“La Argentina puede hacer una contribución importante al resto de los países del Mercosur para que esté presente cuáles son las consecuencias de los gobiernos terroristas”, sostiene el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. Que ahora lo es por partida doble, ya que asumió por seis meses la presidencia pro témpore de la Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías en el Mercosur y Estados asociados. “Para simplificar, es el Mercosur de los derechos humanos”, acota. La tercera reunión de esta área del Mercosur será en Buenos Aires entre el 20 y el 24 de marzo, cuando se cumplen 30 años del golpe de Estado. “Que sea uno de los marcos de repudio al golpe”, propone Duhalde, por lo que se sumará a los distintos actos una cumbre con los miembros de Uruguay, Paraguay, Brasil y también posiblemente de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Venezuela. En diálogo con Página/12, el flamante presidente pro témpore analizó la situación de los derechos humanos en la región.

Aunque debería haber comenzado en 1991, el Mercosur de los derechos humanos se activó en mayo del año pasado con una reunión en Paraguay, donde los cuatro presidentes firmaron un acuerdo para sancionar a los Estados parte en los que se altere la democracia o se produzcan violaciones sistemáticas de derechos humanos. En noviembre, se volvieron a encontrar en Uruguay en un seminario titulado “Memoria, verdad y justicia de nuestro pasado reciente”, donde acordaron “actuar coordinadamente para promover la preservación de la memoria, la búsqueda de la verdad y la acción de la justicia” frente a los crímenes de las dictaduras.

–¿Qué lugar va a ocupar este espacio de derechos humanos del Mercosur?

–Esta área rompe con la tradición de que el Mercosur estaba más dedicado a la problemática económica y arancelaria. Tiene un carácter de avanzada. Hasta el 27 de diciembre la presidencia la tuvo Uruguay y hubo reuniones de medio ambiente, de justicia, de cultura. En el seminario de noviembre de 2005 sobre “Memoria, verdad y justicia de nuestro pasado reciente”, la Argentina tuvo un papel protagónico. Queremos sentar las bases para que sea un órgano permanente del Mercosur, donde haya un trabajo constante ya sea en los Estados parte, los asociados y algunos observadores. Debe superar el carácter de sistema de reuniones.

–¿Cuál debería ser la agenda de derechos humanos para la región?

–Se ha trabajado sobre una agenda más amplia, donde hay proyectos estratégicos, como “Niños Sur”, es decir, todo lo que hace a la convención de los derechos del niño, pero no sólo en lo declarativo, sino como un programa aplicado a la trata de niños y la pornografía infantil. Esto involucra a los distintos países, más allá de las fronteras. Lo importante es ir logrando que el conjunto de países compatibilicemos las leyes internas para converger en una legislación común sobre derechos humanos.

–¿Se pueden coordinar desde allí las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en las dictaduras del Cono Sur?

–Indudablemente. Hay un trabajo previo de la Secretaría de Derechos Humanos argentina en la socialización de la información y en el acceso a los archivos de cada país. Tenemos un contacto permanente con el Uruguay por la situación de los argentinos asesinados en Uruguay, como en el caso de la nuera de Juan Gelman. También creamos una unidad de investigación de los desaparecidos uruguayos en la Argentina.

–¿Por qué cree que aún no se han encontrado los restos de la nuera de Gelman, María Claudia García Irureta Goyena?

–Estas búsquedas no son fáciles. Al Equipo de Antropología Forense el hallazgo de los restos del Che le llevó más de un año. Los regimientos 13 y 14 en Uruguay son espacios muy vastos, donde errar por cien metros te puede llevar a tres o cuatro meses de búsqueda. El hallazgo de restos humanos en esos terrenos es indicativo de qué enterramientos allí hubo.

–¿Hay novedades con el pedido de extradición de los imputados por el asesinato de María Claudia?

–Eso está en consideración de la justicia uruguaya.

–¿Le preocupa la frase del jefe del Ejército saliente de Uruguay, Angel Bertolotti, sobre que los golpes “pueden suceder otra vez”?

–Nadie puede ponerse contento por una declaración como ésa... Pero quiero ser cuidadoso de no involucrarme en cuestiones internas de cada país.

–¿Tuvo conversaciones con el gobierno uruguayo por este tema?

