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La policía de Corrientes tiene fama de brava, pero hasta ahora no había recibido denuncias por la muerte violenta de un miembro de lo que en la jerga interna se denomina “propia fuerza”. Ayer, tras 16 días en terapia intensiva, en estado desesperante, murió el cabo César Eduardo Torres, de 26 años, casado, padre de una nena de dos. A 11 años del asesinato del soldado Omar Carrasco, en un cuartel de la ciudad de Zapala, reapareció la imagen del “baile” salvaje como causa de muerte. Torres, junto con otros cinco miembros de la repartición, entre ellos dos mujeres, tuvieron que ser internados después de una agotadora jornada de “entrenamiento” símil militar durante el día y la noche del lunes 7 de marzo en la Escuela de Policía de Corrientes. Ramón Torres, padre del cabo fallecido, denunció ayer a Página/12 que la descompensación que le provocó “daños cerebrales y renales” a su hijo fue producto de un “baile”, como se denomina a los ejercicios forzados a los que se somete a un subordinado como castigo y no como entrenamiento. En el presente caso, el trajín ocurrió un día con una temperatura de 36 grados y los “bailados” tenían prohibido tomar agua.
A pesar de la repercusión que tuvo el caso en la provincia, la policía y el gobierno provincial sólo habían dispuesto inicialmente la apertura de un sumario interno y el relevo del cargo del director de la escuela, el comisario Horacio Wilfredo Aranda, quien fue “licenciado” y su lugar ocupado por el comisario Rubén Gervasoni. Ayer, ante el desenlace fatal, el ministro de Gobierno, Jorge Barrionuevo, admitió que es hora de “terminar con la policía militarizada” en la provincia porque “ésta fue una muerte que se pudo haber evitado”. Barrionuevo anunció la separación del cargo de dos jefes de la escuela, que serían los responsables directos del “baile” fatal, de otros seis oficiales y de nueve suboficiales.
El episodio ocurrió cuando el cabo Torres participaba, junto con otros suboficiales aspirantes a oficiales, de un entrenamiento en la escuela policial. Ramón Torres, el padre del joven fallecido, denunció que los ejercicios se hicieron, durante todo el día y por la noche, con una temperatura que llegó a los 36 grados, con una sensación térmica que superó los 40 grados. “La descompensación se produjo porque a los alumnos se les prohibió beber agua durante todo el día”, como una supuesta forma de hacer más intensa la actividad.
Los seis aspirantes, entre ellos el cabo Torres y las dos mujeres, tuvieron que ser internados. Al cabo lo llevaron a una sala de terapia intensiva del Sanatorio Norte. El cuadro de los afectados era similar: “Estrés, agotamiento físico y deshidratación”. Esto derivó, sobre todo en el caso de Torres, en fallas renales y en un posterior edema cerebral que obligó a una intervención quirúrgica de la que no pudo salir. “Desde el primer momento los médicos le practicaron hemodiálisis para que pudiera drenar el líquido acumulado en los riñones, dado que tampoco lo habían dejado ir al baño, pero la situación se complicó porque aparecieron dificultades cardíacas y cerebro-vasculares.”
En la madrugada del domingo, Torres sufrió un pico de presión que le provocó una hemorragia cerebral y quedó en estado de coma, del que ya no pudo salir hasta su muerte, ayer por la mañana. “Tengo una gran indignación y no vamos a parar hasta hallar al responsable”, afirmó ayer el padre de Torres, en diálogo con este diario. “La policía tiene una organización jerárquica y, por ese motivo, la responsabilidad de la plana mayor es ineludible.” Estimó que uno de los mayores problemas, en el caso de su hijo, fue que por orden de sus superiores “no pudo ingerir la suficiente cantidad de agua, ya que sólo le dieron de beber algo al mediodía y luego siguió con los ejercicios, incluso durante la noche, porque los hicieron levantar en forma inesperada”.
En un primer momento, el subsecretario de Seguridad, Manuel Aguirre, le había dicho al diario Epoca, de Corrientes, que los aspirantes habrían sufrido las consecuencias de “tomar gaseosas y otros productos querepercuten en sus riñones o estar excedidos de peso”. El caso es investigado por la jueza Laura Varela y el fiscal Gustavo Smith. El cargo sería “homicidio simple”, delito penado con hasta 25 años de prisión.