El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, declaró ayer que está “en total acuerdo con el deseo de la joven” discapacitada a quien la Justicia le impidió la interrupción de su embarazo de cuatro meses producto de una violación.

“Considero que tiene pleno derecho y ojalá la Suprema Corte le dé la razón”, afirmó Solá por la tarde en un acto en los Astilleros Río Santiago, en la localidad de Ensenada.

En sintonía con esa postura, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia enviará una nota a la Suprema Corte bonaerense para solicitar el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal, que prevé expresamente que no es punible el aborto cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.

La Procuración General de la provincia, cuya titular es María del Carmen Falbo, se expedirá hoy a favor del reclamo de la familia de la chica, que tiene 19 años pero una edad mental de 8. El pronunciamiento será la base sobre la cual deberá sentenciar el máximo tribunal de la provincia. Quienes conocen con detalle a la Suprema Corte bonaerense estiman que los jueces acompañarán la postura de Falbo y fallarán revirtiendo la decisión de la Cámara Civil de La Plata.