La ministra de Defensa, Nilda Garré, consideró “negativo” mantener a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos en dependencias de las Fuerzas Armadas y, tal como adelantó Página/12, confirmó que su cartera se presentará en la Justicia para reclamar que los represores sean alojados en cárceles comunes. “Los regimientos no están hechos para ser lugares de detención. Pero eso no es lo que más nos preocupa, porque podrían adaptarse, sino una diferenciación en los detenidos en la Argentina”, explicó la ministra.

Garré destacó que cuando se está instalando una “cultura de respeto a los valores esenciales de la vida y la dignidad, de los derechos humanos, los oficiales y suboficiales están en contacto con personas que negaron todo eso. Esta es una contradicción que nos parece negativa. El único camino posible, que estamos estudiando, sería presentarse ante los jueces con este planteo, porque la decisión es judicial”, afirmó.

El Ministerio de Defensa tiene en preparación una resolución detallando los argumentos de por qué los militares procesados no deben permanecer en unidades de las fuerzas. “No encuentra fundamento legal alguno, ni las Fuerzas Armadas poseen especialidad penitenciaria”, sostiene el borrador. Luego, Defensa deberá esperar que los jueces que ordenaron esas detenciones en situación de privilegio tengan una buena predisposición para reverlas.

El Congreso también buscará incidir en el tema. Esta semana comenzará a ser debatida en comisión una propuesta redactada por los diputados Gerónimo Vargas Aignasse y Beatriz Rojkes de Alperovich para eximir del beneficio de prisión domiciliaria a los militares mayores de 70 años.