La nota “Como la mujer del César”, firmada por Mario Wainfeld y publicada en este diario el último 12 de febrero, merece reflexiones más extensas que las que siguen. Sin embargo, para ajustarnos al espacio disponible, iremos al grano.

Lo primero que llama la atención es que el Sr. Wainfeld escriba una nota de opinión sin decir cuál es la suya y que, en cambio, la base en las inquietudes de anónimas aunque –según él– calificadísimas fuentes. A esas fuentes, entonces, nos dirigimos.

Parece ser que los funcionarios a quienes consultó el Sr. Wainfeld están preocupados por “consolidar la reputación del Poder Judicial” y por preservar su “credibilidad y seriedad”. ¿Saben esos funcionarios cuántos jueces y fiscales hay de la época de la dictadura? ¿O que el fiscal que representó al Estado en el juicio contra el Turco Julián está denunciado por presenciar torturas durante el terrorismo de Estado y que el sumario que se le abrió a partir de nuestras denuncias lleva casi dos años de trámite?

Dicen que hay propuestas “para mejorar el desempeño del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz”, precisamente el único que reconoció la existencia de un genocidio en nuestro país. Les preguntamos si hay propuestas para “mejorar” el desempeño del Tribunal que condenó al Turco Julián y que en su sentencia reivindicó la “teoría de los dos demonios”; o el del juez Torres, a cargo de la causa ESMA; o para “mejorar” el desarrollo de la causa San Martín. Esas propuestas parecen no alcanzar a los juicios que tramitan en el interior del país, prácticamente paralizados, o a la Cámara de Casación que cajonea por años los expedientes que le llegan.

Se quejan de que en los juicios orales, “la defensa ocupa un pequeño espacio, el acusado y un abogado, a menudo el defensor oficial. Por el lado acusador hay, literalmente, docenas de abogados. El efecto visual sugiere una asimetría, falta de equidad”. Tan preocupados por las apariencias parecen no notar que la asimetría es, efectivamente, la de unos pocos genocidas contra todo un pueblo que fue sometido al terrorismo de Estado. Existe porque en nuestro país hay 30.000 desaparecidos. Y lo que llaman falta de equidad se llama derecho a decidir cómo queremos llevar adelante nuestras querellas, decisión que nadie debe tomar por nosotros.

Dicen que “la sentencia contra Etchecolatz que innovó con el delito de ‘genocidio’, no tipificado en la legislación penal argentina, eriza la piel a abogados de sólida formación (que) cuestionan esa ‘creatividad’”. ¿Les preguntamos si también les erizó la piel la “creatividad” de la Corte Suprema cuando en el fallo que declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, entendió que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad podía aplicarse retroactivamente? ¿O cuando “innovó” considerando que uno de esos delitos imprescriptibles, la desaparición forzada de personas, podía ser utilizado aunque no estuviera tipificado en nuestra legislación? ¿O cuando varias veces cataloga el genocidio como crimen de lesa humanidad y establece que, más allá “de aspectos tales como la tipicidad y la prescriptibilidad”, el Estado nacional tiene el deber de castigarlo “por su incorporación a un sistema internacional que considera imprescindible el castigo de esas conductas como así también la protección de las víctimas frente a disposiciones de orden interno, que eviten la condigna persecución de sus autores”?

Enojados por los reclamos al presidente Kirchner aseguran que “está consolidada la voluntad política de juzgar a los represores”. Parecen olvidar que de la voluntad política del Presidente depende, por ejemplo, que la Secretaría de DD.HH. juegue el rol que le corresponde, que sean nombrados los jueces para ocupar los cargos vacantes, que se inicie juicio político a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura, que estas causas tengan el personal y la infraestructura que necesitan, que el procurador instruya a los fiscales para que eviten su desmembramiento, que se anulen los decretos con que Menem indultó a los genocidas. Lo que sí está consolidado es el discurso de que existe voluntad política de juzgar a los represores, pero, como dice el proverbio, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Queremos que el país por el que lucharon los 30.000 desaparecidos se haga realidad, que el genocidio que sufrió nuestro pueblo sea castigado, queremos terminar con la impunidad.

Y eso, señores tan preocupados por las asimetrías, las equidades y las apariencias, recién será realidad el día que en nuestro país haya justicia, en vez de parecer que la hay.

* Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.