No es tarea sencilla realizar un ranking de irregularidades de las privatizadas. Se puede mencionar la venta del paquete de control estatal a la española Repsol, en 1998, cuando el precio del crudo estaba por el piso, con la vidriosa intermediación del ex ministro de Obras Públicas del menemismo Roberto Dromi. Pero la petrolera siguió extrayendo crudo y vendiendo naftas en remodeladas estaciones de servicios. No fue muy pulcra, para expresarlo en términos educados, la división de ENTel para entregarla a la española Telefónica y a la sociedad franco-italiana Telecom-Stet. Pero después las telefónicas, con tarifas fuertemente elevadas antes de esa enajenación de bienes públicos, ampliaron el servicio y en las áreas que les importaba ya no hay que esperar por tener una línea. En gas y en electricidad la dinámica de las privatizaciones tuvieron ese recorrido claroscuro, más volcado a las sombras que a la transparencia. Sin embargo, con el riesgo de pecar de injusto, el primer lugar de ese podio le corresponde a Aguas Argentinas, aunque compite cabeza a cabeza con la venta y posterior funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Han sido tantos los incumplimientos y las irregularidades que contabiliza la historia de 13 años de los franceses de Suez manejando un servicio sensible para la salud de la población que la reacción indignada por la rescisión del contrato ratifica otra vez más que en soberbia París no tiene competencia.

Algunas gotitas para justificar el primer lugar de ese ranking, a saber:

- El grupo Macri, que perdió frente a los franceses, estaba convencido, en el día de apertura de los sobres de las ofertas, que le habían pinchado los teléfonos para conocer su propuesta y mejorarla. Ganó el conglomerado liderado en ese entonces por Lyonnaise des Eaux-Dumez de Francia por una diferencia mínima en el descuento a la tarifa –se competía por la rebaja– de 0,8 puntos porcentuales.

- Las tarifas no se podían tocar hasta el 2003. Sin embargo, esa oferta oportunista tuvo sucesivas renegociaciones poco transparentes con el Estado, hasta casi duplicar y dolarizar la tarifa.

- Los accionistas tomaron la decisión de endeudarse irresponsablemente en el mercado de capitales, para no comprometer aportes propios ni reinvertir utilidades en el plan de inversiones.

- A pesar de esos millonarios recursos, las inversiones han sido una de las debilidades de Aguas, pese a la interpretación autocomplaciente de su gestión en el comunicado de descargo. Según un informe del ente de regulación de esa privatizada, en el primer quinquenio de la concesión se previeron obras por 1449 millones de pesos, pero sólo se ejecutaron 837 millones (58 por ciento) En el segundo quinquenio el resultado no fue mejor: entre 1999 y 2002 se habían previsto obras por 752 millones de pesos y sólo se realizaron 428 millones (57 por ciento).

- La falta de inversiones impactó en la calidad del agua y en la baja presión en varios distritos.

- La política de explotación de los recursos hídricos generó desequilibrios provocando, por caso, inundaciones con aguas servidas que emergen de las napas.

- La estrategia de compras de insumos a empresas vinculadas, mediante operaciones de triangulación, permitió el desvío de utilidades adicionales al grupo de control.

- También la asignación de millonarios contratos de obras a firmas vinculadas.

Ante esas graves maniobras, que no son las únicas pero sí las más importantes y que no eran desconocidas por los funcionarios, ¿por qué el Gobierno esperó tanto para estatizar ese servicio teniendo en cuenta esos antecedentes y, en especial, el riesgo para la salud de un sector de la población por el agua entregada por la compañía? Ahora promete una investigación total sobre Aguas Argentinas. Más vale tarde que nunca. Pero, ¿quién hará esa investigación? Carlos Ben, el flamante presidente de Aguas y Saneamiento Argentinos, fue un ejecutivo relevante de Aguas Argentinas. Y el otro hombre fuerte de la flamante empresa estatal, José Luis Lingeri, líder del sindicato de trabajadores de la compañía, apoyó la privatización y luego tuvo una estrecha relación con los franceses. Tan estrecha que el copiloto del corredor de TC Christian Ledesma es su hijo, y el auto tiene el auspicio de Aguas Argentinas, en la trompa del Chevrolet.

