Las demoras de la Cámara de Casación son un grave problema para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Pero no son las únicas. Muchos retardos, como lo señalaron los abogados de los organismos de derechos humanos, se deben a fallas o problemas estructurales de la Justicia (ver nota central). La desaparición de Jorge Julio López, el secuestro de Luis Gerez y las amenazas a testigos, jueces y fiscales hicieron que se pusiera la lupa en la forma de hacer que no se reiteren innecesariamente las citaciones a los testigos y en la posibilidad de agrupar causas sin que eso signifique otro retardo adicional en la realización de los juicios orales. Desde el CELS se reclama, por ejemplo, que se cubran las vacantes que hay en todo el país de los juzgados federales que tienen a cargo causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Y que las víctimas sean citadas en la instancia oral y se utilicen, por ejemplo, los testimonios que ya hay en Conadep o en otros expedientes, en el período de instrucción.