Informes oficiales del Congreso brasileño involucran a seis militares argentinos y de otros tres países sudamericanos en el tráfico de armas destinado al crimen organizado en Brasil. En los documentos que hasta ahora mantienen el carácter de “confidencial” se relaciona con la venta ilegal de armas a “oficiales de alto rango” del Ejército argentino y militares de Paraguay, Uruguay y Surinam. Ante la información, la ministra de Defensa, Nilda Garré, citó de urgencia al jefe del Ejército, Roberto Bendini, para analizar la cuestión. También conversó telefónicamente con el embajador argentino en Brasil para que recabe más datos. “Se sigue cuidadosamente el tema, y si hay algo se va a averiguar teniendo en cuenta los antecedentes que hay”, comentaron en Defensa en alusión al resonado caso de la venta de armas durante el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, aclaró que sólo se hará “cuando haya algo concreto”.

“Informes confidenciales en el ámbito de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) del Tráfico de Armas involucran a oficiales de cuatro países vecinos, entre ellos Argentina”, confirmó a la agencia Télam una vocera del diputado Moroni Torgan, presidente de esa Comisión del Congreso brasileño. Se trata de “oficiales de alto rango de al menos cuatro países: Surinam, Paraguay, Uruguay y Argentina”, precisó la misma fuente, consultada telefónicamente desde Buenos Aires.

La versión on line del diario Jornal do Brasil aseveró ayer que “la lista de oficiales involucrados con el tráfico internacional de armas ya tiene identificados a cinco generales de los ejércitos de Surinam, Uruguay y Paraguay, además de seis nombres de oficiales del Ejército de Argentina”. Según la vocera de Moroni Torgan, la comisión buscará el apoyo de la Argentina en la investigación.

Según averiguó este diario, el Gobierno aún no tuvo ninguna comunicación específica. Ayer, en Buenos Aires, la ministra Garré convocó a Bendini, pero el militar tampoco tenía más datos que la información de los medios. Garré se comunicó con el embajador en Brasil, Juan Pablo Lohlé, quien le informó que, efectivamente, había recibido un pedido de entrevista del diputado Colbert Martins, miembro de la CPI del Tráfico de Armas. “No sabemos si el pedido de Martins es a título personal o en nombre de la Comisión pero, en cualquier caso, la embajada argentina cooperará con la investigación si lo solicita la CPI del Tráfico de Armas”, comentó una fuente diplomática. El encuentro entre Lohlé y Martins se producirá mañana.

La Comisión, cuyo mandato está vencido, investiga el caso con la ayuda de la Policía Federal, la Agencia de Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Brasil, además de buscar el apoyo de esos cuatro países, dijo la portavoz de la oficina de prensa de Torgan, diputado del Partido del Frente Liberal (PFL, conservador). Según Jornal do Brasil, “Moroni va a pedir en los próximos días la colaboración de Interpol y de las embajadas de los países (mencionados) para neutralizar ese tráfico”. Según Moroni Torgan, la documentación reunida por la CPI es “convincente” e incluye “escuchas telefónicas”.

En el artículo aparecido en el diario brasileño, el diputado contó que “las informaciones que recibimos muestran dónde estos oficiales actúan y cómo hacen para transportar estas armas para Brasil”.

“Una de las informaciones recibidas incluye hasta el nombre de una de las empresas transportistas involucradas con los oficiales del Ejército argentino que traerían las armas por las rutas que atraviesan la región del sur de Brasil”, agregó. Además, ya en el detalle de las organizaciones delictivas brasileñas que participarían de estas operaciones clandestinas, sostuvo que “quien abastece principalmente en Paraguay es el Comando Rojo. El Primer Comando de la Capital se abastece en la Argentina y en el Uruguay”.