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Además de en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, el mapa de los procesos contra represores por violaciones a los derechos humanos se extiende en varias provincias argentinas. Los más resonantes están en Córdoba, Chaco, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, pero no son los únicos. Los procesos contra los represores en el interior del país son los que poseen mayor grado de dificultad, en general trabados por el desempeño de los jueces. La reforma judicial del año 1992, que fue renovando lentamente los cuadros del Poder Judicial de la Capital Federal, no tuvo el mismo impacto en las provincias, donde los juzgados en ocasiones continúan a cargo de la generación formada durante la dictadura. Dicho esto, vale destacar que este año que comienza las causas podrían cobrar un nuevo empellón.

En su edición de la víspera, Página/12 desarrolló un exhaustivo mapa nacional de las causas en marcha por delitos de lesa humanidad. En este momento (tal como se consignó ayer), existen 503 personas denunciadas en el marco de alguna causa penal por crímenes de lesa humanidad; 204 están detenidas, 50 desde el fallo de la Corte. Excepto en los casos de apropiación de menores y algún caso aislado, no hay condenas firmes por desaparición forzada de personas y homicidios, un motivo de aliento para las excarcelaciones diez de las cuales se otorgaron este año. Durante 2006 se iniciarían los primeros juicios orales, cinco de ellos previstos en el marco de las megacausas de Capital y provincia de Buenos Aires.

Los datos surgen de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de organismos querellantes en el interior del país y de la Unidad de Asistencia a causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación a cargo de Félix Crous desde donde acaba de concluir un relevamiento detallado del trabajo de cada una de las fiscalías del país.

Hasta el día de hoy los registros señalan unas 1004 causas abiertas en todo el país. No todas son iguales ni siguen los mismos criterios de investigación y de colección de pruebas. A continuación, y como complemento al informe brindado en la edición del lunes, se expone la situación en cada una de las provincias argentinas donde se llevan adelante juicios contra los represores que ejecutaron el terrorismo de Estado.

Resistencia, Chaco

Margarita Belén. La causa por la masacre de Margarita Belén volvió al punto en el que había quedado paralizada hace dos años con la liberación de los diez militares detenidos, ordenada por la Cámara de Apelaciones de Resistencia. El último 9 de diciembre el juez Carlos Skidelsky dictó el procesamiento de ocho militares y dos policías por el fusilamiento de los presos políticos ejecutados el 13 de diciembre de 1976 a pocos kilómetros de la capital de Chaco. Dos detenidos estaban en actividad en el Ejército al momento de ser arrestados la primera vez: Horacio Losito cumplía funciones como agregado militar en la embajada argentina en Roma y Germán Emilio Riquelme. Aunque los procesamientos deben ser confirmados, la causa podría pasar a juicio oral y público en 2006. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, fue admitida como querellante en octubre de 2004.

Brigada de Investigaciones Resistencia. El mismo impulso recibió este año la llamada causa Caballero, por el ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, el comisario general retirado Lucio Caballero imputado con otros siete represores por tormentos agravados contra 11 ex presos políticos antes del último golpe de Estado. La causa ahora es una megacausa que se inició como desprendimiento de los Juicios por la Verdad para investigar los crímenes del CCD Brigada de Investigaciones y ahora tiene 18 expedientes conexos y una larga lista de imputados. Como sucedió con Margarita Belén, la investigación avanzó hasta 2002 cuando se detuvieron y luego liberaron a ocho represores. Este año la Cámara dictó la nulidad de las excarcelaciones, ordenó nuevas detenciones y el apartamiento del juez. Con esa decisión los represores volvieron a la cárcel. El último 22 de diciembre el juez de primera instancia ad-hoc Ricardo San Martín ordenó nuevamente la excarcelación de Caballero. Hoy en la provincia hay 40 denunciados y 17 detenidos, diez por Margarita Belén y 6 en el marco de la Brigada de Investigaciones.

Santiago del Estero

Las causas en Santiago atravesaron un franco retroceso; solo avanzaron 3 de las 33 causas por violación a los derechos humanos asentadas en el juzgado de Angel Toledo. De las tres causas en trámite, solo una quedó en pie. Este año el juzgado dispuso excarcelaciones y sobreseimientos para todos los que habían sido detenidos en el marco de las investigaciones por los expedientes de la D-2 y el homicidio de Consolación Carrizo, la novia de un delegado de la zafra tucumana. Entre los liberados, la Justicia beneficio al ex gobernador Carlos Juárez. La única causa que avanzó es la Cecilio Kamenetzky, el estudiante asesinado en 1976. El último viernes 16 de diciembre el Tribunal Oral Federal santiagueño confirmó el procesamiento de los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi en la causa y de otros siete represores santiagueños entre los que se encuentra Musa Azar, el ex jefe de inteligencia en un fallo en el que “por primera vez en el norte del país” declara a los delitos imprescriptibles y confirma la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. La megacausa impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con 140 testimonios pero se encuentra técnicamente paralizada.

