A pesar de los pataleos de la oposición y ante la falta de una estrategia conjunta de este sector, el oficialismo en Diputados se prepara para aprobar mañana con comodidad el proyecto de ley que faculta de forma permanente al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias a partir de la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. El jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, explicitó su optimismo al asegurar que van a “conseguir el quórum necesario” para la sesión que, aunque se produce en medio del receso invernal, imagina con asistencia suficiente. Por su parte, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical consideró que, al igual que los decretos de necesidad y urgencia (DNU), esta iniciativa oficial constituye “una amenaza grave para el pluralismo y la democracia” y es una “inaceptable política destinada a obtener la concentración ilimitada del poder”.

El radicalismo está alerta porque teme que vuelva a repetirse el escenario de la aprobación de la ley sobre los DNU, es decir, que los diputados que responden a los gobernadores de ese partido amigos del Gobierno se pronuncien una vez más en sintonía con la Rosada. Sin embargo, una fuente de la UCR desmintió a este diario que hubiera riesgo de fractura en el bloque, más allá de que la conducción vuelva a sufrir un dolor de cabeza. La demanda judicial por inconstitucionalidad que preparan la presentarían a posteriori de la sanción de la ley.

Para que los llamados superpoderes se transformen en ley, los hombres K necesitan mayoría simple, y en sus cálculos optimistas aspiran a conseguir 130 diputados sentados y sumar al centenar de votos propios unos 15 que aportará el duhaldismo residual dialoguista (que conduce el diputado José María Díaz Bancalari), a los que podría agregarse la adhesión de los cordobeses del Partido Nuevo y los radicales díscolos. Entre los seguidores del ex presidente Eduardo Duhalde, la voz discordante sería la de Graciela Camaño, si es que se hace presente. Y dentro del partido del intendente de Córdoba, Luis Juez, la que está en desacuerdo con los superpoderes es la diputada y periodista Norma Morandini.

“Lamento que la oposición tenga como estrategia permanente no dar quórum. Que critique está en todo su derecho, pero que la única estrategia legislativa sea evitar que se sesione, me parece que no le hace bien al Congreso”, comentó el santafesino Rossi. En relación con el proyecto, expresó que “lo de permanente es un hecho de sinceramiento y deja de ser coyuntural, porque al modificarse la ley le va a servir a este jefe de Gabinete y al que viene, porque no va a depender de una mayoría circunstancial que tenga en cada una de las Cámaras legislativas”. Al mismo tiempo, Rossi señaló que “lo que se presumía que era un hecho excepcional, la práctica ha demostrado que es un hecho cotidiano”, y recalcó que “lo que hay que hacer es sincerar lo que estábamos planteando y producir la modificación de la ley, que fue hecha en el año ‘92, antes de que existiera la figura del jefe de Gabinete”.

Mientras que el bloque del Frente para la Victoria-PJ argumenta que la propuesta no supone una delegación de facultades parlamentarias en el Poder Ejecutivo, los opositores afirman exactamente lo contrario. Los bloques que rechazan la iniciativa sostienen que avanza de manera irremediable sobre atribuciones de la Cámara baja en materia presupuestaria. Un grupo de dirigentes opositores volvió a proponer para el miércoles un abrazo al Congreso (ver aparte).

A pocas horas del debate, el diputado justicialista Oscar Lamberto reconoció que el Congreso “no tiene herramientas para controlar” el presupuesto nacional y consideró “poco significativo” el debate sobre los poderes especiales para la Jefatura de Gabinete. “Sólo una vez en la historia se mandó un proyecto al Congreso para modificar una partida. El resto de los años se corregía el presupuesto con un decreto al final del año. Algunas veces se usaba la cuenta de Obligaciones del Tesoro para pasar recursos de un lado a otro. Pero en los últimos años directamente se incluía un artículo para que el Congreso autorizara a incumplir la Ley de Administración Financiera”, explicó el legislador experto en temas presupuestarios.