Con el voto de 160 diputados, la Cámara baja transformó en ley la creación de la autoridad que se encargará del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que compartirán la Nación, la gobernación bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tendrá un consejo consultivo conformado por catorce municipios del conurbano. La Corte Suprema había intimado a los estados y a las empresas a resolver la “extrema gravedad de la contaminación” en el cauce hídrico considerado “el más contaminado del mundo”. La oposición afirmó que la supremacía del ente sobre las jurisdicciones que la componen viola la Constitución nacional y cuestionó que la iniciativa no declara la emergencia ambiental ni sanitaria en la región. Los trabajos se financiarán con la transferencia de fondos del Plan de Gestión Ambiental para la cuenca, creado en 1995 y que regenteaba María Julia Alsogaray.

El ente será presidido por la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, y tendrá otros siete integrantes: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por la provincia de Buenos Aires y otros dos por la ciudad, aunque la creación de la nueva autoridad sobre la cuenca Matanza-Riachuelo deberá ser refrendada por ambas legislaturas locales. También contará con un Consejo –de carácter consultivo– que aglutinará a todos los municipios del conurbano que bordean la cuenca hídrica.

Los miembros informantes fueron el oficialista chubutense Eduardo De Bernardi y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el kirchnerista Miguel Bonasso. Ambos recurrieron a los fundamentos del proyecto girado por el Gobierno, que sostiene la necesidad de “solucionar la histórica contaminación de extrema gravedad” sobre la cuenca que desemboca en el Río de la Plata. Bonasso mencionó la sugerencia e intimación que surgió del fallo de la Corte.

La UCR, el PRO y el justicialismo nacional cuestionaron aspectos del proyecto, pero terminaron por respaldar la propuesta con su voto. El macrista porteño Cristian Ritondo repasó otros proyectos similares sobre el saneamiento de la cuenca cuyo tratamiento no prosperó “ni siquiera en las comisiones” parlamentarias. Su jefe de bancada, Federico Pinedo, se preocupó en mencionar que uno de los autores de esas iniciativas es “el diputado Mauricio Macri”, ausente en la sesión.

Quienes cuestionaron la propuesta oficial y plantearon su propio proyecto fueron los legisladores del ARI. “Las autoridades y los funcionarios van a cambiarse, pero los habitantes de la cuenca van a seguir viviendo en la zona”, afirmó Marta Maffei para cuestionar la falta de inclusión de las ONG. El tema quedará en manos de la presidencia de la cuenca que, según Maffei, “tendrá una concentración de poder tal que sólo comunicará al resto de sus componentes las resoluciones que tome”.

El ARI también cuestionó la “inconstitucionalidad” que representa la supremacía jurisdiccional que el ente tendrá sobre las autoridades regionales, porque las provincias tienen adjudicadas por la Constitución los derechos sobre sus recursos naturales. Según Maffei, eso “le dará argumentos jurídicos a las empresas que contaminan” la región.

Claudio Lozano (CTA) cuestionó que el proyecto oficial no declare “las emergencias ambiental y sanitaria” en la cuenca. El ex zamorista Carlos Tinnerello fue mucho más duro con las atribuciones que tendrá Picolotti y que asoció a las que en algún momento tuvo María Julia Alsogaray: “El principal contaminador es el polo petroquímico de Dock Sud y no creo que el Gobierno vaya contra los intereses de las petroleras”.

El proyecto también adjudicó al ente una fuente de financiamiento, que surgirá del traspaso del fondo creado por decreto de Carlos Menem y que concedió a Alsogaray el manejo de los recursos económicos que prometían sanear en mil días el Riachuelo. Ahora, Picolotti tendrá una nueva oportunidad.