Para la Justicia, el gremialista camionero Emilio “Madonna” Quiroz no intentó matar a nadie cuando se puso a disparar a mansalva el 17 de octubre pasado, durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente, sino que cometió “abuso de arma, intimidación pública y portación de arma de guerra”. El cambio en la calificación del delito fue decidido por el juez de garantías César Melazo, que investiga los hechos, al dictarle la prisión preventiva. Esto implica que, si bien la situación de Quiroz se ve aliviada con la modificación que hizo el magistrado, deberá seguir detenido hasta que se lleve a cabo el juicio oral. Sin embargo, su abogado, el ex juez Daniel Llermanos, vaticinó que “saldrá en libertad” porque el delito que ahora se le imputa es excarcelable.

“Hoy fue un día de alivio para Quiroz”, exclamó el letrado al tomar conocimiento de las novedades del expediente. Según el abogado, “al suprimirse la imputación de tentativa de homicidio y quedar en pie la de abuso de armas, la situación se torna excarcelable y lo esperable es que la Cámara de Apelaciones lo deje en libertad”.

La fiscal Leyla Aguilar contradijo el enfoque defensista. “La portación de arma de guerra no es excarcelable, pero además el juez no hizo lugar al pedido de la defensa de aplicar medidas de morigeración de la detención”, explicó la funcionaria judicial. A su vez, remarcó que al rechazar estas medidas, “el juez consideró que Quiroz presentaba peligro de frustrar la acción de la justicia”.

El gremialista permanece detenido en la comisaría 1ª de La Plata desde el 18 de octubre, cuando se entregó voluntariamente a la Justicia, que ya había ordenado su captura a partir de las imágenes captadas por Canal 13 que lo mostraban disparando una pistola en medio de una multitud. La decisión de Melazo llegó luego de la audiencia técnica que mantuvo el juez con la defensa y la fiscalía. Según el planteo de los abogados de Quiroz, Daniel Llermanos y Humberto Pastor, su defendido actuó en legítima defensa para evitar un mal mayor y no tuvo intenciones de matar al hacer uso de su arma. La fiscal Leyla Aguilar, quien había solicitado la prisión preventiva, sostuvo en cambio que el accionar del delegado camionero puede encuadrarse como “tentativa de homicidio, intimidación pública, daño calificado y portación de arma de guerra”. Para la fiscal, el gremialista cometió esos delitos al efectuar varios disparos con una pistola Bersa 9 milímetros, cuando sectores de al menos dos gremios se enfrentaron a piedrazos y palos en el traslado de los restos del ex presidente Perón. Sin embargo, para Llermanos el dirigente sindical efectuó los disparos “en defensa de terceros que eran agredidos por otros sindicalistas” y presentó pruebas que acreditaron, según su criterio, que su defendido “no intentó matar a nadie y por eso los disparos impactaron todos en el paredón del ingreso a la quinta”.

La Sala III de la Cámara Penal platense ya le había negado la excarcelación a Quiroz, por entender entonces que resultaba incompatible con la imputación que pesaba sobre él. Las fuentes judiciales consultadas adelantaron la posibilidad de que ahora Quiroz sea trasladado a alguna unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a la espera del juicio oral. La figura que lo mantiene preso es la de “portación ilegal”, porque el acusado tenía permiso de tenencia de esa arma pero no para su portación, según acreditó un informe del Registro Nacional de Armas.