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Los espías del caso AMIA, pegados al libreto de la obediencia debida

Un ex agente de inteligencia admitió que intervino en el pago ilegal a Telleldín al declarar en la causa sobre el encubrimiento. Dijo que cumplía órdenes del ex juez Galeano y del entonces jefe de la SIDE. Anzorreguy declara hoy y acusaría a Carlos Menem.

 Por Irina Hauser

Alejandro Brousson, un hombre que concentró poder dentro de la SIDE en los ’90, reconoció ante el juez federal Ariel Lijo que participó en el pago (ilegal) de 400 mil dólares a Carlos Telleldín durante la investigación del atentado a la AMIA. Dijo que lo hizo por indicación de Patricio Finnen, otro ex espía, que a su vez recibía instrucciones del secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy. El entonces agente sostuvo que el ex juez Juan José Galeano fue quien orquestó la maniobra. Finnen comenzó a ser indagado ayer a la tarde y seguirá declarando hoy. También Anzorreguy está citado como sospechoso para las diez de la mañana. Sus allegados dicen que se presentará y dirá que entregó la plata “por orden del presidente” Carlos Menem.

Tanto el ex “señor cinco” como los dos ex espías están acusados de peculado (sustracción de dinero público), un delito que prevé entre dos y diez años prisión. Cuando el juez Lijo los citó a declarar en la causa que busca desentrañar el encubrimiento judicial y político –que incluyó la fabricación de pruebas– del atentado a la AMIA, señaló que hay suficientes pruebas que los involucran en el pago que se le hizo a Telleldín con dinero de la SIDE, a cambio de que involucrara un grupo de policías bonaerenses liderados por Juan José Ribelli.

Brousson, de 51 años, llevó un escrito con su versión y contestó preguntas de los fiscales Carlos Cearras y Patricio Evers. La explicación coincidió con la que dio en 2003, en el juicio oral por el ataque terrorista, donde era sólo testigo. Esta vez, como acusado, dijo que en junio de 1996 el ex agente Finnen le indicó que tendría que pagarle 400 mil dólares “a una persona” en dos cuotas. Contó que su colega le dio el dinero y él lo guardó en una caja fuerte de su oficina hasta que recibió la orden de ir a los tribunales federales, en el momento en que estaba declarando Telleldín, a quien vio a través de un monitor en un despacho del juzgado de Galeano. Fue el famoso video que luego se emitió por TV, donde el juez negociaba con el acusado.

Brousson aseguró que no supo que se trataba del reducidor de autos hasta mucho después. Alegó que él no participaba en la pesquisa del atentado. En cambio, aseguró que Galeano era el organizador del pago, que se concretó bajo órdenes de Anzorreguy.

El primer pago, de 200 mil dólares, se hizo el 5 de julio de 1996, el día que Telleldín declaró que les había entregado a los policías bonaerenses la camioneta que se usó como coche bomba. La plata se la entregaron a Ana Boragni, la esposa del armador de autos truchos. Brousson y otros agentes participaron en aquel operativo y también en la segunda entrega, el 17 de octubre del mismo año.

Brousson y Finnen pertenecían a la dirección de antiterrorismo de la SIDE y conformaron la llamada “Sala Patria” del organismo, que oponía a los criterios de la de contrainteligencia que lideraba Jaime Stiusso, quien cuestionaba la línea de Galeano. Decía que lo coherente era que los islámicos confiaran en islámicos para hacer un atentado y no en una banda de policías.

Finnen, de 54 años, se presentó a declarar, pero pasó varias horas revisando las 384 pruebas que tiene el juzgado en su contra. Según fuentes judiciales, contestó algunas preguntas, pero no avanzó en detalles. El interrogatorio seguirá hoy. Durante el juicio oral, Finnen declaró que recibió el dinero de Anzorreguy, quien le explicó que la suma había sido requerida por Galeano para la causa AMIA.

Anzorreguy se presentará hoy y, según sus colaboradores, dirá que autorizó la entrega de los 400 mil dólares por pedido de Galeano y por orden de Menem. Aclarará que eran “fondos reservados” de la SIDE habilitados para “colaborar con la Justicia”. Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia están acusados también de peculado y delitos todavía más graves, como privación ilegal de la libertad.

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El edificio de la SIDE, de donde salieron los 400 mil dólares para comprar una versión del atentado.
Imagen: Jorge Larrosa
 
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