El debate era arduo y nada hacía prever que se agotaría sin que la oposición presentara batalla en el recinto. Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados discutía convertir en ley un mecanismo de resolución para los deudores hipotecarios que tomaron préstamos en entidades no bancarias, como escribanías y financieras, para adquirir viviendas familiares de hasta 100.000 pesos. El proyecto oficialista determina que la Justicia no podrá exceder el cálculo de una deuda hipotecaria en dólares más allá de 1,83 peso por cada dólar adeudado por los tomadores del crédito, en caso de que no hubiera acuerdo de las partes. El cálculo surge de la conversión de un dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso más el 30 por ciento de la diferencia entre dicha moneda y la cotización libre del dólar”, y “un interés cuya tasa no podrá ser superior al 2,5 por ciento anual por todo concepto”. El oficialismo kirchnerista fundamentó que la ley tendrá carácter retroactivo y será obligatoria para los jueces. La oposición interpreta que la ley abarcará sólo a un sector ínfimo de los deudores hipotecarios, que todavía no tienen sentencia judicial tras la crisis que puso fin a la ley de convertibilidad.