A raíz de la revelación del pasado del diputado justicialista Juan José Alvarez en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) entre los años 1981 y 1984, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al presidente Néstor Kirchner la desclasificación de archivos, el acceso a la nómina de integrantes de la Side durante el período 1974-1983 y el control de la idoneidad de sus actuales integrantes.

También instó al Ejecutivo y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso a que “separen de sus cargos a aquellos miembros que están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura y que continúan en sus funciones” en ese organismo.

En los fundamentos del petitorio, el CELS señaló que “el conocimiento de los funcionarios y miembros de la Side que tuvieron funciones durante la dictadura militar sería un gran avance en el sentido del control efectivo de la población sobre los actos de gobierno”, y destacó que es “una institución perjudicial para el estado de derecho durante la democracia. Ha sido utilizada en forma sistemática por distintos gobiernos en forma ilegítima y ha estado envuelta en los escándalos políticos más graves, además de no ser útil para impedir hechos delictivos que afectaron la seguridad nacional”. Solicitaron también al Estado nacional el impulso de legislación que garantice el acceso a la información y a documentos de inteligencia en causas judiciales y que avale la transparencia en el sistema de utilización de fondos reservados.