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“El fallo es peligrosísimo y pone en riesgo toda la política de medicamentos”, afirmó el ministro de Salud, Ginés González García, sobre la decisión de un magistrado que dictó una medida por la cual sólo dos empresas podrían seguir produciendo un medicamento que ahora fabrican diez laboratorios. El magistrado había admitido el requerimiento de un laboratorio extranjero en el caso de una droga contra el colesterol. “La prohibición implica un gasto adicional de hasta 500 pesos por año para muchos pacientes, ya que es un medicamento que se utiliza por períodos prolongados”, sostuvo el ministro, y afirmó que el fallo implica “una forma oculta, encubierta, de mantener el monopolio” y que “atenta contra toda una política nacional de medicamentos”, por lo cual “no es un tema jurídico: es un combate político que se intenta resolver por vía judicial”. Además, y con relación al reciente aborto terapéutico que fue autorizado tras un complejo trámite judicial, el ministro afirmó que en estas operaciones, ya permitidas por la ley, “los médicos están asustados, tienen miedo a la persecución judicial; por la misma causa, muchas mujeres que necesitan este tipo de operaciones las hacen en el circuito ilegal porque, si es por derecha, no las autorizan o las demoran”.
La semana pasada, el juez en lo Civil y Comercial Francisco de Asís Soto dictó una medida cautelar por la cual obligaba a retirar del mercado argentino el medicamento Ezetimibe, que se utiliza para combatir la hipercolesterolemia. La decisión se dio en el marco de una demanda efectuada por la empresa multinacional de especialidades medicinales MSP Singapore contra la firma Fénix, y el fallo dio lugar a su vez a una solicitada de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), para la cual el reclamo de la multinacional era “un mecanismo para conseguir el monopolio del mercado”.
–El fallo es absolutamente contrario a la actual política de medicamentos en la Argentina y es además peligrosísimo –sostuvo Ginés González García, ministro de Salud y Ambiente de la Nación–. De prosperar este tipo de situaciones, llegaría a producirse un monopolio de mercado sobre un medicamento, y esto destruiría la política nacional, que se basa en que haya muchos medicamentos para cada nombre genérico, de manera tal que la gente tenga la opción de elegir y, concretamente, que pueda haber una clara competencia por precios.
–¿Qué consecuencias tendría la medida cautelar con respecto al caso particular del medicamento que así se retiraría del mercado?
–Actualmente hay en el mercado diez medicamentos que contienen ezetimibe. En caso de que se efectivizara esta medida, quedarían solamente dos, que son precisamente los más caros. Un tratamiento con cualquiera de estos fármacos tendría un costo anual de aproximadamente mil pesos, mientras que eligiendo entre los otros se puede obtener el mismo tratamiento por 500 o 600 pesos al año, además de que se le impide al paciente optar entre más productos.
–¿Se vincula este tema con la cuestión de las patentes farmacéuticas?
–No tiene nada que ver. Argentina respeta las patentes y está adherida al régimen internacional de patentes. Pero aquí se trata de un medicamento cuya patente está vencida. Es como si alguien quisiera fabricar aspirina, tal como ya lo vienen haciendo unos 20 laboratorios, y le exigieran un estudio original sobre esa droga. Es insólito.
–Si no es de patentes, ¿dónde se ubica la objeción que plantea el juez?
–El Estado argentino cuenta con un registro nacional de medicamentos y establece que, para registrar medicamentos, hay que presentar evidencia internacional. Todos los que se registran, desde 1992, se ponen en el mercado en tales condiciones. En este caso, el laboratorio internacional sostiene en su demanda que la evidencia universal sobre el producto es de ellos, propia, pese a que ha sido publicada en revistas internacionales, yel juez hizo lugar mediante la medida cautelar que prohíbe su comercialización.
–¿Esto valdría para muchos otros medicamentos?
–El Estado argentino viene aprobando los medicamentos desde hace muchísimos años a partir de presentación de evidencia universal: es decir, evidencias publicadas, registradas. Ningún laboratorio presentó nada como este juez dice ahora que debe presentarse. Por eso, si aceptamos este fallo, peligra el registro nacional de medicamentos. Si de algún modo hemos logrado en los últimos años mantener los precios relativamente bajos en términos internacionales, es justamente porque hubo competencia, porque transformamos un mercado genérico de marcas en, directamente, un mercado de genéricos.
–¿Cómo funciona el sistema actual?
–Actualmente quien quiere fabricar un medicamento que no está incluido en la ley de patentes se presenta ante la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y presenta la evidencia obtenida internacionalmente respecto de la droga en cuestión. Es lo que han hecho y hacen todos los fabricantes argentinos y extranjeros instalados en nuestro país. Nadie presenta estudios propios sobre este tipo de medicamentos: se acepta la evidencia universal. Lo que este juez niega, tal como lo requieren un par de laboratorios multinacionales representados por un estudio jurídico que siempre defiende estos intereses, es la validez de las evidencias universales.
–¿Esto plantearía una especie de patentamiento paralelo?
–Claro. Es una forma oculta, encubierta, de mantener el monopolio: si no es posible por patente, entonces se busca un fallo judicial como éste. Ese juez atenta contra toda una política nacional de medicamentos: no es un tema jurídico; es un combate político que se intenta resolver por vía judicial. Pero vamos a seguir defendiendo con la misma enjundia la política nacional de medicamentos.
–¿Qué respuesta van a dar en este caso concreto?
–Por mi parte, le solicité al juez una audiencia, que me había otorgado para el martes pasado, pero la suspendió aduciendo que él por su parte había sido recusado en el juicio. Como consecuencia de esa recusación, la medida cautelar queda suspendida. Por nuestra parte, vamos a pelear desde todos los marcos legales: esto no es una guerra entre laboratorios, sino que va más allá de los intereses comerciales y puede significar un enorme perjuicio económico para la gente. Hay medicamentos, como precisamente éste, sobre el que el juez dictó su medida, que deben consumirse por períodos muy prolongados: por eso el gasto de la atención debe computarse anualmente. Insisto, el tema nos preocupa mucho porque va al corazón de la actual política de medicamentos.