El asesinato en Neuquén del profesor Carlos Alberto Fuentealba por un policía que ya había sido condenado dos veces por apremios a detenidos ensombrece la escena política, en pleno proceso de discusión salarial y a seis meses de las elecciones presidenciales, y demuestra la pertinencia de un debate cultural que la sociedad es renuente a enfrentar en términos conceptuales, aunque no haya perdido sus reflejos ante la barbarie. Sólo el empresario Juan Blumberg se atrevió a responsabilizar a los manifestantes por cortar la ruta, tal como hizo cuando descalificó al adolescente Sebastián Bordón, asesinado por la policía de Mendoza. Cual patético Maxwell Smart, también el gobernador Jorge Sobisch postula la antinomia Kaos vs. Control como eje ordenador de la realidad. La conmoción por el crimen fue suficiente para producir un acercamiento entre las dos centrales sindicales que compiten por la representación de los trabajadores, las que coincidieron en una declaración conjunta de repudio y en un paro de actividades para mañana. No alcanzó en cambio para llamar a sosiego a las fuerzas políticas que, a derecha e izquierda, procuraron endilgar la muerte de Fuentealba al gobierno nacional, pese a su evidente falta de afinidad e incluso de diálogo con el gobernador Jorge Sobisch. El gobierno, por su parte, no se hizo cargo de la situación en Santa Cruz, donde la Gendarmería sigue acampando en las escuelas para impedir ocupaciones y actividades de fin de semana de los docentes. Esto le impidió ser más contundente en la condena a Sobisch.

El mayor de los gremios docentes está enrolado en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), cuyo secretario general, Hugo Yasky, es también el principal dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Pero otras organizaciones menores de docentes están afiliadas a la Confederación General del Trabajo (CGT). El sindicato provincial docente neuquino tiene una línea próxima a la de la conducción nacional, pero la filial capital intenta desbordar a unos y otros por izquierda. Después de un mes de conflicto la mitad del gremio estaba dispuesta a aceptar el ofrecimiento salarial de la provincia. Su rechazo se decidió por apenas dos votos de diferencia en una asamblea general dividida en partes casi iguales. No sólo Sobisch escaló el enfrentamiento sin medir las consecuencias. El jueves Yasky participó en un encuentro con representantes de organismos defensores de los derechos humanos, en el que convocaron a la movilización de mañana a las 11 en el Obelisco. Con acuerdo de los organismos, Yasky planteó que el respeto por la vida de los trabajadores era un límite infranqueable para su central. Así fue establecido durante la extensa gestión de su predecesor, el líder de los trabajadores del Estado, Víctor De Gennaro. Luego de la conferencia de prensa, Yasky y De Gennaro convinieron en la utilidad de una acción conjunta con la CGT. Yasky se comunicó con su secretario general y Hugo Moyano aceptó sin dilaciones. Esa misma tarde acordaron la conferencia de prensa y la declaración conjunta del viernes. Desde los tiempos del menemismo, cuando Moyano conducía una línea interna opositora a la conducción de la CGT, no se producía esta coincidencia. “Estamos en plena negociación salarial y no podemos permitir que por cada conflicto nos maten un compañero”, lo fundamentó Moyano.

Una década a la intemperie

Los cortes de rutas comenzaron a mediados de la década anterior, cuando las reformas económicas impulsadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo produjeron un aumento vertical de la desocupación, que desde 1993 fue de dos dígitos. La represión violenta de los cortes provocó la muerte de Teresa Rodríguez, también en Neuquén, en la Semana Santa de 1997. Ese mismo año, la maestra Marina Schifrin fue detenida por manifestar en una ruta de Río Negro y condenada a tres meses de prisión. En diciembre de 2001 la represión a las movilizaciones en contra del bloqueo de los depósitos bancarios y de la declaración del estado de sitio causó 31 muertes en todo el país y aceleró la renuncia de Fernando de la Rúa, quien aún está sometido a la instrucción de un proceso judicial por su responsabilidad en aquellas jornadas. El senador Eduardo Duhalde ordenó escarmentar a los piqueteros y el 26 de junio de 2002 policías bonaerenses asesinaron en la estación Avellaneda a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, quienes habían participado en un corte del puente Pueyrredón. Al mes siguiente, el provocador juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Alfredo Bisordi, de acuerdo con un dictamen del fiscal de Bella Vista Juan Romero, ambos declarados nostálgicos de los buenos viejos tiempos castrenses, confirmó la condena a la maestra Schifrin. Uno de los tramos de la sentencia, que también firmó la camarista Liliana Catucci, sostiene que la única expresión legítima de la voluntad popular es el sufragio, mientras que “reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lockouts u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc., no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso”. Según esta justificación del uso de la violencia estatal contra cualquier expresión popular pacífica distinta del sufragio, la maestra habría atentado contra “la organización social y política” del país. El voto en disidencia del camarista Juan Rodríguez Basavilbaso, quien nunca fue acusado de ideas progresistas, citó un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1939, (“Hague v. CIO”, 307 US 496) que defendió los derechos de reunión y de expresión alegando que el uso de las calles y las plazas por los ciudadanos con fines de reunión, comunicación y discusión de cuestiones de interés público integra desde siempre sus derechos, privilegios, inmunidades y libertades. Bajo la excusa de regulación, “no puede ser restringido o denegado”. Podría haber agregado también la reflexión de otro juez de la Corte estadounidense, William Brennan, quien escribió que los métodos convencionales de petición a los funcionarios suelen ser inaccesibles para aquellos grandes grupos de ciudadanos que “no controlan la televisión o la radio”, ni tienen “la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los periódicos”. Este dato debía ser tenido muy en cuenta por la Justicia a la hora de fundar sus decisiones, dijo Brennan, en defensa de un grupo de manifestantes acusados, igual que Marina Schifrin y Carlos Fuentealba, de bloquear el tránsito de vehículos en o hacia lugares turísticos.

