El presidente de Astilleros Río Santiago, Julio Urien, le presentará hoy por la mañana al gobernador Felipe Solá el Primer Plan Quinquenal elaborado por la empresa estatal para intentar recomponer la industria naval argentina, desarticulada a partir de las políticas neoliberales implementadas desde mediados de los ’70. El Plan, al que tuvo acceso Página/12, contempla una serie de objetivos y medidas concretas a través de las cuales se busca estar en condiciones de atender la demanda doméstica (especialmente en la industria pesquera, barcazas de la hidrovía y nuevas embarcaciones de transporte de petróleo) y la externa, en este último caso a través de la producción de buques de gran y mediano porte como graneleros y petroleros destinados a los países de la región. El documento fue consensuado con otros astilleros públicos y privados, talleres, empresas naval-partistas, sindicatos y diversos organismos estatales y prevé la generación de 29.200 empleos entre puestos directos e indirectos.

Entre los objetivos incluidos en el plan se destaca la necesidad de reactivar la industria naval incluyendo a todos los proveedores nacionales que componen su cadena de valor, recuperar la capacidad de proyecto de buques e ingeniería naval conexa, garantizar la construcción de cuatro buques petroleros venezolanos de 47 mil toneladas cada uno y cinco Patrulleros Oceánicos de Alta Mar para la Armada Nacional.

Previendo la utilización plena de la capacidad instalada en astilleros Río Santiago, el plan contempla también la producción en forma conjunta con otros astilleros y talleres navales y metalúrgicos del país, los cuales integran actualmente el Grupo de Astilleros Argentinos. Para lograrlo se prevé la conformación de un grupo técnico para coordinar los estándares de trabajos y métodos.

También se destaca el trabajo conjunto, que ya se ha venido realizando, con la Cancillería Argentina y veinte delegaciones del exterior para acceder a las demandas internacionales del mercado naviero. Otra prioridad es la conformación de un Foro de la Industria Naval en el Mercosur para poder estudiar sistemas de reducción de asimetrías entre los astilleros y creación de instrumentos financieros comunes.

Por último, se destaca la necesidad de implementar de manera progresiva las normas ISO 9000, incrementar la capacidad instalada en el Astillero Río Santiago a través de la construcción de gradas y de otro buque flotante y generar las condiciones para que ese astillero forme parte de manera permanente en el Consejo Federal de Pesca y el Consejo Federal Portuario.

Entre la batería de medidas reseñada para cumplir con los objetivos enunciados en el plan se destaca la necesidad de agilizar instrumentos de financiamiento para la industria como el leasing naval, constituir un sistema de garantías ad hoc con la participación del Estado para aquellos armadores que consiguen financiamiento y crear un fondo fiduciario específico para que se constituya en una fuente de financiamiento más barata que el circuito financiero tradicional.

También se propicia la creación de un área de investigación y desarrollo de tecnología naval mediante un acuerdo específico entre el Astilleros Río Santiago, otros astilleros, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y universidades nacionales capaces de proveer y asesorar a los astilleros. Asimismo se destaca la necesidad de colaborar con las universidades en el desarrollo de la formación y perfeccionamiento de los ingenieros que requiere la industria naval. El primer paso en esta dirección se dará en el acto de hoy al oficializar la apertura de la carrera de Ingeniería Naval dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional.

Otra de las medidas propuestas consiste en impulsar una nueva ley de pesca que, además de regular la actividad, contemple la necesidades de fomentar la producción y reparación de embarcaciones, poner en vigencia la Ley del Fondo de Marina Mercante o una ley que cree un fondo para el desarrollo de la industria naval nacional y la Ley de Reserva de Carga.

El Plan de Astilleros Río Santiago busca que se consolide la reactivación incipiente del sector iniciada en los últimos años a partir de las ventajas que otorgó a la producción la modificación de los precios relativos y la derogación del decreto 1772 de 1991, que facilitó la entrada al país de buques extranjeros usados y abrió el juego para que barcos de bandera nacional adoptasen otras banderas para gozar de sus beneficios. Los trabajadores destacan también el apoyo brindado con medidas concretas como la constitución de un fondo de 430 millones de pesos anunciado en julio, destinado a financiar la construcción de 80 buques y barcazas de bandera nacional en los próximos cuatro años por medio de una operatoria de leasing del Banco Nación.