–No, pero el diálogo con el gobierno de Uruguay por estos temas es muy fluido y sin inconvenientes. Nosotros no tenemos papeleras de por medio.

–Por la causa del Plan Cóndor hay dos pedidos de extradición –uno de la Argentina y otro de Paraguay– para el ex dictador Alfredo Stroessner, exiliado en Brasil. ¿En este espacio puede destrabarse esta situación?

–No. Eso tiene que ver con la competencia de la justicia en cada uno de estos países. Esto apunta a cuestiones de principios y de fondos. Queremos trabajar en construir indicadores comunes para medir derechos esenciales, como la educación, la salud y el trabajo, que nos permita tener un mapa concreto de la situación de cada país y de los desniveles que puedan existir, para poder corregirlos.

–Según el informe 2005 de Amnistía Internacional, uno de los principales problemas de Paraguay y Brasil son los escuadrones de la muerte.

–Los escuadrones están ligados a una problemática mayor, que es la de la tenencia de la tierra. Y también hay problemas serios con las comunidades aborígenes. Si los tenemos nosotros, y muchos, más tienen estos países que tienen una base muy fuerte de pueblos originarios. Hay un trabajo de la ONU, PNUD y la OEA para ayudar en esta búsqueda de problemáticas comunes.

–Las violaciones de derechos humanos en las cárceles son tal vez un eje común en la región. Kirchner dijo que es una de las cuentas pendientes...

–Es una cuenta pendiente, en una situación casi límite. Se trata de seres humanos en situación de prisión que son una caldera explosiva, como se ve en la Argentina, en Brasil y en otros países. No sólo precisa un cambio de legislación, sino de infraestructura. En nuestro país, hay planeados varios establecimientos carcelarios, pero el problema es el destiempo entre la situación carcelaria y la posibilidad de construcción.

–El CELS hizo un planteo sobre el rol que cumple la prisión preventiva en el hacinamiento de las cárceles.

–Eso depende del Poder Judicial, al que no podemos darle indicaciones, pero también de la presión social. Ha habido fuertes campañas que tienden a reducir las excarcelaciones. No es nada propio de la Argentina: los programas de tolerancia cero recorren América entera.

–Página/12 difundió esta semana una investigación sobre las causas de derechos humanos. ¿Existe mayor lentitud en las causas del interior?

–En el interior tienen mayores dificultades de avance. Esto motivó la decisión presidencial de reforzar la Procuración General de la Nación, porque los fiscales no daban abasto. Los juzgados también tienen carencias y necesidades sobre las que se está trabajando. Se va a requerir un enorme esfuerzo cuando estas causas lleguen a juicio oral.

–¿La Corte podría dictar la inconstitucionalidad de los indultos este año, cuando se cumplen 30 años del golpe de Estado?

–Ya hay fallos sobre la inconstitucionalidad de los indultos, de la Justicia Federal en la Capital y en Córdoba, y seguramente se va a llegar a una definición de la Corte. Teniendo en cuenta los fundamentos de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, es casi seguro.

–¿Cuáles son los debates pendientes en la Argentina y en la región con respecto a los crímenes de las dictaduras del Cono Sur?

–El nuestro ha sido un periplo difícil y hay que entender que los tiempos en otros países pueden tener distancias mayores. No nos creemos poseedores de la verdad, pero la Argentina puede hacer una contribución importante al resto de los países del Mercosur para que esté presente cuáles son las consecuencias de los gobiernos terroristas. En el Mercosur, los debates en general están en una etapa primaria. Esta misma problemática en Chile está en escalones más bajos de discusión. Esto nos obliga a contribuir con esos países y a demostrar que este tema no divide a la sociedad, sino que permite en el futuro, a partir de la justicia, la verdad y la memoria cerrar un pasado que si no seguirá abierto y siempre presente. No se puede construir la ciudadanía del futuro sobre el olvido y la negación. Mal que le pese a Bertolotti, es posible recorrer este camino sin debilitar la democracia. No se trata de pensar en posibles golpes de Estado, sino de hacer efectivo el nunca más y que no haya riesgo futuro de conspirar contra el Estado democrático. En la Argentina, lo que ha sido bandera de la sociedad civil, hoy es bandera del Estado.