Las 253 cintas de carrete abierto informático en las que se almacenó toda la información sobre las personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar fueron destruidas en la Jefatura de Inteligencia del Ejército, durante la gestión del senador Eduardo Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo, cuando Horacio Jaunarena era ministro de Defensa y Ricardo Brinzoni Jefe de Estado Mayor del Ejército. Esto habría ocurrido el 7 de agosto de 2002 si se diera crédito a un acta que el Ejército entregó a la Justicia para explicar la inexplicable desaparición de ese material. Según el acta, esas cintas serían incompatibles con la actual tecnología y la “destrucción física y baja definitiva” de ese material se habría ordenado “por obsoleto, anticuado y caído en desuso”. Sin embargo, la misma acta “deja fehaciente constancia de que dicho material carece totalmente de información, datos y/o registro de toda índole”, afirmación que contradice su presunta obsolescencia. Esto hace sospechar sobre la falsedad ideológica del Acta, entregada por el Ejército al juez federal Guillermo Montenegro, quien el mes pasado allanó la jefatura del Estado Mayor y constató que el material había desaparecido del lugar de almacenamiento. Si el material ha caído en desuso, ¿cómo es posible afirmar que no había en él información útil?

La pista original me fue suministrada por un político que desempeñó funciones públicas en todos los gobiernos habidos desde 1980, quien a su vez la había recibido de alguien con manifiesto conocimiento interno sobre los lugares y los mecanismos de la inteligencia castrense. El 19 de enero de 1999, luego de una verificación preliminar que acreditó la calidad de la fuente y la verosimilitud de lo que afirmaba, puse los datos en conocimiento del juez federal Adolfo Bagnasco, quien instruía la causa Nicolaides, por el robo de bebés. El fiscal Miguel Angel Osorio requirió el allanamiento y Bagnasco lo ordenó. De acuerdo con las precisas indicaciones del plano trazado por el informante, la comisión judicial llegó sin error ni vacilación a una oficina del séptimo piso del bunker castrense de Paseo Colón. Resultó ser nada menos que la cintoteca informática de la Jefatura de Inteligencia del Ejército. De acuerdo con la denuncia, la información sobre la guerra sucia estaba contenida en una serie de rollos de computadora Bull, una tecnología francesa que el Ejército usaba en aquellos años pero que ha abandonado. En el allanamiento fue posible establecer que los datos originados en ese soporte magnético habían sido comprimidos, encriptados y transferidos a discos de otras tecnologías más modernas. A pedido del Ejército, que adujo consideraciones de defensa nacional, Bagnasco no secuestró el material sino que lo reservó en la misma oficina en la que había sido hallado y ordenó su peritaje a la Policía Federal. Sin las claves, que el Ejército jamás suministró, no fue posible identificar los discos a los cuales se habían transferido los datos originales. También fracasó el intento de abrir archivos para constatar su contenido. El juez no ordenó el secuestro del material ni solicitó la colaboración de especialistas nacionales o extranjeros para quebrar los códigos secretos.

La segunda desaparición

Luego de la renuncia de Bagnasco, Montenegro obtuvo por concurso ante el Consejo de la Magistratura la designación en el juzgado federal 7. Al revisar el expediente del robo de bebés descubrió que Bagnasco no había dado ninguna indicación acerca del procedimiento a seguir con el material que dejó en manos del Ejército. El mes pasado, Montenegro allanó nuevamente el Estado Mayor y con el mismo plano llegó hasta el mismo lugar. Pero la sala estaba vacía. El actual jefe de Estado Mayor, Roberto Bendini, le dijo que el material había sido destruido. Montenegro le reclamó el acta de destrucción que prevén los reglamentos militares y Bendini, se la envió. En realidad son dos actas: una de noviembre de 2000, en la que el entonces jefe de Sistemas y Comunicaciones de la jefatura de inteligencia, coronel Esteban Guillermo Carlucci, rompió la faja y levantó la clausura de la cintoteca; la otra, del 7 de agosto de 2002, que da cuenta de la presunta destrucción del material. La firman el coronel Adalberto Alfonso y el mayor Gastón Irigoyen, como jefe y subjefe del Departamento de Sistemas y Comunicaciones; el suboficial Juan D. Bazán, como supervisor de la Cintoteca; el agente civil de inteligencia Norberto A. Gómez, como encargado de la Cintoteca; y los agentes civiles de Inteligencia Manuel Llerena y Dante E. Razzani, como supuestos encargados de la destrucción del material. El acta no dice de qué modo se habría consumado. No sería superfluo que el juez Montenegro investigara si las afirmaciones del Acta coinciden con la realidad o constituyen la segunda desaparición de los desaparecidos por parte de una estructura más resistente de lo que desearía el Gobierno nacional a dejar atrás la sombra de Videla, Viola, Galtieri y Bignone.