“La pintoresca izquierda cholula de Uruguay, que no sólo se parece cada día más a los porteños sino que lisa y llanamente se ha pasado a su bando, como en el estridente y vergonzoso caso de las papeleras.” La frase del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro –publicada por el diario uruguayo La República– es reproducida por el semanario Brecha no para denostar a los argentinos sino para dimensionar las diferencias que la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos generó dentro de la coalición de la izquierda uruguaya que gobierna el país. Pero ésta no es la única frase con la que Brecha muestra las dificultades con que se topó el oficialismo para justificar su postura. Entre las “perlitas” destaca la opinión del ex dirigente tupamaro y actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica: “Al río Uruguay lo vamos a pudrir con papeleras o sin ellas, con la civilización que hemos montado”.

En su última edición, Brecha analiza los extraños realineamientos políticos que generó entre los dirigentes políticos uruguayos el conflicto con la Argentina por las plantas de celulosa: “Ministros como José Mujica y Reinaldo Gargano y dirigentes de la oposición como los blancos Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle o el forista Washington Abdala hablaron un lenguaje de ‘unión nacional’. No sin chicanas o ajustes de cuentas, claro. Larrañaga no perdió ocasión de ironizar sobre las afinidades ideológicas entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, mientras varios representantes del oficialismo recordaron que la instalación de las papeleras fue decidida por el gobierno (anterior) de Jorge Batlle”.

Pero el tema no sólo convulsionó la política uruguaya sino que –según la prestigiosa revista– “deteriora la relación entre los dos países y eso repercute inevitablemente en el Mercosur, que ya estaba malherido”. En su análisis el periodista Guillermo Waksman confronta las dos posturas. Por un lado la del gobierno uruguayo y la consultora contratada por el Banco Mundial –”institución que desde hace veinte años viene promoviendo la construcción de este tipo de plantas en el Sur”– que consideran que los riesgos ecológicos si bien existen, se pueden atenuar y hasta incluso evitar, transformándose en una inversión muy conveniente para el país. Por el otro, el gobierno argentino y las organizaciones ambientalistas de ambos países involucrados sostienen lo contrario, respaldados con algunas experiencias recientes, como las de las plantas de Ence en Pontevedra, España, y de Arauco en Valdivia, Chile.

Aunque remarca que ninguno de los gobiernos asumió con habilidad la defensa de sus propios intereses: “El argentino no planteó oportunamente y con la necesaria firmeza sus derechos sobre el río Uruguay, mientras que el uruguayo –cuyas autoridades, de cuatro ministerios, parecían atropellarse para decir algo sobre el tema– centró su argumentación, durante varios meses, en que la otra parte actuaba movida exclusivamente por razones electorales y que una vez pasada la instancia de octubre todo quedaría en la nada. Pasados los comicios, el conflicto, lejos de terminarse, se agravó”.

Pero Waksman también incorpora datos de la economía uruguaya para tener en cuenta: “la falta de una política forestal y de ordenamiento territorial” que convertirían al país en un importante productor de celulosa. Sobre estos aspectos, asegura que “la ley aprobada a fines de los ochenta creó un mecanismo de subsidios que fomentaba la forestación en suelos poco aptos para otro tipo de explotaciones agropecuarias; ahora que ya no hay subsidios y que en Uruguay habrá varias plantas de celulosa –las de Botnia y ence son sólo las dos primeras– no hay legislación que impida, o siquiera regule, que se destinen las tierras más fértiles a la plantación de eucaliptos, con sus efectos de deterioro y resecamiento del suelo utilizado y de las zonas aledañas. De hecho ya hay plantaciones en tierras que se cuentan entre las más ricas del país, generalmente adquiridas con ese fin por empresas trasnacionales”. Brecha también analiza la postura de una organización ambientalista que reúne a ecologistas de las dos márgenes del río: Greenpeace: “Todo esto tiene que hacerse a través de un plan que debe tener criterios compartidos. Greenpeace no dice ‘no a las papeleras’; lo que reclama es un plan de producción limpia en el sector de la industria celulósica”.