Sábado, 25 de marzo de 2006 | Hoy
EL PAíS › OPINION
Por Maria Eva Fuentes Walsh
El asesino de mi abuelo está vivo, está impune, está indultado. Emilio Eduardo Massera ordenó secuestrar, asesinar y desaparecer a mi abuelo Rodolfo Jorge Walsh. Y no podemos juzgarlo por eso. Emilio Massera ordenó saquear y bombardear la casa de mi abuelo en San Vicente. Pero no podemos juzgarlo por eso. Massera se robó personalmente la obra inédita de mi abuelo el escritor. Aunque por supuesto jamás lograremos juzgarlo por eso.
Los indultos en la Argentina están vigentes. Nadie los anuló, nadie los derogó. En la última sesión de la Cámara de Diputados antes de las elecciones de octubre pasado, mi madre entonces diputada logró después de años conseguir el dictamen favorable de las comisiones y la preferencia para que el proyecto de nulidad fuese tratado apenas se sentaran de nuevo en sus bancas. Pero esto nunca más sucedió. Cuatro meses estuvo la Cámara de Diputados sin sesionar siquiera una sola vez. Rompieron todos los records de inactividad conocidos hasta el momento. Pero son pocos los que hablaron al respecto.
Las nueve sesiones especiales en las que se intentó anular los indultos fracasaron porque el Partido Justicialista jamás se asomó por el recinto. De algunas, ni siquiera se conservan registros, porque se les negó a los diputados presentes el derecho a los taquígrafos. Pero existieron esas sesiones en minoría pedidas por mi madre y con el apoyo constante del ARI, los otros bloques de izquierda, algunos radicales, otros independientes, algún peronista rebelde y hasta legisladores de derecha que se atrevieron a bajar para discutirlos.
El 24 de marzo del año 2004, mientras el presidente Kirchner inauguraba el Museo de la ESMA, sesenta diputados opositores querían anular los indultos en otra sesión especial. Pero no pudieron entrar siquiera al recinto, porque el entonces presidente Camaño les cerró la puerta y les apagó la luz. No asistió un solo diputado del PJ ese día. Todos estaban en el acto del Museo. Pero ninguno de ellos podría asegurar fehacientemente que no estuvo caminando sobre los huesos de Rodolfo Walsh, mi abuelo y el padre de Patricia.
El 15 de marzo de este año, el PJ votó en contra del tratamiento sobre tablas pedido por Marcela Rodríguez, del ARI. Eso sí, todo el mundo votó a favor de conmemorar 30 años de impunidad con un feriado nacional.
No es cierto que se terminó la impunidad en la Argentina. Todavía seguimos esperando. No hay ningún condenado por este asesinato. Y los máximos genocidas se mueren indultados.
Hagan Justicia. Anulen sus infames indultos. Condenen a sus asesinos. Díganme cuál sería su tumba. Dónde está mi abuelo. Qué hicieron con él. Busquen su obra inédita. Y entonces sí, recién ahí, después de todo eso, tal vez puedan hacer de los derechos humanos su causa y su bandera. Mientras tanto, no se arroguen más ese derecho. El asesinato de mi abuelo sigue impune. Al igual que todos los demás. Acá no ha cambiado nada.
Hoy hace 29 años que la Justicia argentina está de feria en el caso Rodolfo Walsh. No nos hacía falta ninguna ridícula ley para saberlo.
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