El Gobierno puso fin a los días de José Luis Salvatierra como interventor del Hospital Francés. Junto con los nombres de quienes regentearán la entidad, presentó en sociedad al comité que asesorará a las nuevas autoridades y en el que se destaca la participación de la interventora en el PAMI, Graciela Ocaña. El plan de salvataje incluye un cronograma de pagos del 70 por ciento de los salarios que se adeudan al personal hasta un tope de 2000 pesos. El comité asesor tiene un plazo de 90 a 120 días de trabajo, aunque se especula que en un mes tendría que tener un diagnóstico afinado sobre la viabilidad del proyecto. Como parte de la propuesta, el Gobierno no descartó la “expropiación” del sanatorio.

En la rueda de prensa en la que presentó la iniciativa, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reclamó que “todos aquellos que estén procesados” por la Justicia “den un paso al costado y nos dejen trabajar”. La mención de Fernández no sólo tomó distancia de la patota que al grito de “es la gloriosa JP” ingresó al Francés el pasado 10 de octubre para agredir a los trabajadores que ocupaban el centro asistencial, sino que también sonó como un tiro por elevación hacia los delegados de la plantilla médica y no médica que fueron incriminados luego de la gresca.

El nuevo interventor, Carlos Castrillón, es jefe de Cirugía Pediátrica de la ex Casa Cuna Pedro de Elizalde y profesional reconocido, no sólo en la gremial médica, sino también en el Consejo de la Facultad de Medicina. Luis Ignacio Brusco, flamante director médico, es presidente de la Asociación de Profesionales del Francés. En círculos oficiales destacaban anoche que Brusco conocía en detalle el funcionamiento del hospital y que no había estado involucrado en el último conflicto.

Las nuevas autoridades estarán acompañadas por un comité asesor que, además de la presencia de Ocaña, tendrá entre sus miembros al titular de la Red Solidaria, Juan Carr, a la periodista Fanny Mandelbaum, al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Alfredo Buzzi, al gerente de la firma automotriz Peugeot, Luis Ureta Sáenz Peña, y a los diputados oficialistas Mercedes Marcó del Pont y Juan Sylvestre Begnis, titular de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

“El Francés ha tenido un prestigio para los habitantes de la ciudad y del área metropolitana que hay que recuperar. Hubo un vaciamiento durante muchos años y los responsables de ello tendrán que dar cuenta ante la Justicia, pero existe el compromiso del Estado nacional de participar en su recuperación”, señaló ayer Ocaña en diálogo con Página/12.

En ámbitos oficiales se afirmaba también que “la idea de la expropiación en ningún caso contemplaba asumir los 250 millones de deuda que tiene contraída la Sociedad Filantrópica que administraba el Francés antes de su quiebra”. El oficialismo también subraya que el 70 por ciento de esa cifra corresponde a deudas que la sociedad mantiene con el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto con la definición de no asumir las deudas de los responsables del actual vaciamiento, el oficialismo destacaba anoche que “el Estado está dispuesto a pasar a su planta a gran parte del personal del Francés”. Esto iba de la mano con el reconocimiento que podría estar faltando personal en sectores especializados, como los de enfermería. Actualmente el centro hospitalario cuenta con 1300 trabajadores, más unos 400 médicos que prestan servicios de manera autónoma facturando por sus servicios. En el oficialismo insisten en señalar que este plan, en el que Ocaña trabajó durante los últimos días, “es una de las pocas salidas que existen”.

Junto con esta propuesta se presentó el compromiso de comenzar a pagar, a partir de la semana próxima, el 70 por ciento de los salarios adeudados. Las siguientes cuotas se cancelarán en diciembre y en enero. En el Gobierno destacaban que no son muchos los profesionales que reciben remuneraciones por encima de los 2000 pesos, cifra fijada como tope en la propuesta oficial.