Los organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya! reclamaron a las autoridades provinciales tener acceso directo a la investigación de la desaparición de Jorge Julio López. Durante la reunión que mantuvieron el lunes tras la marcha en La Plata, de la que no participó el gobernador Felipe Solá como tampoco el ministro de Seguridad León Arslanian, los representantes de esa agrupación pidieron explicaciones sobre por qué fueron separados sólo 37 policías que aún revistan en la Bonaerense y trabajaron en centros clandestinos de detención durante la dictadura cuando habría 60. Los funcionarios argumentaron que está en juego la “gobernabilidad de la fuerza” y se excusaron de dar detalles.

La cifra de 60 la había mencionado el gobernador Solá en el primer encuentro que mantuvo con los organismos, el viernes 22 de septiembre. Según pudo reconstruir Página/12, ayer les dijeron que tienen que esperar hasta que se prorrogue la emergencia policial porque si no puede haber problemas legales. Y agregaron que, al no haber imputación penal sobre ellos, no podían suministrar la información sobre quiénes eran. Los organismos pusieron especial énfasis en que sean investigados los policías que mencionó López en su testimonio y los procesados en el próximo juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la comisaría quinta de La Plata.

Aquel viernes, la gobernación provincial había emitido un comunicado cuyo segundo punto establecía que los organismos tendrían “toda la información disponible relativa a la búsqueda de López y a la investigación sobre las circunstancias de su desaparición”. Sin embargo, ayer tuvieron que reclamar por el “brusco cambio de actitud del fiscal Marcelo Martini respecto al acceso a la causa”, dado que –sintetizaron– “ahora no nos dicen nada”. Les respondieron que el obstáculo para satisfacer esta demanda tiene que ver con la división de poderes, a lo cual los organismos replicaron que “la gravedad del caso exige del Estado una respuesta única”. En concreto, se quejaron por no haber podido acceder aún al testimonio de las tres personas que dicen haber visto a López caminando por su barrio.

Otro de los puntos del petitorio que dejaron en manos del director general de investigaciones, en función judicial, Roberto Silva, es la separación de los represores encarcelados en Marcos Paz. En tal sentido, les dijeron que eso depende del Ministerio de Justicia de la Nación, pero les anticiparon que hoy podría haber alguna definición. Respecto de la búsqueda, explicaron que el barrido de celulares que están realizando en Los Hornos es similar al que en su momento permitió detectar a los autores del robo al Banco Río. Los organismos querían plantearle a Solá la necesidad de evitar cuestionamientos a López u otros testigos.