El Gobierno estudia un aumento del salario mínimo de alrededor de 100 pesos. Por eso en las próximos días abrirá las negociaciones con gremios y empresarios bajo el paraguas del tripartito Consejo del Salario. En la actualidad ningún empleado privado gana menos de 630 pesos.

La decisión oficial de mejorar los ingresos de los asalariados llegó a los oídos de Hugo Moyano durante su reciente visita a la Casa Rosada. El titular de la CGT estuvo reunido con Néstor Kirchner y Alberto Fernández. El Presidente y el jefe de Gabinete alentaron que el incremento sea canalizado rápidamente.

La primera señal de que aquellas palabras no eran meros gestos voluntaristas fue el pedido que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, realizó tanto a la CGT como a los empresarios para que definan los nombres de sus representantes en el Consejo.

Este ámbito, que presiden el ministro o el secretario de Trabajo, está integrado por 16 representantes de los empleadores (dos por el Gobierno, dos por las provincias y 12 por el sector privado) y 16 representantes de los trabajadores. Una vez que se defina ese listado, que también incluye a miembros de la central alternativa CTA, el ministro de Trabajo tendrá todos los elementos para dar el segundo paso: el llamado a la apertura formal de las negociaciones.

A los ojos de la CGT, y de muchos habitantes de la Casa Rosada, esto deberá ocurrir antes del próximo jueves. Para ese día está citado el Comité Central Confederal, una suerte de “Parlamento de los trabajadores” que amenaza con meter presión votando protestas, en ese amplio abanico que va desde una simple concentración hasta un paro general.

Moyano espera entonces esa prueba de amor de Kirchner que al líder cegetista le servirá para descomprimir la interna gremial y seguir acumulando poder, y al Presidente para evitar el avance de sectores sindicales más lejanos al Gobierno, como el barrionuevismo o los “gordos”, que son precisamente los que alimentaron la reunión del amenazante Comité Central Confederal.

El intercambio de “favores” es más abarcativo. El Gobierno ya le solicitó a Moyano que interceda en todos y cada uno de los gremios de transporte para atemperar los ánimos que suelen crisparse en vísperas de Semana Santa. Mientras pone los camiones en la calle, simultáneamente el sindicalista ofrece gestos de evidente colaboración, aunque no todo el mundo se entere.

Un caso paradigmático fue el viaje de su amigo el colectivero Juan Manuel Palacios a España para que, a instancias del embajador en Madrid, Carlos Bettini, busque una salida al conflicto de Aerolíneas Argentinas. Sólo Palacios, quien además de dirigente colectivero tiene un cargo en una organización internacional del transporte, sabe lo que allí sucedió. Moyano igualmente prometió meter sus narices en el complejo entramado de gremios aeronáuticos –aunque muchos no le responden– para que bajen un cambio.

Kirchner viene accediendo, con sus tiempos, a un paquete de medidas que le acerca el asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, a la sazón diputado oficialista desde octubre y presidente de la Comisión de Legislación Laboral. Semanas atrás modificó el mínimo imponible en Ganancias y mejoró el seguro de desempleo. Ahora avanza en la restitución de un viejo derecho que impide al patrón disponer cambios en la situación laboral de los trabajadores, y además promueve eliminar los topes indemnizatorios vigentes, entre tantas otras cosas.

No hace falta destacar el lugar que la Casa Rosada otorga a la CGT en su esquema de poder. El gremialista José Luis Lingeri logró tener un lugar preponderante en el manejo de la reestatizada Aguas Argentinas, ahorallamada Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), y Moyano podría recibir el guiño oficial para tener participación en el directorio del ferrocarril Belgrano Cargas.

La convocatoria del Consejo del Salario será otra medallita que piensa lucir el camionero. En el 2003, a través de un recurso de amparo, logró desempolvar ese ámbito tripartito que estaba inactivo desde 1993. Así se puso fin al irrisorio piso de 200 pesos. Y en otras dos reuniones, en los últimos dos años, lo llevaron a los 630 pesos actuales.

Formalmente, la CGT anunció que quiere un salario mínimo de 850 pesos, para ponerlo encima de la línea de pobreza. De todos modos, reconoce que ese ingreso de referencia se toma en cuenta para una familia tipo con dos hijos y no para un trabajador soltero y sin carga familiar. Por eso, se dará por satisfecha si finalmente se impone un incremento del salario mínimo del orden de los 100 a los 150 pesos, la cifra que aspiraría a conseguir.

Si bien el impacto sobre el salario es relativo, ya que muchos trabajadores cobraban el mínimo en blanco y el resto en negro, la mejora obligará a las empresas a abonar las cargas sociales sobre un haber legal más alto, lo que mejoraría los ingresos de la seguridad social y del Estado.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que “el salario mínimo, vital y móvil es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegura alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión”.

Dicho de otro modo, ningún empleador puede abonar a un trabajador mayor de 18 años un sueldo inferior al mínimo. Y si tiene hijos, a ese valor hay que sumarle asignaciones familiares. Las mejoras de éstas son precisamente otros de los reclamos que llevó Moyano a la Rosada. A nada le dijeron que no, pero para todo le pidieron respetar los tiempos de Kirchner.