Córdoba

Tras el fallo de la Corte Suprema, la Cámara de Apelaciones de Córdoba ordenó la reapertura de todas las causas, incluidas las 300 investigadas durante la década del ’80 y paralizadas con las leyes de impunidad. Entre los desprocesados se hallaban más de cien represores, incluido el ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez sobreseído en 1987. En tanto, la causa por la desaparición y secuestro de Humberto Brandalisis, por el que Menéndez quedó detenido en 2003, espera una resolución de Casación. Lo mismo sucede con la causa iniciada en 2004 por la denuncia del pseudoarrepentido teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, famoso porque confesó su participación en los asesinatos en un escrito presentado al jefe del Ejército Roberto Bendini. Continúa en marcha la causa por la desaparición del estudiante Diego Raúl Hunziker secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Entre las tres expedientes Córdoba tiene 20 detenidos, seis represores muertos y un prófugo. Este año hubo 11 restituciones de identidad en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Y para el próximo año se espera la elevación a juicio la causa de la Penitenciaría 1 por los fusilamientos de 29 personas el 18 de octubre de 1976.

Catamarca

Este año se abrió un expediente por la llamada masacre de Capilla del Rosario, para Catamarca un acontecimiento tan importante como el crimen de María Soledad. La justicia investiga los fusilamientos producidos entre el 11 y 13 de agosto de 1974 en el Regimiento 17 de Infantería sobre 16 militantes del ERP. Los cuerpos se enterraron sin identificar, cinco de ellos en lugares no determinados del cementerio municipal de Catamarca. Tras la intervención del EAAF este año se lograron hacer las primerasidentificaciones. La carátula tramita como “Mirta Clerici solicita medios procesales”.

Tucumán

Fue una de las provincias con más movimiento. La fiscalía de Eduardo Ferrer Collado –a cargo de casi la totalidad de las causas– reagrupó más de 500 expedientes en 9 megacausas, ahora nucleadas por centro clandestino o unidad temática. Las principales son la de tres centros clandestinos: Arsenales; Jefatura de Policía ex causa Coronel y Villa Urquiza. El resto son: Operativo Independencia 1 que tiene como imputada a Isabel Martínez y Operativo Independencia 2. Hay causas abiertas por las inhumaciones en el Cementerio del Norte y en el Pozo de Vargas y una muy reciente sobre el Plan sistemático de apropiación de tierras del Ejército. La causa por el secuestro y desaparición de Guillermo Vargas Aignasee está en Casación y puede trasformarse en el primer caso de juicio oral de la provincia. El juicio recaerá sobre Luciano Benjamín Menéndez imputado y procesado como jefe del III Cuerpo, Domingo Antonio Bussi y Roberto Albornoz, ex jefe de la D-2. Bussi está convocado a una indagatoria para el 21 de febrero y 21 de marzo de 2005 por la causa Vargas Aignasee y por la desaparición de Marta y Rolando Coronel por la que también están detenidos el represor Luis Armando De Cándido y su hermano Esteban. El 14 de diciembre de 2005 la Cámara de Apelaciones confirmó los procesamientos de los detenidos y recalificó las imputaciones en línea con el criterio sobre delitos de lesa humanidad pedido por los querellantes.

Salta

El año pasado las causas por terrorismo de Estado habían cobrado un impulso importante por las detenciones ordenadas en el marco de la causa por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y, en 2003, por la masacre de Las Palomitas –el fusilamiento de doce presos políticos del 6 de julio de 1976–. Durante 2005 las causas estuvieron técnicamente paralizadas. Casación ordenó la nulidad de todos los procedimientos hechos con el nuevo código de procedimiento. Y hasta comienzos de diciembre la causa Palomitas no tuvo juez ni fiscal. Se excusaron o fueron recusados por amistad o enemistad con Ricardo Lona, el ex juez federal de Jujuy durante la dictadura imputado en el expediente. El último 23 de septiembre fue designada como jueza subrogante Gladys Graciela Comas. El 8 de marzo de 2005, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue admitida como querellante en la primera causa. Duhalde se presentó como querellante particular en el caso Ragone donde hay tres policías procesados conocidos como “la guardia del monte”.

