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La Corte Suprema reconocerá hoy el derecho de quienes se vieron forzados a exiliarse durante la última dictadura militar a recibir una reparación económica. Con la firma de sus siete actuales miembros, el tribunal hará lugar a un planteo de Susana Yofre de Vaca Narvaja, quien había reclamado que se asimile la situación de los exiliados a la de los presos políticos.
Se trata del primer caso de “exilio puro” sobre el que se pronuncia el máximo tribunal. Yofre de Vaca Narvaja tuvo que escaparse del país luego de que asesinaran primero a su esposo y luego a su hijo. El grupo familiar Vaca Narvaja –conformado por veintiséis personas– fue perseguido y buscó asilo en la Embajada de México en Buenos Aires. Después de unos días sin poder salir de la sede diplomática, la mujer abandonó el país bajo el status de refugiada política.
La familia Vaca Narvaja pidió la reparación económica ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, que otorgó el beneficio para presos políticos y familiares de desaparecidos. En 2000, el Ministerio de Interior rechazó el reclamo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión, pero el procurador interino Luis González Warcalde opinó que la indemnización debía ser otorgada.
Al apelar ante la Corte, Yofre de Vaca Narvaja argumentó que, contrariamente a lo que sostuvo la Cámara, ella “no tuvo la facultad de optar o de elegir salir del país, porque o abandonaba el territorio nacional y salvaba su vida o permanecía y se enfrentaba con un destino por demás incierto y peligroso”. Con esto coincidió González Warcalde, quien señaló que la resolución de escaparse del país “lejos de ser considerada como ‘voluntaria’ o libremente adoptada, fue la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas o, cuando menos, de recuperar su libertad, pues al momento de su decisión de extrañarse ya sufría la mengua de tal derecho básico”. El entonces procurador opinó que, como ya había sostenido la Corte en otros casos, “la detención es equiparable al ostracismo”.
En julio de 2000 el tribunal determinó que debía indemnizarse a Graciela Geuna por el tiempo que estuvo exiliada, pero el caso era diferente. La mujer estuvo secuestrada en La Perla dos años. Consiguió salir del centro clandestino, pero los militares la mantuvieron bajo un régimen de “libertad vigilada”. Mientras estaba en esa situación, se escapó a España y luego a Suiza. En ese caso, la Corte señaló que debía incluirse el tiempo de exilio para computar el monto que Geuna debía cobrar según las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado. También se reconoció el derecho a recibir una indemnización por el tiempo de exilio a quienes estuvieron presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero, hasta ahora, el máximo tribunal no se había expedido en causas en las que los demandantes estuvieron exiliados sin haber estado secuestrados o detenidos.
La Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra) reclama desde hace tiempo una reparación económica para quienes tuvieron que irse del país. El presidente Néstor Kirchner se había comprometido en una reunión con miembros de esa agrupación a promover dichas indemnizaciones y, de hecho, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se pronunció en un caso a favor de otorgar el beneficio. También existe en el Senado un proyecto de Marcelo López Arias en el mismo sentido. Pero, al parecer, será esta decisión de la Corte la que abra el camino para que finalmente se reparen económicamente los años de exilio.