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Las diferencias entre Néstor Kirchner y Roberto Lavagna son muchas, y a veces suscitan roces fuertes. De cara a los fallos del Ciadi, casi no existen. Ni el uno ni el otro están dispuestos a pagar las condenas que, se descuenta, irá dictando ese capcioso tribunal arbitral internacional ante el cual Argentina declinó su competencia judicial, en años de extravío y entrega.
Hace diez días se conoció un fallo arbitral adverso, que el Gobierno impugnará en dos frentes. Lo que sin duda hará es deducir su nulidad ante el propio Ciadi, recurso que tiene un encanto adicional, visto desde Economía: hay cuatro meses para interponerlo. Ese lapso vaticano agrada a Lavagna, para quien la cronoterapia es uno de los mejores tratamientos conocidos para problemas insolubles.
Está por verse si el Gobierno, además, deduce recurso extraordinario contra el laudo arbitral ante la Corte Suprema argentina. O por mejor expresarlo, cuándo lo hace. Puede optar entre dos caminos. Uno sería diferir “la vía argentina” hasta tanto se resuelva (es decir, se rechace) la nulidad en el Ciadi, trámite que puede durar hasta que termine el mandato de Kirchner, según algunos optimistas.
Pero también podría plantearlo ya, considerando que la nulidad es un recurso inusual y que se ha agotado la vía del Ciadi. Se trata de un intrincado aspecto técnico, que tiene su sustancia política. Lavagna siempre bregó por que hubiera un pronunciamiento de la Justicia argentina, para tratar de influir en el tribunal internacional. Sus asesores pergeñaron un proyecto de recurso que hubiera permitido lograr esa decisión antes del laudo que ahora llegó a sentencia. Ese camino no fue el elegido por el Gobierno, algo que Economía lee como un bajón. De cualquier forma, no ceja en su empeño y propone que el recurso ante la Corte se formule ya, sin que esto implique renunciar a articular la nulidad en Washington.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, y el secretario legal y técnico, Carlos Zanini, estudian qué hacer con el recurso ante la Corte, cada uno por su lado. Si se interpretara que el fallo es definitivo, el plazo respectivo vencería el lunes 30 a las 9 y media de la mañana. La decisión, entonces, se tomará contra reloj. Quedará a cargo, como es de rigor, del Presidente en persona.
El Gobierno guarda silencio sobre el tema porque, explica uno de sus puntales, “no podemos vivir pateando tableros”. Pero hay dos objetivos que ni Kirchner ni Lavagna dejan de tener en cuenta. En el corto plazo, ganar tiempo. En el largo, no pagar esas condenas impuestas por tribunales foráneos viciados de parcialidad.