Breve historia

Los dos candidatos presidenciales que en octubre intentarán desplazar al kirchnerismo han acusado al gobierno y a su ministro de Educación, Daniel Filmus, por el conflicto docente. Para Elisa Carrió el problema es “un ministro en campaña y la docencia abandonada”, consecuencia de “la mentira de Kirchner”. Según Roberto Lavagna la cuestión se originó en una “medida puramente electoralista”: el aumento del salario docente sin consultar a las provincias. Los refutó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo: “Nuestro empleador es el gobierno provincial. Esto no se resuelve en el ámbito nacional”. Hace diez años, los docentes instalaron la carpa blanca frente al Congreso. Menem creó un impuesto de asignación específica que debían pagar los propietarios de vehículos. CTERA lo rechazó porque implicaba un enfrentamiento con la clase media. El gobierno de la Alianza obtuvo el levantamiento de la carpa con una ley de incentivo docente: la Nación ayudaría a las provincias con fondos del presupuesto nacional, de 60 pesos mensuales por docente. Cada provincia pagaba un salario distinto, según fueran sus recursos, tal como ocurre en el resto de los países de la región. Formosa tenía la remuneración docente más baja, Capital estaba en la mitad de la tabla, que encabezaban Neuquén y Santa Cruz. Pero con el argumento de que los maestros y profesores son muchos y que su horario de trabajo es corto, siempre quedaban cerca del piso salarial de cada provincia. En 2005, el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo creó un fondo compensador de desigualdades salariales, y estableció en 840 pesos mensuales el salario mínimo inicial de la carrera docente. De ese piso se encargó la Nación, con transferencias a las diez provincias que no podían pagarlo. Esto creó una situación de paritaria en cascada, como ocurre en España y otros países avanzados: su primera etapa es la fijación de un piso nacional digno, la segunda el salario básico en cada provincia. La importancia del salario básico es que se usa para calcular el ingreso de los jubilados y el porcentaje de adicionales por antigüedad (que llega al 120 por ciento a los veinte años), por zona desfavorable y por cargos jerárquicos. Por eso muchas provincias congelaron el básico en niveles irrisorios. El aumento del sueldo mínimo a 1040 pesos anunciado por Filmus no afectó a Santa Cruz, donde se paga el doble ni a Neuquén, que casi llega al triple. Que los principales conflictos hayan estallado en esos emiratos petroleros y en el de Salta (cuyo gobernador pidió a la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de la Ley de Financiamiento Educativo) indica que el problema tiene un componente político. El año pasado, la policía de Sobisch arrastró una carpa y a los maestros que la habían puesto en señal de protesta. Sobisch y Juan Carlos Romero, igual que Néstor Kirchner durante sus años de gobernador, no incrementaron los básicos, para desgastar a un gremio de tradición combativa como es el de los docentes. Los gobernadores de Neuquén y Salta no tienen contradicciones. Kirchner, en cambio, reivindica desde la Nación una política que no se aplica en su provincia. Al asumir la gobernación, con un alto déficit, promulgó una ley de emergencia que suspendió las paritarias, de modo que el gobierno fijara por decreto el salario de los empleados públicos. Tres lustros después y pasada la emergencia, el decreto sigue en vigencia. El salario básico docente, que apenas llega a 160 pesos mensuales, es el más bajo del país. El llamado premio por presentismo es de 250 pesos, de modo que ante un paro el descuento puede llegar a mil pesos. Quienes tienen dos cargos cobran el sueldo completo por uno y sólo 2/3 por el otro. Ante la negativa del gobierno provincial a cualquier negociación, los maestros de Santa Cruz decidieron hacer festivales en las escuelas los fines de semana. La respuesta fue la ocupación de sus edificios por fuerzas de la Gendarmería, que no se desplazan sin orden del gobierno nacional. Durante años la seccional local docente estuvo controlada por el Partido Obrero, que la perdió en las últimas elecciones. Desde entonces su conducción es afín a la UCR, próxima al intendente de Río Gallegos Héctor Roquel, quien aspira a la reelección y ha puesto locales municipales a disposición de los docentes que no pueden ingresar a las escuelas.

Control sin armas

La cuestión se planteó desde el comienzo del actual gobierno. En junio de 2003, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, propuso suprimir del Código Penal el artículo 194 que amenaza hasta con dos años de cárcel a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra”. Pero el secretario de Seguridad, Norberto Quantin, objetó su constitucionalidad alegando que el Estado está obligado a garantizar la libre circulación. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, laudó en favor de Quantin. Durante el año siguiente ambas posiciones negociaron una conciliación pragmática: el Código Penal no se modificó pero las autoridades privilegiaron la negociación política con las distintas organizaciones de manifestantes. En julio de 2004, manifestantes que se oponían al endurecimiento del Código de Convivencia Urbana asediaron la Legislatura de la Capital. Quantin y el jefe de gobierno Aníbal Ibarra reclamaron que se enviaran fuerzas a reprimir, pero Kirchner se negó y ordenó que la sesión siguiente fuera garantizada con un operativo de prevención, a cargo de policías sin armas dispuestos entre dos vallados. El jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados, lo objetó, y obtuvo el respaldo de Quantin. Kirchner relevó a ambos y también a Beliz, que intentó defenderlos. Sus propias contradicciones, expresadas en la situación de Santa Cruz, le impiden ahora capitalizar en toda la regla esta decisión que fue una de las más importantes de su gestión por el profundo cambio cultural que implica y que le valió la crítica concertada de toda la oposición política y de los principales medios de comunicación.