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En la Comisión de juicio político de Diputados saben lo difícil –cuando no improbable– que será aprobar el dictamen de mayoría que la semana pasada acusó a los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Para que prospere necesitan juntar los dos tercios de los votos en el recinto; de conseguirlo, la acusación pasaría al Senado para que los ministros sean juzgados. Pero será difícil conseguir tantos votos en la Cámara baja. “No les va a alcanzar para los dos tercios; el PJ no se los va a dar”, categorizó ante Página/12, anteayer, un importante ministro del Gobierno que monitorea paso a paso la actividad parlamentaria. El Gobierno desinfló su ánimo belicoso de principios de año contra los supremos, viraje del que está dando testimonio el comportamiento de los bloques legislativos del oficialismo. En la Casa Rosada apuestan a diluir la avanzada anticortesana y al retiro voluntario de cuando menos tres de los ministros. Mientras tanto, tratan de conseguir un interlocutor ante el Supremo Tribunal, hombre que, reconocen, no tienen.
El jueves pasado, la Comisión de juicio político de la Cámara baja emitió tres dictámenes. El más importante, que contó con la mayoría de los votos, es el que acusa a todos los ministros por diversas cargos acumulados a partir de sus actuaciones en las sentencias sobre el corralito, venta de armas, rebalanceo telefónico, el caso Moneta, la habilitación de la candidatura de Raúl “Tato” Romero Feris, la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la Carta Magna que dispone que los jueces mayores de 75 años deben pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, la prerrogativa de no difundir sus declaraciones juradas y el manejo administrativo del tribunal.
Según el dictamen de la Comisión, el ministro que más cargos acumuló es el titular del tribunal, el riojano Julio Nazareno, con 44 acusaciones. Lo siguen el vicepresidente, Eduardo Moliné O’Connor, con 40; Guillermo López, con 36, Antonio Boggiano con 35; Adolfo Vázquez, 29, Carlos Fayt, 23, Augusto Belluscio, 22, Enrique Petracchi, 12 y Gustavo Bossert, 9.
En la Comisión de juicio político, el peronista santacruceño Sergio Acevedo, a la sazón presidente de la misma, conoció lo que es la soledad que le regalaron sus pares de bancada.
Los diputados peronistas, capitaneados por el cordobés Humberto Roggero, recibieron instrucciones desde la Rosada de enfriar el proceso e impedir que el dictamen acusatorio prospere en el recinto. El cambio de actitud del Gobierno reproduce su valoración sobre la relación costo-beneficio que arrojaría mantener la avanzada de la administración Duhalde sobre los supremos.
Un ministro duhaldista dio a Página/12, hace más de 15 días, su valoración sobre el asunto. “Fue un ataque al pedo –graficó el confidente sobre la estrategia estival del Gobierno–. Si usted piensa que es una Corte super desprestigiada, cuyos padrinos están en baja o desapareciendo, sin demasiados márgenes para hacerse los locos y una inclinación natural a hacer oficialismo sea cual fuere el gobierno de turno, puede deducir que el Gobierno tenía inmejorables condiciones para acordar que no jodan, que se vaya alguno y que nos dejen trabajar en paz”. Este miembro del Gabinete recordaba que el ataque aluvional que encabezó el propio Eduardo Duhalde entre enero y febrero de este año fue parado en seco por la acordada a favor de los recursos de amparo contra el corralito. “Los muchachos (de la Corte) tienen un poder de fuego considerable”, reflexionó el ministro.
Anteayer, otro ministro, hiperactivo, recordó aquellos tiempos en que en Balcarce 50 todo era vehemencia contra los supremos. “El tema fue planteado en forma inconveniente, diría yo –rememoró–. Me acuerdo que estábamos en una reunión en Olivos, encabezada por Duhalde. Un ministro llegó y dijo que venía de hablar con uno de los miembros de la Corte Suprema. Este ministro (al cual la fuente no quiso identificar) dijo que ese juez le dijo: `A ésta Corte no le gusta éste Presidente, y vamos aactuar en consecuencia’. Todos los que estábamos ahí y escuchamos la historia nos pusimos el casco y preguntábamos dónde queda la Corte para ir a quemarla. Ahora, pasado el tiempo, dudo de que ese encuentro y ese diálogo hayan existido. O quizás, el juez que habló no haya sido representativo del pensamiento total de la Corte.”
La decisión del Gobierno, ahora, pasada aquella época de fervor purificador, es dejar que el tema se diluya en el fárrago de amarguras de la Argentina. El primer paso es “dejar morir” el dictamen de Comisión aprobado el jueves pasado y no prestar número para debatirlo en el recinto de Diputados. Después, recomponer la línea telefónica con los supremos.
En la Casa Rosada aspiran a que, una vez congelado el asunto –frío que aumenta cada vez que mengua la asistencia de participantes en los escraches de los jueves ante el Palacio de Tribunales–, al menos tres jueces dispongan dar un paso al costado. “Lo que hay que ver es quién se va primero y cómo se van. Obviamente, cada salida debería carecer de truculencia. Lo que llamamos una retirada ordenada”, dijo el integrante del Gabinete.
–¿Tienen un acuerdo con la Corte?– le preguntó este diario al ministro.
–No, no lo tenemos, pero lo necesitamos– respondió.
–¿Cuál es el operador del Gobierno ante la Corte?
–No tenemos un operador serio.
La grosera operación de apriete que el jefe de la SIDE, Carlos Soria, perpetró ante dos ministros del Tribunal y varios camaristas y jueces federales (revelada por Horacio Verbitsky en este diario), dinamitó la escasa confianza que tenían los cortesanos en cualquier diálogo con el Gobierno. A partir del jueves, los cinco latinos que supieron dar vida a la “mayoría automática” (Nazareno, Moliné O’Connor, López, Vázquez y Boggiano) echaron sapos y culebras contra el oficialismo, acusándolo de no poder contener a los (pocos) peronistas que votaron el dictamen mayoritario en la Comisión de juicio político. Para calmarlos, desde la Rosada, hicieron llegar un breve mensaje: el tema no se tratará en el recinto.
Ahora, el Gobierno intenta, rápidamente, tender nuevos puentes con el Supremo Tribunal. Necesita acordar una salida negociada de algunos de ellos y evitar una acordada sobre el fondo de la cuestión del corralito. Un fallo de inconstitucionalidad sobre el gólem creado por Domingo Cavallo y alimentado por Jorge Remes Lenicov enviaría a la administración Duhalde al quinto infierno junto con el sistema financiero argentino.
“Necesitamos un operador ante la Corte, urgente”, repitió el ministro.