Por las dudas, y como acostumbrado a los vaivenes políticos, Antonio Cafiero se presentó ante la Justicia federal de Mendoza para pedir la eximición de prisión en una causa por una desaparición forzada de antes de marzo de 1976. El juzgado de Raúl Acosta había pedido su detención y la de la ex presidente María Estela Martínez de Perón –entre otros peronistas estelares– la semana pasada y para convocarlos a una indagatoria. La citación todavía no les llegó, aun así Cafiero prefirió adelantarse con un escrito y tras firmar una caución de 200 mil pesos obtuvo el visto bueno del juzgado para seguir –por ahora– en libertad.

“Nosotros planteamos la eximición de prisión por las versiones periodísticas, pero nunca pudimos ver el expediente”, explicó Píndaro Fernández, abogado de Cafiero. “No tenemos ni la fotocopia de la carátula de la causa porque están trabajando con el secreto de sumario.”

El nombre de Cafiero empezó a dar vueltas en la causa de San Rafael, en Mendoza, hace una semana cuando el juez pidió su detención y la de otros ex miembros del gabinete de Isabel de Martínez. La lista incluyó a la ex presidenta, al ex ministro Carlos Ruckauf, al ex presidente provisional del Senado Italo Luder y al ministro del Interior Angel Federico Robledo ya fallecido, entre otros.

La Justicia convocó a todos en el marco de una causa impulsada por el fiscal federal Maldonado por la desaparición forzada de Héctor Aldo Fagetti Gallego, un periodista mendocino que luego de trabajar en Buenos Aires volvió a su provincia y fue secuestrado el 25 de febrero de 1976. Y como el hombre desapareció antes del golpe del 24 de marzo, el juez consideró a los funcionarios “prima facie” como responsables de la desaparición. A su criterio, el proceso que lo condujo a esa situación se abrió con la firma de los decretos 2770/2771 y 2772 conocidos como de “aniquilamiento” a través de los cuales quedó formado el Consejo de Seguridad Interna y se autorizó a los gobiernos provinciales a poner bajo control de la Nación a las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no tenemos ni idea quién fue la víctima”, dijo Fernández. “No conocemos el contenido del expediente. Ahora, si el juez quiere vincular a Cafiero con la dictadura, se equivoca, porque él fue una víctima. Y me parece que colocarlo en la vereda de los represores no está bien.” La caución le impide a Cafiero salir del país sin autorización del juzgado. “Es una libertad bajo fianza, una excarcelación”, agregó su abogado.

Mientras tanto, los abogados de Isabel Martínez siguen esperando. “No vamos a hacer ninguna presentación porque no hemos recibido ninguna notificación oficial. Por supuesto, causa alivio saber cuál es el criterio del juez respecto de las excarcelaciones”, dijo el abogado Atilio Neira, representante de Isabel.