Las audiencias del juicio político a Aníbal Ibarra se reanudarán recién el próximo 17 de enero, pero el suspendido jefe de Gobierno porteño pretende que su caso no desaparezca hasta entonces de la agenda pública. “El desafío es ver qué hacemos en las próximas dos semanas”, admitió a Página/12 uno de los colaboradores con los que Ibarra se reunirá hoy para analizar el modo de mantener vigente el tema. Aunque una eventual recusación al legislador Héctor Bidonde sería útil a ese propósito, Ibarra tiene casi resuelto no avanzar en ese sentido porque evalúa que la Sala Juzgadora la va a rechazar, con lo cual quedaría expuesto a una nueva “derrota mediática”.

El criterio de los legisladores de no hacer lugar a las recusaciones que promueva Ibarra quedó justamente de manifiesto en la última reunión que la Sala Juzgadora celebró antes del receso previsto hasta la segunda quincena de este mes. Esa audiencia tuvo lugar el miércoles pasado y entonces fue rechazado por diez de los quince juzgadores el planteo que el jefe de Gobierno hizo para que el zamorista Gerardo Romagnoli se apartara del caso por haberlo comparado con el ex comisario Alfredo Fanchiotti, acusado por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

En el debate previo a la votación en la que se ratificó la continuidad de Romagnoli en la Sala Juzgadora, uno de los que habló fue Bidonde. El defensor del jefe de Gobierno, Julio César Strassera, advirtió que incurrió también en prejuzgamiento y que cabía su recusación.

En función de lo dicho por Strassera durante la última audiencia, se especuló con la posibilidad de que esta semana la defensa de Ibarra presentara un planteo formal al respecto ante el titular de la Superior Tribunal de Justicia porteño, Julio Maier, quien tiene a su cargo la tarea de conducir el proceso de juicio político. “Si Ibarra recusa a Bidonde, la Sala Juzgadora debería reunirse antes del próximo 17”, se analizó ante este diario en el despacho de uno de los legisladores que la integran.

Por más que la recusación del actor miembro del Interbloque de Izquierda serviría al propósito de que su caso no desaparezca de los medios, Ibarra tiene casi descartada la idea de pedir su apartamiento del juicio político. En el equipo que lo viene asesorando desde que la Legislatura decidió suspenderlo y enjuiciarlo por el incendio de República Cromañón, consideran que hay argumentos para recusar a Bidonde, pero en la mayoría prima el criterio de no avanzar en ese sentido.

Uno de los hombres que colabora con la defensa de Ibarra expuso las razones por las cuales consideran preferible dejar las cosas así como están: “En el caso de Romagnoli se hizo evidente que la Sala Juzgadora ya tiene una decisión tomada contraria a las recusaciones. Aun cuando sea claro que Bidonde prejuzgó, si lo recusamos quedamos expuestos a otra derrota mediática”.

Si nada altera el cronograma previsto, los legisladores que deben pronunciarse por la destitución de Ibarra o la reposición en su cargo, volverán a reunirse en dos semanas. A partir de ese momento empezarán a tomar declaración a los 137 testigos propuestos por la defensa del jefe de Gobierno y por la acusación, a cargo de Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto.

La Sala Juzgadora sesionará los días martes, miércoles y jueves a partir de las nueve de la mañana y Maier confirmó ayer la citación de los testigos. El magistrado precisó en un comunicado que en primer término serán convocados los propuestos por los tres legisladores que actúan como fiscales, después los que coincidieron en proponer la acusación y los defensores de Ibarra y por último aquellos que propuso la defensa. El titular del Tribunal Superior estableció, además, el 12 de este mes como fecha de vencimiento del plazo para la recepción de la “prueba informativa” que fue pedida por las partes para ser tenidas en cuenta durante el juicio político.

Según los cálculos, la toma de testimonios llevará hasta mediados de febrero, con lo cual los legisladores tendrán después otro mes para definir el futuro de Ibarra. La fecha límite es el 14 de marzo: la Constitución local establece que el jefe de Gobierno no puede permanecer suspendido por más de cuatro meses. Si llegado ese día no hubiese una resolución, el juicio político quedará definitivamente cerrado e Ibarra volverá en forma automática a la Jefatura de Gobierno.