“Ruti”, el presunto autor de la masacre narco de Bajo Flores, le teme a la muerte. Se prepara para la inminencia de un ataque entre los muros de la cárcel. Espera un golpe silencioso, un traslado imprevisto, el ruido de una navaja. Sobre todo desde que esta semana el juez Domingo Altieri lo procesó por cinco homicidios cometidos hace cuatro meses y medio durante la procesión del Señor de los Milagros. Ruti, cuyo nombre completo es Alionzo Rutillo Ramos Mariño, intenta protegerse del ataque: sus abogados le pidieron a la Justicia que lo saque del penal de Ezeiza, donde entre los presos hay varios que responden al otro jefe narco, el mismo que él quiso eliminar durante la matanza. “Mandó un oficio para que resguarden su integridad física. Dicen que lo van a matar si no lo mueven a Devoto, donde se sentiría seguro”, le contó una fuente judicial a Página/12. El juez en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso exclusivo este diario, sostiene que prima facie Ruti fue quien “planificó y llevó a cabo” los crímenes en complicidad con un grupo de sicarios.

Los miedos del procesado se fundan en varias certezas. Nadie mejor que él es consciente del destino de los capos que se han disputado las 30 manzanas de la villa 1.11.14 en las que habitan unas quince mil personas, a media hora del centro de la ciudad, casi al fondo de la avenida Bonorino. Justamente allí, sobre esa calle que se hace ancha cuando llega al tres mil, frente a la cancha de San Lorenzo, y sobre la que se levanta una feria popular, fue donde sonaron los disparos de ametralladoras y pistolas automáticas el 29 de octubre, a las 17.50, según establece el procesamiento de Ruti.

En el texto se puntualiza que “se le imputa haber matado a las siguientes personas”: Luz Angélica Mayorga Lazo, peruana de 36 años, con un balazo en el tórax y hemorragia interna; el bebé Nahuel José Zanabria Zurita, argentino, de siete meses, que murió desangrado por un disparo en el tórax cuando estaba colgado de su mamá; José Gabriel Magarzo, argentino de 20 años, con un tiro en la panza; Luis Hugo Baldeón Rojas, peruano de 41, a quien le dieron en el cráneo, y Héctor Eduardo Corvalán Molina, argentino de 29, con un tiro en el estómago. Otras seis personas sufrieron heridas en las piernas y los glúteos. El caso de M. (su nombre se reserva por cuestiones de seguridad), una mujer que recibió 12 disparos en las piernas y cuyo testimonio se convirtió en una de las piezas claves de la causa judicial, le significó al capo el procesamiento por intento de homicidio.

“El imputado y un grupo de personas –aún no identificadas en su totalidad– atacaron con diversas armas de fuego a una multitud que participaba en la procesión religiosa del Señor de los Milagros”, dice el escrito. “Dicho atentado habría tenido como objetivo dar muerte al líder de una banda rival”, explica. Se trata del hombre que desde 1999 maneja las reglas y el orden no escritos de la villa, y cuya historia ha sido ya contada por Página/12 bajo el alias de Salvador. Así como conduce a un ejército de jóvenes que controlan armados cada pasillo de la 1.11.14, el capo ha generado cierto apoyo por parte de los vecinos no vinculados a actividades ilegales. Ellos ven con buen ánimo que se les brinde una especie de seguridad privada antichorros. “El es como un presidente de la villa”, suelen decir quienes por un lado lo defienden y por otro le temen.

Los que se atreven a hablar bajo promesa de reserva de las fuentes coinciden en que la diferencia entre ambos capos es que Salvador genera lealtades tales como para que sus hombres y sus beneficiados maten por él sin más. En cambio, dicen, Ruti para mover a sus tropas debe pagar a cada soldado, como habría hecho con los que atacaron la procesión, a un promedio de seis mil dólares cada uno.

Además del testimonio de M., en el procesamiento se citan los de dos testigos de identidad reservada: A y B. El testigo A aportó al juez un celular que se le habría caído del bolsillo a uno de los sicarios que disparó en la masacre. En el teléfono la mayoría de los números grabados son de domicilios en la villa 31 de Retiro, el lugar donde Ruti se habría refugiado tras la matanza. El testigo B señaló que existían dos bandas de narcos enfrentadas. “Explicó que Salvador echó a Ruti de la villa para quedarse con el negocio de la droga y que este último comenzó a operar en la villa 31 de Retiro, infiltrando entre las filas de su rival a Alex Rodríguez, quien tras ser descubierto fue asesinado”, citó el juez.

Por fin, la testigo M. acusa a Ruti. Dice que primero sintió un balazo en el talón derecho y que se escondió entonces detrás de un puesto de hamburguesas, en la feria. “Al asomarse pudo ver claramente que un sujeto peruano apodado y conocido como Ruti le estaba disparando con una pistola de gran tamaño y color negro a un hombre que estaba tendido sobre el pavimento”, cuenta. La mujer dijo que la víctima a quien vio matar era Héctor Corbalán y que cuando vio la escena gritó. Al escucharla, contó, Ruti “volteó su mirada hacia el carrito, acercándose y abriendo fuego contra su persona pese a que le pedía clemencia, tras lo cual se marchó caminando hacia el lado del barrio Rivadavia, al tiempo que efectuaba tiros al aire”.

Tras el procesamiento, Ruti espera en prisión que el Servicio Penitenciario Federal le dé como destino la cárcel de Devoto, donde podría agenciarse cierta protección y escapar de la venganza que los enemigos ganados prometen sin decir palabra. El juez lo acusa de seis homicidios, uno de ellos en grado de tentativo. Y por posibles juicios civiles de los familiares de las víctimas mandó a trabar un embargo sobre sus bienes de un millón de pesos.