El entredicho con Uruguay por las papeleras es el mayor conflicto internacional de la Argentina y escala día a día. Las chimeneas de las empresas crecen en Fray Bentos, mientras desde la otra orilla se enfervoriza la oposición masiva a los emprendimientos. El gobierno argentino quiere conciliar varios objetivos que, a su vez, no son antagónicos pero sí peliagudos de ensamblar: respetar los reclamos de Gualeguaychú, permitir una salida airosa al gobierno de Tabaré Vázquez, encontrar un acuerdo que deje bien parados a los presidentes de Argentina y Uruguay. Una hipótesis de solución prima entre los funcionarios de la Cancillería y la Rosada: es relocalizar las plantas cuarenta o cincuenta kilómetros al sur de Fray Bentos. Una salida decorosa, tutelar del medio ambiente, no lesiva para la economía y el pundonor uruguayos, que aliviaría a Gualeguaychú de la contaminación y del hedor que pueden propagar las papeleras.

“Tenemos que ser muy creativos para llegar a ese punto”, propone un negociador avezado y preocupado, “entonces sería el momento de sentar juntos a Kirchner y Tabaré para ponerle el moño. Los dos deben salir bien parados de este entuerto”. Hoy día, esa foto edificante parece muy remota, ajena al menú de los uruguayos y al de los entrerrianos. La querella por las papeleras avanza a nado raudo, a contracorriente de la voluntad de integración de todos los países del Mercosur.

El conflicto nació mal parido, cuando el colorado Jorge Battle presidía Uruguay y Eduardo Duhalde, nuestro país. Su relación, entre frígida e inexistente, se prolongó intacta en los primeros meses del mandato de Kirchner. Ese cuadro se prorrogó hasta marzo de 2005, cuando asumió el presidente Tabaré Vázquez. Allí comenzó a conversarse de modo más regular. Igualmente, los diplomáticos argentinos cuestionan al actual gobierno uruguayo. “Nos durmieron”, sintetizan en plan coloquial. “La suya ha sido la política del fait accompli”, rezonga uno de sus interlocutores cotidianos y, ya en castellano, reseña los sucesivos hechos consumados. “Battle forestó porque no dialogábamos. Tabaré deja avanzar la instalación sin involucrarse, justo ahora que estamos a partir de un confite.” El reproche sintoniza con el pensamiento de Kirchner, quien no ve a Tabaré Vázquez comprometido a fondo, cuentan allegados muy cercanos al Presidente.

Auto de fe (part one)

No es sencillo ni lineal determinar cuál será el cabal impacto ambiental de las papeleras cuando funcionen, pero hay en el Gobierno un mínimo común denominador: es imposible que no perjudiquen la actividad turística y la vida cotidiana en Gualeguaychú. Los reclamos de los entrerrianos, entonces, les parecen adecuados aunque a veces derrapen hacia cierto fundamentalismo ecológico que no todos los funcionarios nacionales comparten. Tres daños posibles hay en danza: la contaminación de las aguas, la lluvia ácida y el olor. Este parece ser el menos grave pero quizá no lo sea, a fuerza de ser el menos evitable. “Las papeleras emanan olor a huevo podrido –dice un funcionario que elude alusiones a materias orgánicas olorosas más socorridas en el lenguaje de la calle–, lo que para una ciudad turística es sencillamente letal.”

El discurso de los gobiernos de Entre Ríos y Gualeguaychú y el de las organizaciones ambientalistas locales (que tienen enorme capacidad de convocatoria) va mucho más allá. “Por momentos –asumen desde la Capital– se ponen en representantes no ya de sus intereses ambientales, sino en el de todos los argentinos.” Fungen no ya como opositores a plantas contaminantes sino a la industria papelera, tout court. El ambientalismo no es una ciencia exacta y no puede ser tomado como un auto de fe comentan, si que en la intimidad, altos negociadores argentinos. Pero lo cierto es que, más allá de la prevención acerca de la creciente radicalidad de los vecinos, su planteo básico es validado por el gobierno nacional.

Auto de fe (II)

Del otro lado del charco, el gobierno uruguayo tiene un margen estrecho para moverse. La inversión en danza es la mayor de su historia. La desindustrialización uruguaya ha sido mayor que la argentina, lo que ya es decir. Reindustralizar es un reclamo social y un objetivo innegable del gobierno progresista que cuenta con amplísimo consenso social.

Tabaré queda expuesto a una pinza de presiones si intenta destrabar el entredicho otorgando algo.

Por derecha le endilgarán que no tiene convicciones para dar certeza a las inversiones extranjeras.

Por izquierda (o si se quiere por el lado del orgullo nacional) tampoco le sobra margen para conceder a los argentinos. “Los porteños –recrimina off the record un funcionario uruguayo del ala izquierda de la coalición gobernante– abusan de su peso relativo y se ponen prepotentes, como no son con sus propias industrias contaminantes.”

Los uruguayos arguyen, en espejo a los reclamos argentinos, que un eventual desmonte de la forestación en trance es difícil y costoso. Y que dejarla sin explotar también dañaría el ecosistema.

Las cartas en la mano

Argentina, reconocen sus gobernantes, “viene de atrás”, a la zaga de los hechos. Y tiene la carga de proponer una solución compleja, que no deje herido a nadie. Con pocas barajas en la mano, el gobierno entiende que las movilizaciones populares ayudan mucho más de lo que complican. Y juega fuerte las bazas de política internacional que le quedan.

