“Los primeros datos que surgen de la documentación que se encontró, y de la que surgió del allanamiento a la base naval, muestran una operación de espionaje muy grave”, dice el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en cuyo territorio se asienta la Base Aeronaval Almirante Zar, allanada el viernes por la Justicia por una denuncia de espionaje ilegal del CELS (ver aparte). “Hay incluso fotos tomadas en la puerta del cine donde daban la película Trelew, sobre los fusilamientos en la base en agosto de 1972. Estamos ante una operación de espionaje que existe a nivel nacional, porque aparentemente hay órdenes firmadas por el tercer hombre de la Armada, el comandante de Operaciones Navales, Eduardo Avilés. Estoy convencido de que esto no es exclusivo de Chubut: seguro que en Puerto Belgrano, el lugar de origen de Avilés, también hay operaciones ilegales de la misma índole.”

Das Neves personalmente se presentará hoy a las 10 ante el juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, para que la provincia sea tenida como querellante en la causa. El expediente se inició a raíz de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que encabeza Horacio Verbitsky, y además de un marino joven, que se negó a hacer trabajos de inteligencia y aportó elementos decisivos; existe gran expectativa por los resultados de peritaje que se realiza sobre la computadora secuestrada en la base naval. “Como gobernador de Chubut –cuenta Das Neves–, me enteré del caso de espionaje a raíz del allanamiento que se hizo en la Base Aeronaval Almirante Zar. Me lo informó el jefe de policía de nuestra provincia, que participó de esa diligencia junto con las autoridades judiciales. Quienes estuvieron allí están asombrados por la ilegalidad del espionaje, explícitamente prohibido por la ley, y hasta por los datos groseros que se encontraron. Análisis sobre los hijos de los funcionarios, elementos sobre la vida privada, incluso sobre supuestas adicciones a la bebida o relaciones personales. Es muy grave.

–¿Por qué cree que le hicieron espionaje a su gobierno?

–Bueno, parece que, para los parámetros de ellos, yo soy considerado de izquierda. Cuando estuve en el municipio de Trelew, cambié el nombre de la calle Estados Unidos por el de Soberanía Nacional e impulsé que el acceso a la ciudad se denomine Salvador Allende. En mi actual gestión puse en marcha la Subsecretaría de Derechos Humanos y puse al frente a Elisa Martínez, una mujer de 70 años que estuvo presa a raíz de los hechos de 1972. En total, en mi gobierno hay nueve personas que estuvieron presas. Parece que eso me llevó a ser sospechoso no sé de qué, y en la base naval se encontraron fotos de mis funcionarios y fotos de actos a los que yo concurrí. Se ve que decidieron hacerme un seguimiento.

–¿Es cierto que existe tensión por la reactivación del juicio sobre los fusilamientos de Trelew?

–Mire, lo concreto es que hay un seguimiento muy fuerte al abogado Eduardo Hualpa. El patrocina a familiares de las víctimas y en la documentación aparecen detalles de reuniones en las que él participó. Le aclaro que, por otro lado, estamos en negociaciones con el titular de la Aeronáutica, Eduardo Schiaffino, para que nos cedan el edificio del viejo aeropuerto, para que allí hagamos una especie de museo de la memoria. De manera que todo este trabajo de inteligencia de la Armada nos sorprendió.

–Hay fotos de sus funcionarios cuando emprendieron un viaje a Washington.

–Sí, es inaudito. Nosotros tenemos el caso de la desaparición del joven Iván Torre, un muchacho que, supuestamente, estaba en el mundo de la droga, con cobertura policial. Desde el 2003, cuando fue detenido, Torre está desaparecido y nosotros impulsamos el juicio político del juez que actuó en la causa, el doctor Herrera, que fue destituido por el Consejo de la Magistratura. El caso es tratado actualmente por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y por ello viajaron a Washington, a una audiencia en la CIDH, el fiscal de Estado, Jorge Miquelarena, y el fiscal Anticorrupción, Alejandro Panizzi. Hay fotos de su partida hacia la capital norteamericana.

Según reveló el CELS en una conferencia de prensa realizada el viernes, en la causa judicial se secuestraron fotos de un mueble archivero con carpetas que dicen “movimiento indigenista”, otra que dice “gremios” y otra “religión”. Respecto de las fotos de la función donde en Chubut se exhibió el documental Trelew, hay un informe escrito en el que se resume el contenido de la película: “Un grupo de delincuentes subversivos que intentaba fugarse de la U-6 resultaron muertos en la BAAZ (Base Aérea Almirante Zar), denominada como Masacre de Trelew”.

“Por la documentación que apareció, estamos ante una operación de inteligencia que tiene envergadura nacional –redondea Das Neves–. No creo que eso que vemos sea un hecho aislado, propio de algún grupo de oficiales de Chubut. No, eso no encaja. Según parece, hay órdenes del número tres de la fuerza, Avilés, y doy por seguro que debe haber la misma operación de inteligencia en otras bases, entre ellas la de Puerto Belgrano, la sede de Avilés. Tampoco veo que sea un hecho reciente. A primera vista diría que esto lleva dos o tres años. Por otra parte, algunas de las características de ese trabajo de inteligencia son verdaderamente despreciables. Comentarios escritos sobre la supuesta adicción a la bebida de un ex intendente, del que dicen se va a morir de cirrosis, datos sobre la vida personal de otros funcionarios. Es tan grave, que personalmente concurriré a las 10 de este lunes al juzgado para que mi gobierno sea admitido como querellante en la causa.”