La provincia de Buenos Aires volvió a movilizar todo su aparato de seguridad, esta vez detrás del puñado de pistas que dejó la desaparición de Luis Gerez. Grupos de Caballería, Infantería, la División Canes de La Matanza, la Brigada Aérea y la Departamental de Investigaciones de Zárate-Campana rastrillaron los cinco kilómetros cuadrados del barrio Lambertuchi de Escobar, desde donde desapareció el testigo clave de una de las causas sobre el comisario Luis Abelardo Patti. La causa fue caratulada como “búsqueda de paradero” y está en manos de la Justicia y policía de la provincia, aunque hubo organismos de derechos humanos que pidieron que se aparte y que intervengan la Gendarmería y la Policía Federal. Lo mismo sucede con la competencia en el caso. Por el antecedente de Julio López, dicen que la causa debería pasar a la Justicia Federal. El gobierno nacional lanzó un megaoperativo de búsqueda junto con el bonaerense.

La investigación del caso Gerez aparentemente todavía no está encaminada. Durante las primeras horas quedó en manos de la fiscalía primera de Escobar, un ámbito recién creado, con muy poca experiencia y a cargo de Andrea Palacios. Por la evidente gravedad del caso, desde el comienzo la fiscal general de Zárate-Campana sigue los operativos de cerca y convocó a sus fiscales regionales para que se mantuvieran en estado de alerta.

La causa, que aún instruye la justicia ordinaria está caratulada como pedido de paradero, una situación similar a la que atravesó el caso de Julio López durante los primeros tres meses de su desaparición. En relación con la causa sobre el testigo del juicio al represor Miguel Etchecolatz la Corte Suprema finalmente dijo que se debía investigar como una desaparición forzada.

Página/12 pudo saber que ante la desaparición de Gerez los investigadores de la Procuración bonaerense buscaron los fundamentos del fallo de la Corte para saber si la causa estaba en condiciones de pasar a la Justicia Federal. Un inconveniente con el portal web de la Corte y un resquemor en la fiscalía de Zárate-Campana para trabajar con el caso fueron dos factores que de momento frenaron el traspaso. Algunos organismos de derechos humanos creen que el traslado a la órbita federal daría mejores condiciones de investigación y seguridad.

Por el despacho de la fiscal Palacios ayer pasaron Mirta, la esposa de Gerez; Julia, su madre; José, su hermano, y sus hijos. También pasaron los amigos que ayer dieron una conferencia de prensa (ver aparte) y algunos vecinos del barrio.

Cuando desapareció, Gerez estaba en la casa de un viejo amigo, Jorge Altamirano, con otros conocidos. Alrededor de las ocho de la noche dejó la casa para ir a una carnicería ubicada a una cuadra y media del lugar para comprar carne para hacer un “asado al disco”. En la puerta de la casa había dejado su auto, un Dogde celeste, y adentro su celular. Según los datos recogidos por este diario, al menos un testigo externo a sus amigos confirmó la presencia de Gerez en la casa. Y la Justicia anoche no había determinado si la desaparición fue antes de llegar a la carnicería o después.

Gerez había declarado dos veces contra el ex subcomisario Patti. Tuvo cuatro amenazas y no había pedido custodia. El Centro de Protección de los Derechos a las Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto Linares, asiste a la familia, incluida desde las primeras horas de la desaparición entre los beneficiarios.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de zona norte se presentará como querellante en la causa. Uno de sus integrantes declaró en la causa como testigo y también sufrió amenazas como Gerez. En ese contexto, la entidad pidió la calificación de desaparición forzada y la intervención de Gendarmería Nacional y Policía Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires. “No es un prejuzgamiento, pero creemos que no es conveniente que investigue la policía provincial, porque Patti todavía posee parte del poder político de cuando la policía estaba a su disposición”, dijo Ana Chávez.