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Por un sueldo mínimo de 1400 pesos para los trabajadores no médicos de las clínicas privadas, el gremio de la Sanidad hizo ayer un paro de 24 horas con una marcha a la Plaza de Mayo. La encabezó Carlos West Ocampo, quien volvió a la calle con unos bríos contestatarios que no se le veían desde hacía años. El dirigente de los Gordos reclamó un aumento de unos 600 pesos en el salario básico y una “jornada digna con menos camas” por enfermera. “Si no tenemos inmediata respuesta a lo que estamos pidiendo, la semana que viene, el 11 y 12, pararemos 48 horas”, anticipó.
La Federación de la Sanidad (Fatsa) agrupa a 170 mil empleados no médicos de sanatorios, geriátricos e institutos psiquiátricos privados. Su paro tuvo carácter nacional. La movilización que hicieron en Buenos Aires salió desde la Plaza de los Dos Congresos y, antes de llegar frente a la Casa Rosada, hizo un escala frente a la sede de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), en Callao y Tucumán.
En la Confederación empresaria coincidieron con el sindicato en que el acatamiento a la medida de fuerza “fue alto”. El titular de la Confeclisa, Gustavo Mammoni, concordó incluso en que el pedido gremial está justificado, “pero se nos hace imposible hacer frente a este pedido porque los aranceles del sector están congelados hace años”, dijo.
Mammoni argumentó que la mayor cantidad de pacientes atendidos en los centros de salud privados provienen de las obras sociales y el PAMI. “Los aranceles y honorarios que pagan las obras sociales están congelados desde la década del ’90, a pesar de que ellas recaudan un 90 por ciento más que en el 2001. Y en el caso del PAMI, la cápita, que en el ’95 estaba en 25 pesos, ahora está en 26,30. Con estos valores se nos hace imposible afrontar un aumento de sueldo”, sostuvo.
Poco después, en el acto realizado en la plaza, West Ocampo se puso en sintonía con los empresarios al centrar sus críticas en la administración de la obra social de los jubilados. “Estamos podridos de que se diga que se ahorraron mil millones de pesos en el PAMI y acá estamos los testigos de lo mal que se atiende a los pobres jubilados en cada una de las instituciones.” El dirigente, que lideró a los Gordos en la CGT hasta que su sector fue desplazado por Hugo Moyano, matizó su discurso con algunos cuestionamientos generales hacia las clínicas. La huelga, dijo, “es contra el sector privado, donde hay avaros que invirtieron en otras cosas, aunque también hay pymes con muchos problemas por lo cual hay miles de fuentes de trabajo peligrando”.
Durante la jornada, en sintonía con el reclamo sindical, la Cámara de Instituciones del Diagnóstico Médico (Cadime) reclamó que se reasignen las partidas previstas para la salud en el presupuesto 2006. Cadime consideró que “la crisis del área” requiere “de la urgente intervención del Estado” y estimó que “se necesitan mil doscientos millones de pesos” para solucionarla.
La cámara remarcó que “los actuales recursos son insuficientes para dar las prestaciones y cubrir los costos generales y los aumento de salarios”. Cadime quiere que el Estado transfiera esos 1200 millones de pesos para “equilibrar transitoriamente el funcionamiento de las empresas” que brindan las prestaciones comprendidas en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia. “Esos fondos”, concluyó en su comunicado, “representan solamente el 7,5% de los subsidios previstos por el Presupuesto 2006”.