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Fracasó ayer la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar los acuerdos de renegociación del Gobierno con las cuatro empresas concesionarias de las terminales portuarias y con los permisionarios de los corredores viales norte y oeste. Los diputados opositores que la habían solicitado no lograron que participaran los justicialistas. De este modo, y a pesar de que el Senado lo aprobó ayer, el acta-acuerdo quedará convalidado hoy por sanción “ficta”, es decir, de hecho. Esta situación casi no reviste antecedentes y provocará planteos judiciales porque la forma de sanción no explícita por parte del Parlamento está prohibida por la Constitución. El acta-acuerdo con las empresas que gerencian las terminales portuarias de la ciudad de Buenos Aires convalida la dolarización de las tarifas. Esto y el aumento del 15 por ciento en los peajes fueron los ejes de las enfáticas quejas opositoras.
En el recinto estuvieron 55 legisladores radicales, socialistas, aristas y peronistas que responden a Adolfo Rodríguez Saá, junto a Claudio Lozano, Mario Cafiero, Patricia Walsh y representantes de centro derecha como Alberto Natale y Guillermo Alchouron, entre otros.
“Venimos a denunciar una maniobra urdida por el PJ para impedir que esta Cámara pudiera expedirse”, subrayó la diputada radical Silvina Leonelli, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo. Por su parte, el diputado socialista Héctor Polino destacó que “se le está entregando en bandeja de plata un argumento a las empresas que demandaron a la Argentina ante el Ciadi” por la pesificación de las tarifas. Polino reiteró lo que había dicho durante la aprobación de la renegociación con Edelap, cuando calificó de “escandalosa” la operatoria y afirmó que “los funcionarios públicos que firman estos acuerdos son incapaces o son corruptos”.
En el Senado, Cristina Kirchner había defendido la dolarización argumentando que fue establecida aún antes de la convertibilidad y que es una situación idéntica a lo que sucede en el resto del mundo. Sin embargo, la oposición afirmó que la dolarización implicará un aumento del 130 por ciento en las ganancias de esas empresas que, además, podrán pesificar sus multas, obteniendo un importante beneficio con este acuerdo.
Tanto Leonelli como Walsh y Polino marcaron la “dudosa legalidad” de la ley 25.790, que permite la ratificación automática de estos acuerdos con las empresas privatizadas tras sesenta días sin una expresión favorable o negativa del Parlamento porque está vedada por la Constitución. Por ese motivo el radicalismo planteará la inconstitucionalidad de esta norma, y de los acuerdos nacidos a partir de ella, ante la Justicia.
Si bien la interna del justicialismo bonaerense se vio reflejada en el dictamen de mayoría, que sólo fue firmado por 3 de los 12 miembros de la comisión y recibió críticas de diputados duhaldistas, la oposición afirmó que en los hechos el bloque del PJ convalidó la sanción ficta a favor del acuerdo enviado por el Gobierno al no concurrir a la sesión. “Menem y Duhalde mantuvieron la dolarización de las tarifas y ahora este gobierno la ratifica”, expresó Lozano. Los diputados opositores advirtieron, además, sobre la gravedad del precedente de la sanción ficta de estos acuerdos con vistas a las renegociaciones que esperan ratificación parlamentaria con empresas tales como Edesur, Edenor, Gas Natural, entre otras.