nadie de la AFIP ni del Gobierno se hacía presente.
En vísperas de las Jornadas, la Asociación de Empleados de la DGI repartió volantes instando al personal a no ceder a las presiones y concurrir. El dilema se planteó con especial crudeza en la ex sede del Banco Hipotecario, frente a Plaza de Mayo, junto al Ministerio de Economía y en oblicuo a la Casa Rosada. A metros del presidente Kirchner y del ministro Lavagna sucedía algo inimaginable para un organismo cuya misión es trabajar para que impere la ley. Mucho empleados y funcionarios de la AFIP que, pese a las exhortaciones, asistieron a las Jornadas lo hicieron como un gesto de dignidad.
En contradicción con el hostigamiento a un encuentro donde se discutiría en términos profesionales el complejo caso Eurnekian, documentación preparada por la AFIP a requerimiento de este diario explica que el empresario “perpetró” evasión en Bienes Personales, Ganancias e IVA durante cuatro años: de 1995 a 1998 (hasta donde llega la causa). Más abajo confirma lo anticipado por Página/12: la DGI juzgó que Eurnekian no se desapoderó realmente de esa fracción (unos $ 2200 millones actuales) de su fortuna.
En julio de 2001 denunció al hombre de negocios, junto con la Ufitco. Al juez actuante le llevó dos años resolver el procesamiento de Eurnekian por evasión en las tres gabelas mencionadas, embargándolo por $ 40 millones. En agosto de 2003 la Sala A de la Cámara del Fuero confirmó esa resolución. Se sucedieron otras instancias, hasta que el Juzgado en lo Penal Económico número 2 dispuso la elevación parcial a juicio oral de la causa en cuestión por la evasión de Bienes Personales y el sobreseimiento respecto del IVA y Ganancias.
La AFIP apeló el sobreseimiento, pero fue confirmado, aunque al recurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal, el recurso fue concedido y las actuaciones, radicadas en la Sala I (Bisordi, Rodríguez Basabilvaso y Catucci). No obstante, en relación a los hechos por los cuales se había dispuesto la elevación a juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico resolvió recientemente –según anticipó este matutino– sobreseer a Eurnekian por “inexistencia de delito”. Esto implica, no sólo que no irá preso, sino que tampoco deberá pagar nada.
Lo más nuevo es que tanto el Ministerio Público como la AFIP apelaron. La Administración planteó recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal y recurso extraordinario ante la Corte Suprema.