El gobierno uruguayo dio su propia versión sobre las papeleras por cadena nacional. En el edificio Libertad, sede del Ejecutivo, rodeado de su gabinete, líderes de distintos partidos, legisladores y funcionarios –y de estrictas medidas de seguridad–, el presidente Tabaré Vázquez escuchó la disertación de especialistas “independientes”, al intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, donde se construyen las plantas de Botnia y Ence, y la del ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana. Todos defendieron la instalación de las plantas de celulosa, afirmaron que se hicieron los estudios de impacto ambiental y minimizaron la posibilidad de contaminación. Afuera, un grupo de ambientalistas repudió la decisión. Desde la Argentina, el canciller Jorge Taiana respondió a los argumentos esgrimidos por los uruguayos: “No existió acuerdo alguno para modificar el Estatuto del Río Uruguay de 1975”, remarcó.

Uruguay fijó anoche su posición frente a la construcción de dos pasteras en la localidad de Fray Bentos, a través de cuatro expositores que defendieron los emprendimientos y minimizaron el impacto ambiental negativo que puedan ocasionar. Los primeros en exponer frente a Tabaré –y en cadena de radio y televisión– fueron el ex funcionario de la Cancillería Felipe Paolillo y el ex director de Medio Ambiente Andrés Saizar, ambos de la gestión de Jorge Batlle. “Los estudios de impacto ambiental de las plantas se hicieron y se dictaron las autorizaciones ambientales que imponen las condiciones que aseguran un correcto funcionamiento de las plantas y cuyo contenido es público”, sostuvo Saidar y señaló que “se trabajó intensamente y con profunda seriedad”.

Los argumentos políticos también los brindó un ex funcionario de Batlle: Paolillo. “El 2 de marzo de 2004 se realizó una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores Operti y Bielsa, que llegaron a un entendimiento sobre el tema”. Luego agregó que “el entendimiento fue importante y el presidente (Néstor) Kirchner los incluyó en la memoria anual del Estado de la Nación de 2004, que dirigió al Congreso”.

Indicó que “en esa memoria el presidente Kirchner le informa al Congreso que ambos países firmaron un acuerdo bilateral poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos”. Para Paolillo “eso quiere decir que los dos países, que en 1975 acordaron un procedimiento especial para transmitir información y formular observaciones, decidieron al más alto nivel cambiar el procedimiento y lo utilizaron”.

Un planteo que rápidamente fue desmentido por la Cancillería argentina. “No existió acuerdo alguno con el Uruguay para modificar el Estatuto del Río Uruguay de 1975, un instrumento bilateral en pleno vigor entre ambos países”, respondió el canciller, anoche, a su regreso de Chile. Taiana expresó que “de los mismos dichos de los funcionarios uruguayos que expusieron, surge claramente que el Uruguay no cumplió con las obligaciones a su cargo previstas en el Estatuto de 1975, en relación con las plantas proyectadas y obras conexas”.

El canciller argentino dijo que “la persistencia del Uruguay en su actitud no dejó a la Argentina otro remedio que recurrir al procedimiento de solución de controversias previsto en el Estatuto: la Corte Internacional de Justicia”, y prefirió no explayarse sobre la estrategia legal ante el Tribunal de La Haya.

A dos cuadras de la sede gubernamental, ambientalistas uruguayos reclamaban la utilización de la cadena nacional para expresar su postura contraria a la construcción de las pasteras. Pero el gobierno de Tabaré ya había tomados sus recaudos: no quería que una protesta y, menos, la aparición de una nueva Evangelina Carrozo, empañara sus argumentos.