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“Si hay algo para lo que sirvió el affaire Southern Winds es para demostrar que Ezeiza es un colador por el que sale cocaína a España y entran pastillas de éxtasis desde España.” El funcionario se apoltrona y desmenuza, como un analista, las anomalías detectadas a partir de la causa abierta por las cuatro valijas con casi 60 kilos de cocaína que el 16 de septiembre del 2004 viajaron sin pasajero por SW y quedaron girando solas en Barajas. Entre esas “anomalías” naturalizadas comenta que “Aeropuertos Argentina 2000 es la que controla el sistema de las 150 cámaras que filman todo el movimiento del aeropuerto, la encargada de esos servidores es una empresa israelí que cada treinta o treinta y cinco días se lleva o borra las imágenes y acá no queda back up ninguno”. El concesionario de AA2000 es el poderoso empresario Eduardo Eurnekian, que desde que Carlos Menem le entregó los aeropuertos ha logrado seducir a los sucesivos gobiernos de turno a pesar de las pujas judiciales para que se ponga al día con el canon que debe pagarle al Estado por la explotación del negocio.
En el informe confidencial que elaboró la comisión de ex jefes de la Fuerza Aérea, integrada por los brigadieres Héctor Fautario (’73-’75), Teodoro Waldner (’83-’85) y Ernesto Crespo (’85-’89), para analizar la actuación de la Fuerza Aérea ante el contrabando de drogas a España, se detalla que el comodoro Alberto Beltrame –el padre de Walter, prófugo durante 50 días y ahora procesado por contrabando agravado– hizo “abuso de su condición como jefe del aeropuerto de Ezeiza al tratar de obtener documentación clasificada del archivo histórico del servidor del sistema, en beneficio de posibilitar la defensa de su hijo, comprometiendo al personal responsable del sector”.
El ex titular de la PAN, Horacio Giaigischia, dejó constancia en su informe, elevado a la Oficina Anticorrupción, que cuando visitó Ezeiza para despedirse de su cargo le comentaron que Beltrame había estado mirando videos fuera del Centro Operativo de Control (COC) en oficinas de AA2000. En Defensa, confirman la versión.
Además de hacer abuso de su cargo, los brigadieres retirados acusan a Beltrame de “faltar a la ética militar por no haber solicitado su relevo a raíz de los graves hechos” que expusieron a la institución. La investigación realizada por los brigadieres es lapidaria no sólo por la actuación de Beltrame sino también del ex titular de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde; del Comandante de Regiones Aéreas, Alberto Borsato; del jefe de Región Centro, José Buzzoni, y del propio Giaigischia. Como consecuencia de ese informe, el nuevo jefe de la aeronáutica, Eduardo Schiaffino, dispuso el arresto domiciliario por 30 días de Rohde y Beltrame, de 20 días para Borsato, de 15 días para Buzzoni y de 5 para Giaigischia. Esa pena es la máxima sanción disciplinaria que se puede tomar al margen de un tribunal militar.
Entre las recomendaciones de la comisión de brigadieres no figura que se los someta a la Justicia militar, sino que la sanción recomendada se agota en esa instancia. La situación cambiaría si en la causa por contrabando agravado se comprobara alguna participación de los uniformados. “En ese caso sí se los sometería a un tribunal que podría decidir que perdieran su condición de militar”, especulan en Deefensa.
La acusación contra Rohde –el héroe de la Guerra de Malvinas que lagrimeó cuando fue desplazado por orden del presidente Néstor Kirchner– pone el acento en que “no mantuvo una decisión de comando adoptada, con el relevo del comodoro Beltrame, cediendo ante argumentos débiles del comandante del área (Borsato), dejando en suspenso la orden impartida y no merituando las graves consecuencias institucionales que se estaban originando ante sus dudas para aplicar las medidas correctivas y necesarias y que habían sido solicitadas reiteradamente por el director nacional de la PAN”. En términos de gravedad institucional también se le imputa no haber evaluado la gravedad de la información recibida y consiguientemente no haber informado al ministro de Defensa y al Presidente “en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.
A Buzzoni y Borsato se los acusa de “no ejercer las atribuciones inherentes” a sus cargos y no haber recomendado la conveniencia de relevar a Beltrame del aeropuerto de Ezeiza. A Giaigischia, quien sí pidió en cuatro oportunidades el desplazamiento de Beltrame, se lo responsabiliza por haberse atenido a “la letra fría” de la ley, sin involucrarse en una investigación más profunda. En buen romance, por no haberse interiorizado sobre la investigación judicial a pesar de la negativa de sus superiores a separar a Beltrame. Por esa atenuante se lo sancionó sólo con cinco días de arresto.
Paradójicamente, en el Gobierno están “satisfechos” con la investigación que demuestra el desmanejo de la Fuerza Aérea en el affaire SW y terminó con la jurisdicción militar en el Aeropuerto de Ezeiza, además de provocar el descabezamiento de los brigadieres cuestionados, cinco meses después de la incautación de la droga en Madrid. “Los pilotos están en la cabina, son suficientes para combatir, pero ineficientes para conducir”, explica un funcionario tratando de encontrarle una lógica a la actitud de los aeronáuticos que no hicieron nada hasta que, con el escándalo instalado en la primera plana de los medios, el Gobierno que ordenó el relevo de la cúpula de la fuerza y la disolución de la PAN.