Cada frase contra la mano dura pareció estar dirigida al ingeniero Juan Carlos Blumberg, mentado varias veces en la presentación del programa “Seguridad = Ciudadanía e Integración” del gobierno bonaerense, que presentó un acta de compromiso a la que adhirieron organizaciones sociales, sindicales, religiosas, educativas, académicas y de derechos humanos. “El programa es la búsqueda de consenso transversal para sepultar debates acerca de si la edad de imputabilidad tiene que ser de 14 años o sobre la encarcelación preventiva”, señaló el secretario de Seguridad bonaerense, León Arslanian, que presentó el documento junto con el gobernador Felipe Solá, en la Facultad de Derecho de la UBA.

Uno a uno fueron desfilando los representantes de los distintos sectores que suscribieron el documento, que plantea que “la solución no es más cárcel y más pena sino más eficacia por parte del Estado en seguridad y en la ejecución de políticas públicas que operen sobre las causas de la exclusión y la desigualdad social”. “La inseguridad es fruto de la opresión por parte de los sectores económicos”, consideró el secretario gremial de la CTA bonaerense, Hugo Velazco, tras el moderado discurso de José María Idalgo, por parte de los empresarios.

–¡¡No queremos que se siga con la teoría de Blumberg de que nuestros pibes tienen que estar en la cárcel o los tengan que matar!! –lanzó la ex secretaria general de Ctera, Mary Sánchez, y actual directora de políticas sociales educativas del gobierno bonaerense.

“La aplicación de la mano dura es responsabilidad de la muerte de miles de jóvenes”, coincidió Raquel Witis, de las Madres del Dolor. En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, les recordó la aprobación de las leyes Blumberg por parte del oficialismo: “No hace mucho tiempo, ante presiones para endurecer las penas, funcionarios evitaron acciones que los ubicaran como obstáculos. De esta forma, acompañaban acciones represivas”, sostuvo el director del CELS, quien recordó diez casos de gatillo fácil en la provincia e interpretó que “el poder ejecutivo de la provincia no puede desentenderse” ni de las ejecuciones por parte de la Policía ni de la situación carcelaria. También pidió al gobierno que “no continúe promocionando jueces contrarios de los derechos de las personas privadas de la libertad”. Se refería a la candidatura avalada por Solá y el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, del juez de San Nicolás Eduardo Alomar, que fue impugnado por el CELS por rechazar hábeas corpus de presos que denunciaron torturas con picana, entre otros casos.

Arslanian le respondió a Chillier que el gobierno provincial “no consiente” los casos de gatillo fácil y que todos los policías que cometieron ejecuciones “fueron separados de la fuerza”. El secretario de Seguridad lamentó las “discusiones públicas con personas que lamentablemente no tienen la calidad de formación”, en alusión a Blumberg. “La solución no es construir cárceles y más cárceles ni incrementar los poderes policiales”, señaló Arslanian, quien propuso identificar “los problemas más acuciantes de los sectores excluidos” y elaborar un plan nacional para “recuperar a los que viven en la exclusión”.

Estaba prevista la participación de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente no concurrió. Solá escuchó todos los discursos, saludó y se retiró sin hablar, mientras Arslanian leía el documento. Entre sus puntos, el texto incluye severas críticas a las propuestas de mano dura de Blumberg:

u “Debe ser erradicada la falsa premisa instalada en nuestra sociedad de que se es exitoso en la lucha contra el delito si se incrementan las penas y se encarcela a los niños de la calle”.

u Es obligación del Estado “erradicar toda forma de violencia institucional, particularmente policial y, en especial, respecto de los sectores más excluidos, como pueden serlo las detenciones indiscriminadas, los malos tratos en las comisarías”.