El ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes fue procesado ayer por el delito de malversación de caudales públicos para comprar un coto de caza en la Patagonia. La maniobra habría perjudicado al Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión, como jefe de Gobierno porteño, de Fernando de la Rúa, quien ya declaró como testigo a mediados de agosto.

Los abogados del banquero habían argumentado que la causa había prescripto, pero el juez Juan Ramos Padilla no opinó lo mismo y, además del procesamiento, trabó un embargo por tres millones de pesos sobre los bienes del acusado.

Este es el segundo procesamiento de De Santibañes, que tenía prohibido salir del país por este caso. El primero es por cohecho, en la causa por las coimas en el Senado.

Ramos Padilla también dictó el procesamiento de ex directivos de la entidad crediticia porteña, en una severa resolución en la que se calificó como “lamentable” y “deficiente” la actuación de los magistrados que antecedieron en este caso y, en su momento, dictaron la falta de mérito de todos los imputados.

La causa gira en torno de la compra de un predio de 3000 hectáreas en la provincia de Neuquén, manejado por la empresa Parque Diana, que según especialistas en bienes raíces es “un paraíso con ríos, lagos y montañas”. A mediados de los ’90, el predio se encontraba en concurso preventivo y la Justicia comercial había declarado como “admisible” un crédito del Banco Ciudad por 17.302.405 pesos/dólares. En 1997, De Santibañes se quedó con el lugar comprando este crédito, por diez millones de dólares menos. Según el juez, “se acredita un concierto de voluntades enderezado a perjudicar las arcas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, que terminó cediendo su crédito a la firma Montford Finance Ltd., presuntamente propiedad de De Santibañes, por sólo siete millones de pesos.

Sobre esa base, Ramos Padilla dictó el procesamiento sin prisión preventiva y embargos a Horacio Chighizola (ex titular del Banco de la Ciudad), Aníbal Reyes Oribe, Francisco Javier Iraola, Francisco García Moya y a los propietarios originarios de Parque Diana: Elena Beatriz Alfonso y Santiago Obarrio. “Sólo existe apariencia de legalidad en una comprobada ilicitud mediante la cual, en perjuicio de los dineros públicos y algunos acreedores, se apoderaron de la mejor garantía para el cobro de un crédito que a esta altura no se sabe cómo se pagó si es que alguien lo ha pagado”, enfatizó el juez.

De Santibañes aseguró haber intervenido en Parque Diana a través de la compra a Montford de las acciones del coto de caza por parte de Randall S.A., una empresa “donde confesó tener intereses”, pero según el juez, “no supo precisar las particularidades del crédito que poseía Randall respecto de Montford, ni su procedencia o monto... Quiere decir que quien vive en ese predio no puede explicar cómo se transformó en su propietario”.