“A todos les va a pasar lo mismo: el Turco descansa, no duerme”, escribieron en un mail que llegó ayer a la casilla de correo electrónico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, blanco de una de las ya incontables amenazas de distinta índole que están llegando a quienes tienen algún grado de vinculación con los juicios sobre la represión. La cadena alcanzó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y a nuevos funcionarios judiciales de La Plata. Jueces y fiscales recibieron copia de la carta intimidatoria que desde hace una semana recorre despachos oficiales de todo el país. A pedido de la Justicia, el Correo Argentino respondió que no tiene ningún rastro de los despachantes.

El mensaje que recibió la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense no llegó por correo ni en un sobre cerrado sino a través de la casilla electrónica del portal oficial. Desde una dirección probablemente inubicable en el futuro e identificados como [email protected], los autores del mensaje encabezaron la misiva a nombre de un empleado de la secretaría, testigo clave del juicio oral contra el Julio Simón (a) “El Turco” Julián, realizado en Buenos Aires en forma paralela al juicio del ex comisario Miguel Etchecolatz. “La única justicia es la nuestra”, pusieron en el mail de no más de tres o cuatro líneas de extensión dirigida a la secretaría de Edgardo Binstock.

El mail y su contenido transcendió a primera hora del día a través del gobernador Felipe Solá. Lo mismo sucedió más tarde con la serie de amenazas de tono parecido que fueron recibiendo otros funcionarios de la gobernación y hasta la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. En su caso, el mensaje le llegó mientras estaba en Mendoza. “Es un momento difícil –dijo–, donde estamos luchando codo a codo para mantener la democracia y estamos luchando por una vida que no sabemos dónde está.”

Estas intimidaciones individuales se suman a la serie de mensajes iguales y por carta que empezaron a llegar desde la semana pasada a despachos oficiales de jueces y fiscales. Las cartas enviadas a través del Correo Argentino desde el 22 de septiembre aún son un misterio.

A la lista ya pública y conocida de receptores, ayer se sumaron por lo menos otros cuatro nombres. Dos de ellos son los dos jueces del Tribunal Oral que condenó a Miguel Etchecolatz y que hasta ahora no habían sido amedrentados. Se trata de Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde. Como sucedió en el resto de los casos, ambos tenían como remitente la referencia al supuesto Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo.

Además de ellos, el mensaje llegó al despacho del juez Arnaldo Corazza y del fiscal Sergio Franco, ambos del ámbito federal platense de primera instancia y a cargo de la instrucción de las causas de derechos humanos. Fuera de esos expedientes, Corazza había empezado a seguir de cerca el origen de las amenazas. En los últimos días y tras el envío de los primeros sobres cerrados instó a una investigación sobre la sucursal de Villa Urquiza del Correo Argentino, desde donde salieron la mayor parte de las cartas. Entre ellas, la que le llegó la semana pasada a Carlos Rozansky, el presidente del Tribunal oral que condenó a Etchecolatz y que dio origen a la pesquisa de Corazza.

De acuerdo con la información recogida por Página/12, el Correo concluyó la primera parte de la investigación. En el día de ayer, sus responsables habrían respondido al juzgado por escrito, que no tienen datos sobre los misteriosos escribas. Hasta ahora se suponía que el sobre había salido desde la sucursal de Villa Urquiza, pero aparentemente no fue así: aunque el matasellos parece legítimo, el sobre tiene una estampilla, razón por la cual se presume que lo mandaron desde cualquier buzón de la zona. El dato no es menor: las estampillas garantizan un anonimato que no sólo impide la localización de los autores de los envíos. Permite que las amenazas puedan seguir haciéndose: “Si lo quieren hacer, pueden hacerlo las veces que quieran –explicó una fuente del Correo–, porque para impedirlo habría que poner un policía en cada buzón de la zona y no vamos a hacerlo”.

El lunes próximo y en función de la ola de amenazas sobre los testigos de las causas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación convocó al Congreso Federal de Derechos Humanos que reúne a los organismos y secretarías de todas las provincias para coordinar acciones de contención psíquica y física de testigos con vistas a los próximos juicios. La Procuración General de la Nación también está coordinando tareas con el Ministerio del Interior para definir acciones semejantes. Y a partir de hoy, el jefe de los fiscales Esteban Righi empezará a recibir –según lo previsto– de parte de las fiscalías de todo el país los listados con testigos.