El grupo Suez, apoyado por el gobierno de Jacques Chirac, reveló en su primera reacción a la estatización lo único que considera importante de la concesión: los dólares. Al menos para guardar las formas hubiera respondido a la terrible denuncia de proveer agua contaminada con elevados grados de nitratos a una área poblada por 300 mil personas. En cambio, el exclusivo contraataque de los franceses a la principal causa de la rescisión, luego de reponerse a la inesperada movida del Gobierno, fue la de reiterar que continuarán con el juicio contra Argentina en el tribunal Ciadi por 1700 millones de dólares. Ese monto es reclamado por Suez y sus socios Aguas de Barcelona y Vivendi como compensación por las inversiones y por el supuesto perjuicio económico de la devaluación y el congelamiento de las tarifas. Con oportuna ironía, el investigador Daniel Azpiazu se pregunta si “acaso a alguna empresa radicada en Estados Unidos, endeudada en euros, se le ocurriría plantear una demanda formal al gobierno de George W. Bush reclamándole algún tipo de resarcimiento compensatorio por el acentuado proceso de revalorización del euro frente al dólar”.

El Centro Internacional para el Arreglo de Disputados sobre Inversiones (Ciadi) es un organismo dependiente del Banco Mundial, y como tal no es imparcial. Ese tribunal es la herramienta de presión de las privatizadas en las negociaciones de los nuevos contratos. La estrategia del Gobierno no ha sido, más allá de la denuncia mediática, construir una política para quedar fuera de esa trampa. Ha preferido negociar con las firmas la suspensión y posterior desistimiento de los juicios como prenda de intercambio del nuevo contrato de prestación del servicio público. Hasta ahora le ha dado resultado, salvo con la estadounidense CMS Energy, compañía que ya tuvo el fallo a favor. Pero el caso de Aguas Argentinas será una prueba de fuego y mostrará la hipocresía de ese andamiaje jurídico internacional. Uno de los socios de Aguas Argentinas es la Corporación Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial para atender al sector privado, con el 5 por ciento del paquete accionario. Además fue acreedor de la compañía por 125 millones de dólares, pasivo que Suez recompró hace un par de meses. En esa demanda contra Argentina se presenta la peculiaridad de que las figuras de acreedor, accionista y juez se concentran en una misma entidad: el Banco Mundial. Nadie se atrevería a especular que el futuro fallo del Ciadi por esa demanda pueda favorecer a la Argentina. Todo es un absurdo, incluso el monto millonario reclamado por Suez, que no tiene otra lógica que poner muchos ceros en el casillero de indemnización. Esas sumas disparatadas fueron registradas por las privatizadas en sus respectivas demandas porque no tienen ningún costo económico en el proceso, como sí existen en cualquier juicio en tribunales nacionales. Así quedó demostrado en el desistimiento de Telefónica y Telecom, por más de 2500 millones de dólares cada una, a cambio de un acuerdo que significará una ganancia de pocos millones por leves cambios en el cuadro tarifario.

En la instancia del Ciadi es donde queda en evidencia la fenomenal trampa que constituyeron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), firmados durante la década del ’90 con casi 60 países y que el Gobierno sigue renovándolos sin denunciarlos. Esos tratados disponen que las controversias jurídicas con compañías extranjeras tengan ámbito de resolución en el Ciadi. En realidad, esos TBI fueron fruto de la presión de esas empresas debido a las insuficiencias legales del proceso privatizador. En otras palabras, la inconsistencia de un plan económico, la corrupción asociada a las privatizaciones y la ausencia de marcos regulatorios establecidos por ley –excepto en gas y electricidad– necesitaban de los TBI. El economista Alejandro Peyrou, especialista en el tema, en un documento presentado en el marco del Plan Fénix, lo expresa con sutileza: “Podría pensarse que la firma de los tratados constituyó el reaseguro jurídico para inversiones sumamente lucrativas que ya tenían incluido el riesgo país en sus estimaciones de rentabilidad”.

Mientras no se los denuncie, renegocie o reinterprete, los TBI seguirán vigente, con potenciales iguales demandas de multinacionales contra el país por ejercer éste la potestad de realizar una propia política económica. Como sucede ahora con Aguas Argentinas. En el proyecto de ley de un nuevo Régimen Nacional de Servicios Públicos se dispone que las controversias jurídicas tengan ámbito de resolución en la jurisdicción nacional, para no volver a caer en la trampa de los ’90 de perderla a favor de tribunales internacionales, como el Ciadi. Ese proyecto de regulación de las privatizadas está durmiendo el sueño de los justos en algún cajón del Congreso.