Hace poco, se insertó la expresión “controversia” en un documento oficial. En jerga diplomática, ese vocablo habilita, tras los vericuetos de rigor, a acudir a estrados internacionales. El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, viene blandiendo esa herramienta desde hace meses. La Cancillería también cataliza esa vía, aunque no la considera deseable. Desde que se crearon las Naciones Unidas la Argentina jamás llevó una demanda contra otro país a la Corte Internacional de Justicia. No es entusiasmante inaugurar esa vía justo en este momento político y contra Uruguay. Por lo demás, aunque nadie lo admita en los despachos oficiales, la impresión predominante es que son ínfimas las posibilidades de que el reclamo prosperara, máxime si las papeleras adoptaran nuevas medidas anticontaminantes. Es del caso recordar que el olor no está previsto en los tratados firmados por Argentina y Uruguay como uno de los perjuicios que puede suscitar controversias, lo que haría más espinoso su abordaje legal y mucho más acoger la pretensión del virtual damnificado.

Uno de los contenciosos (sólo audible al interior de algunos conos del silencio) entre el gobierno nacional y el provincial es que Busti no ha informado correctamente de las reales chances de un reclamo internacional, maximizando un voluntarismo excesivo.

¿Se podría intentar en vez de un litigio, un arbitraje? La experiencia internacional es avara en ejemplos de arbitrajes vinculados a disputas internacionales sobre temas ecológicos. Los expertos de Cancillería, que todo lo exploran, rescatan uno entre Estados Unidos y Canadá. Pero no es entusiasman con el precedente, creen que todavía existe un punto de equilibrio: el oficialismo piensa que si se mudaran las plantas hacia el sur, unas decenas de kilómetros podría encontrarse el punto de equilibrio. Las plantas deberían quedar frente a zonas de matorrales, no a poblaciones. El daño a Gualeguaychú (y a Fray Bentos, añaden poniéndose ecuménicos) sería patentemente menor. Los costos los calculan en “alrededor de 15 millones de dólares” una cifra no abracadante de cara a una inversión que supera los mil millones.

Por ahora, ese punto de equilibrio no tiene rating ni en Paraná ni en Gualeguaychú ni en Montevideo. Los lugareños han construido un caso ecológico que va más allá de sus orillas. El gobierno cree que esa prevención es excesiva y aspira a irla reduciendo con buena información y con el alejamiento geográfico del casus belli.

Para Uruguay, por ahora, la hipótesis se emparenta demasiado a ver torcida su muñeca por su vecino grandulón.

Algunos asesores del gobierno propugnan que Argentina podría mejorar su caso haciendo un aporte económico al costo de la relocalización. Ninguno de los varios funcionarios de primer nivel del gobierno que consultó este diario avala esa hipótesis, pero ninguno la desmiente.

Ese arreglo (o cualquier otro) debería perfeccionarse con un mecanismo bilateral de monitoreo permanente, respecto de la contaminación de las aguas y de la lluvia ácida. Ni sobre eso hay consenso hasta ahora.

Lomos de burro

El camino de salida sobreabunda en escollos. Desde el ángulo del gobierno, a las dificultades objetivas ya reseñadas cabe añadir la intransigencia, algo sobreactuada, de Busti. No es muy forzado imaginar que la interna partidaria provincial induce ese perfil. Daniel Irigoyen, el muy atinado intendente de Gualeguaychú, es un dirigente más cercano al corazón del kirchnerismo que el Chino Busti, cuya prosapia setentista le vale como un dato a favor en el imaginario kirchnerista, contrapesado por su fervorosa adscripción al menemismo. Irigoyen, considerado “más del palo”, era hace un añito un prospecto de antagonista del gobernador para la elección de 2007. Al ponerse a la cabeza de la demanda de Gualeguaychú, Busti quizá hizo una carambola a dos bandas.

El vicegobernador Pedro Guastavino, integrante del grupo Michelangello, un cruzado contra las papeleras y el gobierno uruguayo añade nudos a esa madeja política.

Amén de la escasa onda de Tabaré, los negociadores argentinos interpretan que el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Reinaldo Gargano tiene muy poca sed de una salida negociada. Algunas declaraciones periodísticas de Gargano, que por decir un eufemismo no es un admirador del peronismo, apuntalan ese punto de vista.

En tránsito

Un personaje borgeano veía como señal de superioridad moral el tratar de “no tener razón de un modo triunfal”. Algo de eso y de laberinto tiene la busca del gobierno argentino. La relación de Kirchner con las movilizaciones populares suele ir bastante más allá de su convicción por no reprimirlas, incluye la de oírlas. En el caso de la pueblada de Gualeguaychú, cree que la asisten más razones que sinrazones.

La integración regional y el afán de viabilizar los gobiernos afines de la región, comprendido el uruguayo, es otro objetivo sustantivo.

El contencioso vigente, en el que el gobierno entró tarde (en parte, aunque esto no lo diga, por propia distracción), pone en cortocircuito ambos designios. Convencer al gobierno uruguayo, sin damnificarlo ante su propio pueblo y moderar la intransigencia de los entrerrianos son menesteres densos que deben accionarse en paralelo. Un desemboque que no contemple todas esas variables sería una desilusión.

El gobierno cree que es posible hacerlo. El tiempo, la templanza y la destreza de todos los protagonistas, dirán la última palabra.