Por azar o por destino, esta semana, la de los 30 años del golpe, entrará en la recta final el juicio político a dos miembros de la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, por haber liberado a diez represores que estaban presos por su responsabilidad en la Masacre de Margarita Belén, donde fueron asesinados 22 presos políticos en diciembre de 1976. Son Tomás Inda y María Beatriz Fernández, suspendidos en octubre por el Consejo de la Magistratura. Este miércoles, cuando termine el desfile de testigos, los consejeros que actúan como fiscales acusarán a los jueces de haber admitido ilegalmente un hábeas corpus con la intención de paralizar la investigación y favorecer la fuga de los militares imputados. También dirán que montaron una persecución al fiscal Jorge Auat, que había denunciado a los camaristas al insistir con las detenciones. El viernes pasado Auat recibió amenazas de muerte (ver aparte).

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que encabeza la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, tendrá por primera vez la posibilidad de analizar la actuación de dos jueces en una causa sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Desde la vuelta de la democracia hubo pocas instancias de juzgamiento a funcionarios del Poder Judicial por su complicidad durante o después del terrorismo de Estado.

Con el voto de seis de sus nueve miembros, el jury (compuesto por jueces, abogados y legisladores) puede destituir a un juez. Hay un antecedente que juega en contra de los camaristas chaqueños: la fiscal ad hoc del caso de Margarita Belén, Ana María Torres, que escribió el dictamen en que ellos se basaron para liberar a los militares, fue exonerada porque el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien consideró que había contrariado intencionalmente el derecho para colaborar con la estrategia de la defensa.

El 13 de diciembre de 1976 un grupo de detenidos, alojado en la Alcaldía Policial del Resistencia, fue fusilado cerca de la Ruta 11 por personal que respondía a la VII Brigada, a cargo de Cristino Nicolaides, con el pretexto de un enfrentamiento en un traslado a Formosa. Fue uno de los tantos “traslados” con los que la dictadura disfrazaba las ejecuciones. Diecisiete personas fueron identificadas, pero hay otras cinco cuya identidad aún no se pudo establecer. Antes de que las mataran fueron torturadas durante horas.

La causa por homicidio, desaparición forzada y torturas, fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). No sólo están involucrados ex militares y policías, sino también miembros del ministerio Público y del Poder Judicial. Los fiscales Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, fueron denunciados por su presencia en sesiones de tortura. La fiscal expulsada, Torres, fue secretaria de Mazzoni.

En 2003, el juez federal del Chaco, Carlos Skidelsky, ordenó la detención de diez militares, tres de ellos en actividad, por la Masacre de Margarita Belén. Lo hizo después de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. El defensor oficial de los acusados, Carlos Pujol, presentó un hábeas corpus cuestionando las detenciones. Skidelsky se opuso y así fue como el tema llegó a los camaristas que hoy están en el banquillo. Inda, Fernández, y un tercer juez que falleció, Diómedes Rojas, concedieron el pedido a los militares: concluyeron que Skidelsky era incompetente y sus decisiones nulas.

Los camaristas fueron denunciados por el CELS con el apoyo de H.I.J.O.S del Chaco. Argumentaron que era ilegal apartar al juez y anular sus actos a través de un hábeas corpus. Destacaron que como con este tipo de recurso no se fija caución, estaba todo dado para la fuga de los imputados. Aunque los represores volvieron a quedar detenidos tiempo después, uno de ellos, Norberto Tosso, está prófugo. La semana pasada, al declarar como testigo, el abogado de H.I.J.O.S, Mario Bosch, dijo que se utilizó un hábeas corpus ilegalmente para “poner en indefensión a las víctimas” y lograr “una excarcelación disfrazada” de los militares.

El pasado presente

El Jurado de Enjuiciamiento revivió por un instante los horrores del terrorismo de Estado cuando el lunes pasado declaró Mirta Clara, la esposa de Néstor Sala, una de las víctimas de Margarita Belén. La sobreviviente relató cómo los detuvo en 1975 la patota de la Brigada de Investigaciones del Chaco, que comenzó a torturarlos en su propia casa. Ella estaba embarazada. Durante un traslado a Formosa se desató el trabajo de parto. Un policía le dijo: “Quédese tranquila, señora, si usted está en trabajo de parto, se lo hacemos acá, yo le corto el cordón umbilical”. En otro traslado junto a 45 mujeres, todas encapuchadas y esposadas, le quitaron su bebé, a quien logró recuperar meses más tarde. La mujer le explicó al jury que ella y su esposo habían denunciado las torturas en las causas que tenían abiertas en Resistencia y en Formosa, pero nadie las investigó. En su testimonio el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, se refirió al fallo de Inda y Fernández a favor de los genocidas como “un procedimiento revestido de las apariencias de una sentencia jurídica, pero que no es más que un acto arbitrario, un abuso de poder, con un fin preconcebido, que es burlar la aplicación de la ley y la Justicia para las víctimas de uno de los más graves crímenes cometidos en nuestro país”. Verbitsky puso la decisión de la cámara en contexto: “En esta causa hubo muchísimas presiones por parte del ex jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Ricardo Brinzoni, quien fue secretario general de la gobernación del Chaco en el momento de los homicidios”.

Los camaristas acusados hasta ahora se negaron a declarar ante el jurado. Los testigos que llevó Inda fueron “de concepto”, ya que no conocían los pormenores del caso sino que intentaron defenderlo como profesional y católico. Inda fue fiscal durante la dictadura y logró el ascenso a camarista en julio de 1976. El año pasado integró la Corte Suprema de conjueces que tenía que resolver la situación del ex supremo Antonio Boggiano y fue uno de los que votó eliminar su suspensión preventiva por reponerlo en el cargo 24 horas antes de que el Senado lo destituyera.

El miércoles será un día decisivo en el jury, ya que harán su alegato los abogados defensores y los consejeros Marcela Rodríguez (diputada del ARI) y Beinusz Szmukler (representante de los abogados). Ya cuando hicieron su descargo ante el Consejo de la Magistratura, los camaristas dijeron que se habían limitado a analizar si la detención de los militares era legítima y negaron complicidad.

Szmukler y Rodríguez defenderán la postura que tuvo el Consejo de la Magistratura cuando en octubre último suspendió a los dos camaristas. Dirán que al fallar en la causa, Inda y Fernández tomaron una decisión forzada, premeditada y contra derecho con el objetivo de beneficiar a los genocidas acusados de la masacre. Y que para asegurarse los efectos de su decisión montaron una persecución contra el fiscal Auat, que había puesto en evidencia la maniobra al reclamar prisión para los represores.