Bahía Blanca

Se reagruparon y distribuyeron más de 70 causas iniciadas durante la década del ’80 por los crímenes del V Cuerpo del Ejército. En Bahía Blanca quedaron alrededor de 40 causas, el resto pasó a Viedma y Neuquén bajo el criterio de que las causas deben investigarse en el lugar donde se cometieron los hechos.

San Nicolás

Este año cobró impulso la causa abierta en 2004 contra el ex comisario Luis Abelardo Patti por la muerte de Gastón Gonçalves. El fiscal de San Nicolás Juan Murray pidió la detención y la indagatoria a comienzos de septiembre. El juzgado de Jorge Villafuerte Ruzo se declaró incompetente y la causa ha sido derivada al juzgado federal de Campana. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene como querellante.

Misiones

La casita de los Mártires. El 4 de octubre de 2005 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en la causa 1531/04 por la que se investiga la desaparición de Alfredo González, químico y docente de la Universidad Nacional de Misiones. En enero de este año el juez Ramón Claudio Chávez descubrió la localización del lugar que funcionó como centro clandestino de detención entre 1977 y 1978 ubicado entre el aeropuerto General San Martín y el arroyo los Mártires.

Corrientes y Paso de los Libres

Corrientes fue una de las provincias donde hubo más avances. Existen tres grandes causas en trámite. En la capital, los esfuerzos están puestos en la denuncia sobre el CCD Regimiento de Infantería 9 Corrientes, iniciado en marzo de 2004 por la desaparición del estudiante Rómulo Artieda por privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición forzada de personas. En octubre de ese año el juez Carlos Vicente Soto Dávila ordenó la detención de ocho militares y aunque dejó a dos en libertad, en mayo de 2005 procesó al resto, entre ellos al ex capitán Juan Carlos Demarchi, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y miembro de la SRA al momento de la detención. Por orden del juez correntino se encuentra detenido en Córdoba el general Cristino Nicolaides. En mayo de 2005 el juez también detuvo al Comisario Inspector R Diego Manuel Ulibarrie por el secuestro y desaparición de cuatro militares de la JP. Hasta su detención, vivía reciclado como dueño de una agencia de seguridad privada llamada Megafianza a cargo de la custodia de la Universidad Nacional del Noreste. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se encuentra como querellante. En 2005 se abrió una causa en Goya para investigar los crímenes en tres centros de detención y la desaparición de quince personas vinculadas a las Ligas Agrarias, la organización de campesinos, docentes y curas de base de la que participó la monja francesa Alice Domon. La causa se inició con la denuncia de un pseudoarrepentido, el suboficial Angel Vicente Panetta en servicios en el Regimiento Ingenieros 7 durante la dictadura. Continúa en trámite la causa sobre el CCD de La Polaca en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y el tráfico y secuestro de personas a través del Puente Internacional de Paso de los Libres, un anexo a la causa Contraofensiva. En octubre de 2005 el juez Juan Angel Oliva dispuso la detención y procesamiento de seis militares, entre ellos del Coronel Francisco Javier Molina; Antonio Herminio Simón, procesado y con prisión domiciliaria en la causa Contraofensiva y el de Jorge Félix Riu. El caso cobró notoriedad el 28 de octubre cuando el Ejecutivo ordenó la destitución del jefe de Gendarmería de la Aduana de Paso de los Libres, Pedro Agustín Pasteris en servicio desde 1980. Pasteris quedó supeditado a la causa en calidad de imputado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentará como querellante, lo mismo que en la causa Goya-Ligas Agrarias.

La Rioja

Las causas sobre la represión están nucleadas en el expediente Luciano Benjamín Menéndez que estuvieron técnicamente inmovilizadas hasta este año. La investigación abierta en Francia por la muerte del cura francés Gabriel Longueville en Chamical asesinado con el sacerdote Carlos de Dios Murias y la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa del obispo Enrique Angelelli el 11 de octubre de 2005, dieron origen a las primeras medidas procesales. Se hicieron oficios de ida y vuelta entre La Rioja y Francia y se ordenaron allanamientos en dependencias de la policía federal donde se buscaron sin éxito archivos de inteligencia.

Jujuy

Como desprendimiento de los Juicios por la Verdad, la fiscalía 1 de Jujuy a cargo de Domingo Batule investiga la desaparición forzada de 115 personas en la provincia. Entre ellas se encuentran abiertas causas por los desaparecidos del ingenio Ledesma y los hechos sucedidos la noche del 28 de julio de 1977 conocida como la Noche del Apagón. Aquel día el Ejército, la Policía Federal y provincial y Gendarmería nacional detuvieron a unas 200 personas en la ciudad de General San Martín, parte de las cuales permanecen desaparecidas.