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Lejos de entrar en una vía de solución, el conflicto entre el Gobierno y la Iglesia Católica parece encaminado a seguir profundizándose. El lunes podría haber una respuesta oficial del Vaticano a la decisión argentina de dejar sin efecto el decreto por el cual se puso en funciones al obispo castrense Antonio Baseotto. El sacerdote Jorge Oesterheld, vocero del Episcopado, dijo a Página/12 que el Vaticano aguarda “mayor formalidad” por parte de las autoridades argentinas y ratificó que la Santa Sede “está esperando definiciones más claras respecto del alcance del decreto”.
Fuentes eclesiásticas vinculadas con los principales actores del episodio aseguran que la consideración actual del Vaticano es que la resolución adoptada por el Gobierno argentino equivale a lo que en el derecho canónico (eclesiástico) se considera “sede impedida”. Es decir, que se le estaría coartando al obispo la posibilidad del ejercicio de su misión pastoral. En ese entendido el Vaticano podría reaccionar en la línea ya adelantada por el vocero Joaquín Navarro Valls, cuando alertó que no debía incurrirse en violación a la “libertad religiosa”. Las mismas fuentes confirmaron que la Santa Sede está analizando si existe un incumplimiento de los acuerdos suscriptos entre el Vaticano y la Argentina.
A través del canciller Rafael Bielsa, primero, y del ministro del Interior, Aníbal Fernández, después, el Gobierno había aclarado que el hecho de que el Estado argentino dejara sin efecto el decreto por el cual se reconoció la designación de Baseotto no implicaba que éste no pudiera seguir ejerciendo su ministerio pastoral. Fernández agregó que no “es muy saludable seguir hablando” del conflicto y sostuvo que el Gobierno “ya hizo lo que tenía que hacer” en el caso. Para Oesterheld “el Gobierno mostró predisposición, pero lo que quedó escrito es el decreto y tiene que ir acompañado de otras definiciones que permitan sostener que la libertad religiosa está garantizada”.
El sacerdote que actúa como vocero del Episcopado dijo también que el decreto es “poco claro” y que “el Vaticano está esperando definiciones más claras del alcance del decreto y por escrito, sobre si está debidamente garantizada la libertad de monseñor Baseotto de actuar como obispo”. El decreto que lleva la firma del presidente Néstor Kirchner y del canciller Rafael Bielsa suspende “la vigencia del decreto 1084 del 14 de septiembre de 1998” en lo relativo al rango de subsecretario de Estado que se le reconocía a Baseotto así como la remuneración que recibía, “hasta tanto se produzca la designación de un nuevo obispo castrense”.
Se conoció también que en medios eclesiásticos no se consideró suficiente que el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, se haya presentado el lunes en la Nunciatura para entregar copia del decreto presidencial sin que mediara ninguna otra explicación. Desde la Iglesia se esperaba algún gesto más en la línea “de reestablecer el diálogo y la confianza” después que el Episcopado sostuvo que la decisión oficial fue “apresurada y unilateral”.
La respuesta del Vaticano podría conocerse el próximo lunes, una vez que finalicen las celebraciones de Semana Santa y de Pascuas, pero según todos los trascendidos si no media una aclaración por la parte argentina o un nuevo contacto que replantee los términos del conflicto, la Santa Sede interpretaría que se viola la libertad religiosa y que la Argentina está desconociendo los acuerdos que regulan las relaciones entre el Estado Vaticano y nuestro país, establecidas en el concordato de 1966 y en otros acuerdos posteriores. Todo lo anterior pondría también en el congelador el proceso que ya se había iniciado para designar un obispo coadjutor en el obispado castrense y buscarle otro destino a Baseotto.
Por otra parte, en declaraciones radiales hechas en Neuquén, el obispo de esa ciudad, Marcelo Melani, sostuvo que “yo creo en la libertad, en la independencia de los dos poderes, en el poder de la Iglesia –religioso y espiritual– y en el poder civil desde el Gobierno. El obispado castrense es algo que está en el medio entre los dos poderes”, dijo. Y agregó que “es un elemento que ha quedado de una vieja institución. Seguro que el obispo castrense viene nombrado por el Papa y como tal nadie lo puede mover. Pero seguro también que el obispo castrense viene propuesto por el Ejecutivo, en una terna de varios nombres entre los cuales la Iglesia elige uno. Así que hay una mezcla de las dos cosas, que se da sólo en ese caso y no en el nombramiento de ningún otro obispo”. Para Melani el obispado castrense debe modificarse como tal porque “los militares son fieles como cualquier otro y pueden participar de la vida y de la propia fe sin necesidad de un organismo aparte”, si bien aclaró que “eso essólo una idea mía personal”.