La ola de amenazas a testigos, jueces y militantes de organizaciones sociales tras la desaparición de Jorge Julio López puso en alerta a los organismos de derechos humanos. Ayer se juntaron en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para sacar cuentas: “¿Dos condenas cada diez meses? –se preguntó la abogada Liliana Fontán en referencia a los fallos contra los represores Julio Simón Julián y Miguel Etchecolatz–. Esto es lo que da paso a las campañas intimidatorias.” Sólo una aceleración de los tiempos judiciales, destacaron durante la reunión, garantizaría la seguridad de los testigos, querellantes, fiscales, jueces y abogados. Para lograr esto, los organismos exigieron al Poder Ejecutivo y al Judicial más recursos para las investigaciones sobre los crímenes de la última dictadura. A modo simbólico, decidieron que el slogan de la campaña sea “¡100 sentencias ya!”.

“Esta justicia no le funciona a nadie”, sentenció Julio Morresi, padre de un militante asesinado durante la dictadura. Detrás suyo, un cartel resumía el contexto enrarecido que viven las asociaciones de derechos humanos: “Todos somos testigos”. La preocupación central, admitieron los organizadores de la conferencia, es la magnitud y la sistematización de las amenazas ante los juicios que se avecinan. “Antes sólo eran los jerarcas, ahora les llegó el momento a los represores”, advirtió Morresi. “También aparece gente de una falsedad espantosa como la de Memoria Completa, apoyando lo que hicieron los militares”, completó Carlos Grela, de Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

“Fueron intimidados chicos de no más de 15, 16 años, militantes de centros estudiantiles. A veces aparecen policías de civil, los interceptan cuando van a una marcha y los aprietan. Y encima sus padres los retan por militar”, relató Alicia Hebrón de la APDH. El tema preocupa, y mucho, a los organizadores, que incluyeron la recomposición social de los lazos solidarios y la toma de conciencia sobre la importancia de estos temas.

Mañana, en la sede de la APDH (Callao 569), habrá una jornada de intercambio informativo y relevamiento a la que adhieren Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Servicio Paz y Justicia (Serpaj), entre otros organismos. Allí, representantes del Estado expondrán la situación de las megacausas, la disponibilidad de recursos de la Justicia y los sistemas de protección a testigos. Y los abogados del interior darán un panorama sobre las investigaciones en las provincias. Los agrupaciones que participan de la campaña ya comenzaron a gestionar una reunión con el presidente Néstor Kirchner para comentarle la situación.

“Necesitamos una nueva estructura judicial”, fue la reflexión conjunta. El próximo 15 de diciembre, los querellantes de todo el país se reunirán para discutir este tema por iniciativa de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. El plan es trabajar sobre varias estrategias, como la unificación de causas y el intercambio de información sobre el estado de los juicios a nivel nacional. “La idea es sumar”, concluyeron.

Informe: Emilio Ruchansky.