Por la mañana, un grupo de familiares de víctimas de violaciones reclamó frente al Congreso mayor celeridad a los diputados en el tratamiento de la ley que propone crear un banco de datos genéticos para delitos sexuales. Por la tarde, la Comisión de Legislación Penal de Diputados –que escuchó opiniones de especialistas en genética y derecho penal– volvió a postergar una definición sobre el tema, para “tratar de unificar criterios y analizar las dificultades económicas y legales de su implementación”. El debate involucra los cuestionamientos que van desde quiénes manejarán la información, las cuestiones éticas y el riesgo de “estigmatización” de las personas acusadas por este tipo de delitos. Hasta hubo propuestas de armar un banco de datos nacional de ADN cuando todos los ciudadanos deban realizar el cambio de DNI.

Los legisladores escucharon a Carlos Debandi, presidente de la Agencia Córdoba Ciencia, un instituto del gobierno cordobés que ya puso en marcha una prueba de un banco genético provincial; María Belén Rodríguez Cardozo, coordinadora del Banco Nacional de Datos Genéticos; Primorosa Chieri, miembro del International Society of Forensic Genetics; Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica; y Luis Chichizola, fiscal del departamento judicial de San Martín.

La opinión de los especialistas generó más dudas entre los diputados. Chieri argumentó sobre la necesidad de adaptar el “registro de huellas genéticas” a las normas internacionales empleadas por Estados Unidos y los países europeos con un mínimo de 13 marcadores genéticos para que sea compatible con las identificaciones realizadas en otros lugares del mundo, que en América latina sólo tiene en marcha Colombia.

La especialista avaló el banco de datos sólo para temas delictivos e insistió en la necesidad de crearlo “no sólo para condenar culpables sino para resolver la inocencia de personas” condenadas por delitos sexuales que no habrían cometido.

El tema económico tampoco es menor. Debandi planteó que un análisis sanguíneo de ADN, “el más fácil de resolver”, tiene un costo de 300 pesos mientras que uno tomado de una muestra cadavérica supera los 500. Pero aclaró que la participación estatal en un laboratorio cordobés redujo esos costos a 154 pesos.

Chichizola aseguró que “el manejo del banco de datos debe estar en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no del Ministerio de Interior o la policía”.

La polémica incluye “un debate ideológico” sobre la existencia de un banco de datos que abarque a toda la población del país, como argumentaron algunos legisladores que propusieron una extracción compulsiva cuando los ciudadanos deban actualizar el DNI.