A pesar de los fueros, Carlos Saúl Menem volverá a Tribunales. El juez federal Guillermo Montenegro lo convocó para el próximo 11 de abril a una indagatoria en el marco de la investigación por el contrato de su gobierno con los franceses de Thales Spectrum. Es la primera vez que la Justicia lo cita en esta causa y como responsable del decreto que dio vía libre a la concesión del espacio radioeléctrico por la que se habrían pagado y cobrado retornos millonarios.

La indagatoria para Menem está firmada desde diciembre, pero la feria judicial postergó su difusión. El pedido de la inclusión del nombre del ex presidente en el expediente comenzó en junio de 2004. El entonces fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, solicitó que se investigara si cobró coimas por 25 millones de dólares para cederle el espacio radioeléctrico a los franceses. El contrato de 1997 debía extenderse hasta 2012, pero el gobierno nacional decidió rescindirlo en febrero de 2004 después de considerar un informe de la Auditoría General de la Nación que indicaba que los franceses le habían causado un perjuicio al Estado nacional de 302 millones de pesos mientras sus arcas registraban ganancias descomunales.

La causa sumó la intervención de la Oficina Anticorrupción como querellante. Ambas instancias cuestionaron el decreto por el que Menem convalidó la controvertida licitación con un canon millonario. El escrito de la OA provocó un giro en la causa dado que describió la ruta del dinero a partir de la declaración de un testigo clave que giró sumas millonarias a bancos de Estados Unidos a pedido de la multinacional francesa. Su testimonio ahora una prueba fundamental contra el ex mandatario.

Este testigo es el francés Lionel Queudot, el hombre contactado en su país por funcionarios de la OA después de una entrevista difundida por la prensa francesa. Dueño de la ex financiera suiza Finego, la Justicia considera punto clave de la declaración de Queudot la mención sobre las fechas: según el financista todo comenzó en 1997 cuando el gobierno decidió dar la concesión a la firma francesa. En esa misma declaración, Queudot explicó cómo era la ruta del dinero y dio nombres de las personas que ahora están involucradas en la causa, entre ellas el empresario Jorge Neuss, accionista de Thales y compañero de golf del ex presidente.

Para esa época, Neuss residía en París. Y fue quien se presentó ante el francés a Rostan D’Ancezune, delegado de Thales para sus asuntos en la Argentina. D’Ancezune pidió al financista que gestionara algunos negocios de su sociedad, Serba, desde Ginebra. A cambio de una comisión del 3 por ciento, Queudot quedó a cargo de “recibir y gestionar fondos de Thales” en la cuenta de Serba y ejecutar todas las instrucciones de D’Ancezune.

“Estimo haber transmitido alrededor de 500.000 dólares por año, es decir 1.000.000 dólares entre 1997 y 1998. Los destinatarios finales eran la Brown Brother Harriman de Estados Unidos y la Société Générale de Francia”, contó el financista. Mencionó una operación de 10 millones de dólares, una transferencia y un nuevo contrato con los franceses para abril de 1999. Y explicó que “se daba continuidad a las actividades que había efectuado en el marco de la concesión acordada con el Estado argentino hasta 2012, estimado en 60 millones de dólares al año”.

Con estos datos de base, Montenegro convocó a Menem en línea con el pedido que hizo en noviembre del año pasado la Sala II de la Cámara Federal. El tribunal pidió la reapertura de la investigación que había sido archivada por decisión del juez Jorge Urso, subrogante de Montenegro. Por los datos reunidos hasta aquí, los investigadores creen que ya no hay dudas sobre la existencia de los giros. Lo que resta saber es si esos giros se convirtieron en coimas. Y la responsabilidad de los funcionarios.