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Otra mala noticia para María Julia Alsogaray. La Cámara de Casación Penal confirmó ayer la condena a tres años de prisión efectiva que le había impuesto el tribunal oral número 4. La Cámara también ratificó el decomiso de los bienes de la ex polifuncionaria menemista por la suma de 622.000 pesos y 500 mil dólares. El fallo se produjo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. La resolución fue firmada por la Sala IV, que integran los camaristas Gustavo Hornos, Pedro David y Amelia Berraz de Vidal. María Julia aún puede apelar a la Corte Suprema. También tiene altas chances de volver a la cárcel: si la ex interventora de Somisa y ENTel fuera condenada en alguna de las 49 causas que tiene abiertas, la condena sería de cumplimiento efectivo y no “en suspenso”.
Los camaristas rechazaron los argumentos de la defensa de Alsogaray, que intentó justificar el incremento de su patrimonio con la explicación de que había sido producto del cobro de “sobresueldos”. La Sala IV consideró que Alsogaray no había podido demostrar que el incremento de su fortuna no provino de ese dinero. Ese fue el eje del fallo, en el que además se confirmó la inhabilitación absoluta de Alsogaray para ejercer cargos públicos por seis años.
Casación, en cambio, no se expidió sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Fondos reservados (la 18.302). Tampoco emitió opinión sobre la constitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito en el Código Penal. De esa forma ignoró los argumentos que había planteado la defensora de Alsogaray, Laura Polastri. En su último escrito, la abogada había solicitado que se declarara inconstitucional la Ley de Fondos reservados. Tras este revés judicial, Alsogaray tiene diez días para presentar un recurso extraordinario o de queja ante la Corte.
El futuro de la ingeniera depende del máximo tribunal. Si la Corte ratificara la condena de Casación, podría quedar detenida. La otra opción sería que solicite la libertad condicional pidiendo que se le descuente el cómputo del tiempo que ya pasó en prisión. María Julia estuvo 21 meses presa en la cárcel VIP de la Policía Federal, en la calle Cavia. Esa detención no fue por el incremento patrimonial, sino por las irregularidades detectadas en la remodelación de las instalaciones de la Secretaría de Recursos Naturales durante el gobierno de Carlos Menem.
Recuperó la libertad hace un mes, casi en simultáneo con la excarcelación de Omar Chabán. La liberación fue dispuesta por el tribunal oral federal 6, con las firmas de los jueces Guillermo Gordo, Guillermo Madueño y María Cristina Bártola. Sin embargo, mientras su situación mejoraba en la causa por las refacciones de sus ex oficinas se complicaba en la de enriquecimiento ilícito. Otro tribunal oral, el 4, le imputó tres años de prisión por ese tema. Alsogaray expresó su descontento ante el fallo: “En la actualidad, como es público y notorio, la Justicia está investigando si hubo pago de sobresueldos”, se defendió. Su estrategia era vincular su situación con el de muchos ex funcionarios del menemismo que –al igual que ella– habrían cobrado sobresueldos.
En el fallo de Casación se discutió qué hacer con el dinero que se le decomisará a Alsogaray. En ese punto no hubo consenso. El camarista Hornos opinó que el dinero –622.000 pesos y 500 mil dólares– debería destinarse a una institución de bien público. Como ejemplo mencionó el Hospital Garrahan. Los otros camaristas, Berraz de Vidal y David, no coincidieron. Establecieron que los fondos deberán quedar a disposición del Poder Judicial bajo la órbita de la Corte Suprema. Habrá que ver si los fondos de la ex polifuncionaria alcanzan para decomisar sumas tan importantes. Quedará como un interrogante. Mientras tanto, su situación legal es incierta.